Pedraz archiva el 25S por “la decadencia de la clase política”

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido archivar la causa abierta contra los promotores del 25-S al concluir que no cometieron delito alguno y al enmarcar las protestas dentro del ejercicio de la libertad de expresión frente a "la decadencia de la clase política". El magistrado destaca en el auto dictado hoy para archivar las actuaciones que el pasado 25 de septiembre "no hubo alteración alguna" del funcionamiento del Congreso de los Diputados y que la sesión "se desarrolló normalmente".

Pedraz ha tomado esta decisión tras interrogar a siete de los imputados a lo largo de la mañana. El juez ha decidido dejarles en libertad sin ningún tipo de medida cautelar. La resolución dictada asegura que no se puede "prohibir la expresión opiniones sobre acontecimientos de actualidad,máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".

ACTA DEL CONGRESO

El magistrado destaca que en el diario del Congreso "no consta alteración alguna del normal funcionamiento de la sesión" y añade que incluso un diputado llegó a manifestar que la Cámara Baja "ha podido mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad". En los interrogatorios, que duraron cada uno poco más de cinco minutos cada uno, los imputados han negado que su intención fuera "invadir, penetrar, acceder o alterar el normal funcionamiento del Congreso de los Diputados" y han insistido "en el carácter pacífico de las concentraciones".

"No cabe apreciar que los imputados hayan cometido el delito contra las instituciones del Estado", concluye el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. La Policía Nacional identificó a los imputados durante la asamblea celebrada el pasado 16 de septiembre en el parque de El Retiro de Madrid y les atribuyó el papel de organizadores de la manifestación.

CRITICAS A LA POLICÍA

El juez señala en su auto que las actuaciones se iniciaron el 14 de agosto cuanto la Policía comunicó a las autoridades judiciales que una serie de páginas de Internet promovían la "ocupación" del Congreso. La Policía Nacional aseguraba que la intención de los promotores era "ocupar una de las instituciones públicas más importantes del Estado".

"La gravedad aventurada por la policía no era tal", concluye el juez en su auto antes de destacar que la propia delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, señalaba en el acuerdo por el que autorizó la manifestción que la intención real de los convocantes no era ocupar el Congreso sino "permanecer de forma indefinida en el Paseo del Prado".

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Siete de los ocho imputados llegaron a la sede de la Audiencia Nacional poco después de las 10.00 horas acompañados por sus abogados. En el exterior les esperaban varias decenas de simpatizantes que les mostraron su apoyo con gritos de "no estáis solos" y con pancartas en las que se podía leer lemas como "yo también organice el 25S" o "los de dentro del Congreso si atentan contra el Estado".

El octavo imputado, si bien acudió frente a la Audiencia Nacional, se negó a comparecer ante el juez alegando "objeción de conciencia". Pedraz también ha decretado el archivo de las actuaciones para este imputado al entender que su declaración "resulta indiferente".

En el exterior de la nueva sede de la Audiencia Nacional, situada en la calle Prim de Madrid, se desplegó un fuerte cordón policial. Los agentes de la Policía Nacional pidieron la filiación a todo aquel que quisiera transitar por la calle, incluidos a los profesionales de los medios de comunicación. Los imputados fueron recibidos con aplausos por los manifestantes cuando abandonaron la Audiencia Nacional.

DENUNCIA CIFUENTES

Pedraz ha rechazado asimismo citar a declarar en calidad de imputada a Cifuentes, tal y como solicitaban las defensa, ya que no se le puede atribuir ninguno de los delitos que son competencia de la Audiencia Nacional.

Los letrados solicitaron esta declaración por su presunta responsabilidad en los desórdenes públicos que tuvieron lugar el 25 de septiembre. Las defensas sostenían que fueron los policías infiltrados los que "iniciaron los desórdenes".El juez indica a las defensas de los imputados que deberían en su caso denunciar a la delegada del Gobierno en Madrid "ante los juzgados competentes, esto es, los de Instrucción de Madrid".

