La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha aprobado el texto de la ponencia de la ley de consultas con el apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP y el rechazo de PP y C's, por lo que la norma queda ahora pendiente de su aprobación definitiva en el pleno previsto para finales de septiembre o principios de octubre.
CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han acordado también llevar conjuntamente el texto aprobado este miércoles al Consell de Garanties Estatutàries con el objetivo de que el órgano consultivo de la Generalitat avale la adecuación de la norma a la Constitución y el Estatut, mientras que PSC, PP y C's no descartan hacer lo propio por su cuenta.
Estos cuatro grupos son partidarios de que esta norma sirva para celebrar la consulta de autodeterminación prevista para el 9 de noviembre después de que el Congreso rechazase traspasar a la Generalitat la competencia para convocar referéndums, un extremo que PSC, PP y C's rechazan.
"No solo es una ley para el 9N, pero también es una ley para el 9N", ha resumido Josep Rull (CiU), que ha ensalzado el amplio consenso que ha suscitado la norma, y ha esgrimido que con mayorías tan amplias los catalanes podrán hacer todo lo que quieren para cambiar las cosas.
En declaraciones a los periodistas tras la votación, el diputado del PSC Ferran Pedret ha insistido en que "por muchas veces que lo repita Rull" la ley no sirve para la consulta de autodeterminación, y ha sostenido que, si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la convoca en base a esta norma, demostrará que la desconoce.
El portavoz adjunto del PP, Santi Rodríguez, ha censurado que la norma no sea una herramienta de participación ciudadana sinó para la consulta soberanista, por lo que su grupo la ha rechazado: "No queremos ser partícipes de un engaño masivo al conjunto de la ciudadanía. Esta ley no sirve para el referéndum".
En la misma línea, Carina Mejías (C's) ha recordado que su grupo no ha participado en la ponencia de la ley porque "es una coartada política para celebrar un referéndum ilegal para el que la Generalitat no tiene competencias". REPROCHES A PP y C's
La diputada de ERC Gemma Calvet ha defendido la plena constitucionalidad de la norma, y ha agradecido a Rodríguez su trabajo en la ponencia pese al 'no' del PP a la misma, una actitud que ha contrapuesto con la de C's, que directamente se negó a participar en la ponencia.
Por contra, Quim Arrufat (CUP) ha lamentado la ausencia de C's y ha cuestionado la actitud del PP durante los trabajos para desarrollar la ley: "Tenemos la sensación que hemos estado compartiendo la ponencia con grupos que han hecho más de fiscal del Estado que de participantes en la propia redacción".
ENMIENDAS VIVAS
Aunque no se prevé que se introduzcan cambios en el texto aprobado este miércoles, PSC, PP, ICV-EUiA y C's han dejado varias enmiendas vivas que deberán votarse en el pleno en que se apruebe la ley, cuya fecha todavía debe fijarse.
Una vez el texto de la ley se publique en el Boletín Oficial del Parlament -este miércoles o jueves-, los grupos tendrán un plazo de tres días para decidir si llevan la ley al Consell de Garanties, que, a su vez, dispondrá de un mes para emitir un dictamen no vinculante sobre la adecuación de la norma al Estatut y la Constitución.
Este hecho implica que la aprobación de la ley por parte del pleno deba celebrarse el mes de septiembre o a principios de octubre, de forma que la ley pueda estar en vigor un mínimo de 30 días antes del 9 de noviembre para que pueda ser convocada según los plazos que fija la norma.
RASGOS DE LA LEY
El texto que llegará al pleno establece, entre otros aspectos, que podrán participar de las consultas los mayores de 16 años "que tengan la condición política de catalanes", incluyendo los catalanes que vivan en el extranjero y que se inscriban antes en un registro habilitado al efecto.
También podrán votar en las consultas los extranjeros comunitarios que lleven un año en Cataluña, así como los no comunitarios con más de tres años con permiso de residencia, una diferencia temporal que no gusta a ICV-EUiA y que ha llevado a los ecosocialistes a presentar enmiendas para que el plazo sea de un año para todos los extranjeros. No se ha resuelto un mecanismo para que los catalanes empadronados en el resto de España puedan participar en las consultas, una posibilidad que los servicios jurídicos de la Cámara catalana desaconsejaron por ser muy difícil "jurídica y operativamente".
La ponencia establece también que las consultas no podrán preguntar sobre fiscalidad ni sobre presupuestos de la Generalitat ya aprobados, aunque si se podrá consultar sobre partidas que se quieran incorporar o quitar en futuros presupuestos.
