El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a cinco exdirigentes de ETA por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, al considerar que ordenaron acabar con su vida como miembros del "comité ejecutivo" de la banda en esa época.
Pedraz ha imputado a Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Ignacio de Gracia Arregi, "Iñaki de Rentería"; José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Julián Achurra Egurola, Pototo; Juan Luis Aguirre Lete, "Insuntza", tras admitir a trámite una denuncia que presentó la hermana del asesinado, Consuelo Ordóñez.
El juez se ha basado en un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil que aporta, según Pedraz, fiables y verosímiles indicios de la participación de los cinco en la decisión de matar a Gregorio Ordóñez.
El auto del magistrado describe el funcionamiento piramidal y jerárquico de ETA, en donde su cúpula o comité directivo asume todas las funciones directivas, "de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal".
En el caso del asesinato de Ordóñez, recuerda que tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart la banda necesitaba recuperarse del aquel éxito policial e inició una estrategia que pasaba por atentar contra militantes y dirigentes del PP y del PSOE, "tratando así de desestabilizar al Estado y lograr una hipotética negociación".
El juez recuerda cómo Valentín Lasarte, condenado por este atentado, declaró "detalladamente" la forma en que se planeó el asesinato y afirmó que "Kantauri" le transmitió los datos e instrucciones necesarias para que contactara con dos miembros liberados de ETA con los que colaboraría en el comando Donosti.
Esta cita, denominada "orgánica" en el lenguaje de la banda, se enmarca en "la forma tradicional que utiliza ETA para contactar entre el responsable del comando y los integrantes del mismo", explica Pedraz.
Tras el encuentro, Lasarte contactó con Javier García Gaztelu y Juan Ramón Carasatorre para cometer varias acciones dentro del comando, entre ellas la del asesinato de Ordoñez, que se produjo el 23 de enero de 1995 en el restaurante La Cepa de San Sebastián mientras la víctima comía con otros compañeros de partido, entre ellos María San Gil. Los tres etarras fueron condenados en 1997, 2006 y 2011 como responsables de la muerte del concejal.
BUSCABAN LA "NEGOCIACIÓN" CON EL ESTADO ESPAÑOL
Pedraz explica en el auto que tras la desarticulación de la cúpula de la banda en 1992, se diseñó una nueva estrategia que "se plasmó en una escalada de atentados dirigidos contra objetivos mucho más selectos y significativos", como es el caso de Ordóñez, que fue el primer político asesinado desde 1984, cuando ETA mató al socialista Enrique Casas Vila.
Así, los encargados de reorganizar estructural y operativamente la banda fueron "Iñaki de Rentería" y "Mikel Anzta", que responsabilizaron a "Kantauri", "Pototo" e "Insuntza" de los principales "aparatos" de la organización y que formaron así el nuevo "comité ejecutivo" de ETA.
A partir de 1993, estos nuevos dirigentes, sostiene el juez, "pusieron en marcha la nueva estrategia para "mostrar al Estado español que ETA había recuperado su poder generador de violencia, terror y subversión" y lograr así negociar con el gobierno.
En este nuevo escenario, el comité ejecutivo de la banda "tomó la decisión de forma colegiada de atentar contra militantes y dirigentes del PP y del PSOE, convirtiéndose en objetivos prioritarios a partir de julio de 1993". "El comité ejecutivo decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado", explica el juez.
Dentro del comité ejecutivo, detalla que "Iñaki de Rentería" era responsable de los aparatos militar y logístico, "Mikel Antza" del político, "Pototo" del de logística, "Kantauri" del militar y del aparato de ilegales e "Insuntza" era su "lugarteniente". En el auto, el juez acuerda notificar la imputación por un delito de asesinato terrorista a los cinco afectados para que puedan personarse en la causa.