DOS CAUSAS JUDICIALES

La causa contra los promotores del 25S, por la que han declarado hoy los siete imputados, es ajena a la abierta tras la detención de 35 personas por los altercados. Estos arrestados quedaron en libertad tras declarar el pasado jueves en el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, quien se hizo cargo de la causa tras el rechazo de Pedraz a interrogar a los detenidos. La jueza de Madrid, Rosario Espinosa, decidió este lunes inhibirse y remitir la causa por los altercados de vuelta a la Audiencia Nacional.

FERNÁNDEZ DÍAZ DICE QUE FUE LA POLICÍA LA QUE GARANTIZÓ LA NORMALIDAD EL 25S

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido hoy el "servicio ejemplar" desarrollado por la Policía Nacional el pasado 25 de septiembre en el Congreso y ha recordado que fue precisamente esa actuación la que permitió que el pleno de la Cámara Baja se desarrollara con "absoluta normalidad".

Tras defender la división de poderes y su respeto a las decisiones judiciales aunque no esté conforme con ellas, el ministro ha subrayado que la normalidad sólo fue posible gracias a la Policía, que fue la que permitió que diputados y miembros del Gobierno entraran y salieran de la Cámara habilitando caminos alternativos a los bloqueados por los manifestantes. "La Policía Nacional prestó un servicio ejemplar el día 25, impidiendo que se violara la Constitución y el Código Penal en la medida en la que se pudo desarrollar con absoluta normalidad la sesión plenaria", ha asegurado.

EL SUP CULPA A INTERIOR

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) dijo hoy que fue el Ministerio del Interior el que planteó que se acusase de delitos contra la nación a organizadores y detenidos por las protestas del 25 de septiembre (25-S), en las que se llamó a rodear el Congreso.

José María Benito, portavoz del SUP, valoraba así, , que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictase este jueves un auto, en el afirma que los organizadores del 25-S no cometieron ningún delito.

LA FISCALÍA DE MADRID PIDE QUE LA AUDIENCIA INVESTIGUE A SOLO 7 DETENIDOS EL 25S

Mientras, la Fiscalía de Madrid recurrirá la inhibición de la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid en favor de la Audiencia Nacional en la causa de los 34 detenidos por los incidentes ocurridos el 25S durante la protesta "Rodea el Congreso". Así, la Fiscalía de Madrid presentará un recurso de reforma contra el auto de la juez por entender que tan solo 7 de las 34 personas que estaban imputadas en esta causa han realizado actos que pueden ser calificados como un delito contra las Cortes, según fuentes de la Fiscalía.

Solo siete personas reúnen elementos de prueba suficientes para poder imputarles ese delito contra las instituciones del Estado, por lo que la Fiscalía de Madrid va a pedir que se restrinja la decisión a esos siete detenidos. La Fiscalía de Madrid solicitará que el juzgado de instrucción número 8 tramite las diligencias de los otros 27 procesados por los delitos de desórdenes públicos, desobediencia o atentado a la autoridad.

POSADA DISCREPA CON PEDRAZ

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha discrepado este jueves de las consideraciones sobre los políticos del juez Santiago Pedraz, quien en el auto de archivo de la causa contra los convocantes del 25S ha hablado de "la convenida decadencia" de la clase política. "Yo no creo que esté en decadencia", ha disentido Posada en declaraciones a los periodistas, tras presidir una reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara baja. En su auto de archivo, Pedraz enmarca la protesta del 25S en el derecho a la libertad de expresión, "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".

Posada, quien ha recordado que los políticos no deben enjuiciar por responsabilidad lo que hacen los jueces, ha precisado que en este caso sí se iba a permitir disentir de Pedraz, porque él no cree que los políticos estén en decadencia. Sobre el archivo de la causa contra los ocho convocantes del 25S, Posada ha admitido que la sesión plenaria del 25 de septiembre transcurrió "con absoluta normalidad", de lo que se siente "muy satisfecho". Ahora bien, ha dejado claro que si todo se desarrolló de forma normal fue porque "había unos policías nacionales que impedían que se alterara la normalidad del Congreso".