El diputado popular y uno de los artífices de la reforma de la Ley Electoral General (LOREG), José Antonio Bermúdez de Castro, advierte al Gobierno que "está bajo sospecha" y le recuerda que, si quiere, aún puede impedir que Bildu esté en las instituciones. Además, pregunta al Tribunal Constitucional, que esta madrugada decidió que Bildu podía concurrir a los comicios, qué artículo de la Constitución española ampara el derecho a tener representantes para justificar la violencia mientras ETA siga viva.
"El Gobierno aún puede impedir si quiere que Bildu esté en las instituciones y es lo que reclamamos", afirmó así de tajante el dirigente popular en declaraciones a Europa Press, quien dejó claro que "a la vista de lo que ha ocurrido, el Gobierno está bajo sospecha", pero cree que el Ejecutivo "puede despejar esa duda si utiliza todos los recursos que la ley le otorga".
En este sentido, recordó que uno de los resortes que proporciona la Ley es la posibilidad de solicitar, entre la votación y la proclamación de electos, una demanda de ilegalización contra alguno de los partidos que componen Bildu, una vez conocidas todas las manifestaciones de los miembros de Bildu y que "ya se están conociendo". Esta opción está recogida en el artículo 108 de la LOREG.
Además, y en relación al Tribunal Constitucional, Bermúdez de Castro cree que este tribunal de garantías "se va a tener que esforzar mucho para explicar, en sus fundamentos jurídicos las razones por las que ha revocado la sentencia del Tribunal Supremo".
Por ejemplo, planteó que le gustaría que el TC explicase a los españoles "qué artículo de la Constitución ampara el derecho a tener representantes y a ser representado para justificar la violencia o legitimar la existencia de una banda terrorista mientras esta siga viva".
En opinión de Bermúdez de Castro, "tendría poca justificación que el mismo tribunal que hace ocho años dictaminó que Batasuna formaba parte de ETA ahora la rehabilitara para la vida política sin que ETA haya abandonado las armas".
Además, recordó que la reforma de la Ley Electoral se ha llevado a cabo precisamente para "reforzar las garantías legales para que ETA no volviese a las instituciones, no para disminuirlas". De hecho, señala, "se introdujo la incompatibilidad sobrevenida para que hechos como el ocurrido esta legislatura no se volvieran a repetir".
Cuando el TC ilegalizó ANV no había un mecanismo para expulsar de las instituciones a los testaferros de ETA y ahora, recalca, "lo tenemos". Por ello, insiste en que "lo importante es impedir que (los electos de Bildu) tomen posesión de sus cargos y para ese objetivo no nos vamos a rendir".
"Tenemos un compromiso con la libertad y las víctimas y por eso reclamamos al Gobierno que de instrucciones a las FCSE para que sigan recabando informes y los elementos de convicción y de prueba durante esta campaña electoral para evitar que ETA/Batasuna consiga su objetivo", concluyó.
