La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita sendas penas de 75 años de cárcel para el ex jefe militar de ETA Javier García Gaztelu, 'Txapote', y los también terroristas Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, que serán juzgados por asesinar a dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca) el 20 de agosto de 2000.
En su escrito provisonal de conclusiones, el fiscal Miguel Ángel Carballo imputa a 'Txapote', por entonces jefe de los 'comandos' de la banda terrorista, la orden de cometer el atentado, que fue ejecutado por los otros dos acusados en compañía de José Ignacio Guridi Lasa, ya condenado por estos hechos.
Según el fiscal, 'Txapote' facilitó a Guridi Lasa la inforamción sobre el cuartel de la Guardia Civil de Sallent de Gállego y le ordenó que, junto a los otros miembros del 'comando', colocara una bomba-lapa en los bajos de uno de sus vehículos aprovechando que se aparcaban en la vía pública por falta de espacio.
Tras haber visitado la localidad a mediados de agosto de 2000, Aguirrebarrena facilitó a Guridi Lasa los explosivos que le había facilitado 'Txapote' en Francia. El segundo elaboró una bomba-lapa en una cuadra de cabras que su familia poseía en la localidad guipuzcoana de Zizurkil que éste mismo colocó el 19 de agosto de 2000 en los bajos de un Nissan Patrol de la Benemérita que se encontraba aparcado en la plaza Valle de Tena de la localidad.
DOS AGENTES FALLECIDOS
A las seis de la mañana del día siguiente explotó el artefacto, que estaba provisto de un temporizador, un dispositivo antimovimiento y tres kilos de dinamita-goma. Como resultado de la explosión falleció en el acto la agente de la Guardia Civil Irene Fernández Perera y resultó herido muy grave su compañero José Ángel de Jesús Encinas, que falleció unas horas más tarde en el Hospital San Jorge de Huesca.
Por estos hechos el fiscal imputa a los acusados dos delitos de asesinato terrorista castigados con sendas penas de 30 años de cárcel y otro de estragos, por el que reclama otros 15 años de prisión. Además, solicita que los acusados no puedan volver al lugar de los hechos en un plazo de ocho años y que indemnicen a cada una de las familias de las víctimas con 500.000 euros.
