La vicesecretaria General del PSOE y candidata al Parlamento Europeo, Elena Valenciano, ha propuesto la creación de un fondo de emergencia dotado con 100 millones de euros para que los ayuntamientos puedan contar con más recursos para la prevención de la violencia de género y la atención de las víctimas "sobre el terreno".
Es una de las iniciativas que Valenciano someterá este martes a debate en una mesa organizada por el PSOE en la que participan diversos actores relacionados con la prevención, protección y reparación del daño causado por la violencia machista, desde los sindicatos y las organizaciones de mujeres hasta la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), entre otros.
Según ha explicado en la inauguración del encuentro, que se celebra en Madrid, la reforma de la Administración Local acometida por el Gobierno, para muchos ayuntamientos españoles "va a ser prácticamente imposible" seguir atendiendo a las mujeres, cuando son "la primera administración a la que pueden acudir cuando necesitan ayuda".
Asimismo, Valenciano, acompañada de la responsable de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha incidido en la importancia de que se acometa el gran pacto de Estado contra la violencia de género que la formación lleva semanas reclamando, porque a su juicio, el mensaje que se lance al conjunto de las mujeres "es muy poderoso".
"Hay que decir que todas las administraciones públicas, instituciones y organizaciones de este país estamos de acuerdo en hacer frente común contra la violencia de género. El mensaje es muy poderoso para las victimas, los agresores y el conjunto de la sociedad", ha señalado, para incidir en que la situación actual es de "emergencia nacional y si no se hace algo rápido, urgente y profundo, no van a dejar de asesinar".
En esta línea, ha destacado la relación entre las políticas de igualdad y la erradicación de la violencia machista, para denunciar que "se están dando todas las condiciones para que pase lo que está sucediendo", un repunte de los asesinatos de mujeres.
"Todo aquello que se decida, que sirva para empeorar la posición de las mujeres en la sociedad tiene efectos sobre la violencia. Todos los mensajes para que en vez de avanzar retrocedamos en igualdad, que hacen que su posición sea de mayor subordinación, con menos empleo, trabajos más precarios, salarios más bajos, atención en solitario de todas las personas del entorno familiar, tratadas como objetos sexuales en los medios, todo eso que vemos aparecer día tras día, perjudica la posición de las mujeres frente a la violencia", ha señalado.
En concreto, ha criticado "el volumen de despidos que se ha producido entre mujeres" con la reforma laboral, el mensaje que envía la reforma de la legislación del aborto "que dice que las mujeres no pueden decidir sino que tienen que hacerlo por ellas", los recortes presupuestarios en el desarrollo de la Ley Integral y "una ley educativa que ha decidido liquidar los contenidos de Educación para la Ciudadanía y por tanto, el aprendizaje de la igualdad".
"Esos mensajes absolutamente retrógrados perjudican al conjunto de las mujeres en su posición subordinada respecto a los varones", ha denunciado.
EL GOBIERNO REVISA EL PROTOCOLO DE VALORACIÓN DE RIESGOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El Gobierno revisará el protocolo de valoración del riesgo de las víctimas de violencia machista, con "planes personalizados" para la protección de las mujeres, mediante un grupo de trabajo que tratará de mejorar la situación actual.
Ésta es una de las medidas acordadas por los ministros de Sanidad, Servicios e Igualdad, Ana Mato; Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; e Interior, Jorge Fernández Díaz; que se reunieron ayer lunes tarde para reforzar la protección a las víctimas, tras el repunte registrado en el número de asesinadas por sus parejas o exparejas.
En el grupo de trabajo se integrarán miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Instituciones Penitenciarias, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y Ministerio de Justicia, según ha informado el departamento que dirige Ana Mato.
Los ministros han mostrado su más enérgica condena ante los últimos casos, ocurridos el pasado fin de semana en Tarragona y Jerez de la Frontera, que elevan a 21 las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año.
La revisión de las medidas actuales persigue tener constancia "permanente" de la situación en la que se encuentran las víctimas de mayor vulnerabilidad, y analizar las medidas y recursos que tengan a su disposición.
Para ello se actualizará el protocolo para la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer, incluyendo un nuevo cuestionario, con datos como la situación laboral de la víctima y su agresor, factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o el hecho de ser menor de edad o tener menores a su cargo, que, en todo caso, tendrán el mismo tratamiento que las mujeres, así como factores de peligrosidad del maltratador.
En la actualidad, precisa Sanidad, alrededor de 46.000 casos de entre los evaluados no revisten riesgo a tenor de los protocolos establecidos, razón por la que se revisarán periódicamente los considerados de "riesgo no apreciado".
El sistema, que en la actualidad envía una alerta cada cuatro meses a las unidades, podría reducir este tiempo a tres meses para mejorar la vigilancia. Las víctimas estarán informadas en todo momento de la situación penitenciaria de su agresor detenido y se les notificarán las resoluciones que se refieran a la ejecución de la pena.
También con el objetivo de perfeccionar la valoración urgente de los casos, los ministros han acordado mejorar los protocolos médico-forenses. Se impulsará así la difusión entre las comunidades autónomas y los operadores jurídicos del "Protocolo Médico-Forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género" y se elaborará e implantará otro de valoración psicológica.
El Ejecutivo mejorará la conexión entre Instituciones Penitenciarias y el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Viogen), al tiempo que se adoptarán actuaciones para interconectar las bases de datos de los tres ministerios y de las comunidades autónomas.
Por otra parte, los juzgados de violencia sobre la mujer ampliarán su ámbito de competencia y conocerán delitos que corresponden actualmente a los juzgados de instrucción.
