La Policía cita como imputado a un abogado por la grabación de la declaración de la infanta

La infanta abandona los juzgados
La infanta abandona los juzgados |Telemadrid

La Policía Nacional ha citado a declarar el miércoles como imputado al abogado Francisco José Carvajal, en el marco de la investigación de la grabación oculta en vídeo de la declaración de la infanta Cristina en los juzgados de Palma el pasado 8 de febrero pese a la prohibición expresa del juez.

La citación del letrado ha sido confirmada por fuentes policiales y forma parte de la investigación que inició la Policía al día siguiente de la comparecencia judicial de la infanta Cristina, tras la publicación en el periódico El Mundo de una fotografía del interior de la sala donde prestó declaración.

Esta investigación corre a cargo del juez de instrucción número 11 de Palma, Manuel Penalva, que ordenó que se tomara declaración a varios funcionarios y letrados que asistieron a la comparecencia de la infanta y requirió además a la empresa Wouzee, propietaria de la plataforma donde se colgó la grabación, que aportara los datos que tuviera de quién subió el vídeo a internet.

La Policía ha elaborado un croquis detallado de la sala donde se produjo la declaración judicial, con la ubicación que ocupaba cada una de las alrededor de cuarenta personas que asistieron a la misma, a partir del interrogatorio realizado a los abogados y funcionarios sobre el lugar que ocupaban.

Los agentes también han analizado la información facilitada por Wouzee sobre la dirección IP del dispositivo a través del cual se colgó en la red el vídeo y el correo electrónico desde el que se dio de alta en la plataforma virtual el usuario "infanta" que es quien colgó la grabación.

Además han estudiando el vídeo, que fue invertido respecto a la disposición real de la sala, así como otras posibles alteraciones realizadas en el mismo.

Las primeras pesquisas apuntaban hacia dos letrados que asistieron a la declaración del día 8 y que nunca antes habían tomado parte en actuaciones del caso Nóos.