La portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confiado hoy en que el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional juzgue hasta el final los hechos "gravísimos" que hubo, a su juicio, en el denominado "caso Faisán".
Sáenz de Santamaría se ha expresado así en declaraciones a los periodistas en el Congreso después de la decisión del presidente de esa sala, Javier Gómez Bermúdez, de que sea el pleno de la misma el que decida si tres altos mandos de Interior colaboraron con ETA.
La decisión, tomada por el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, supone que serán los 18 magistrados que componen el Pleno los encargados de estudiar, después del verano, los recursos presentados por el director general de la Policía, Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros, contra su procesamiento por la comisión de delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos.
Gómez Bermúdez ha comunicado este martes al juez instructor, Pablo Ruz, el presidente de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás, y el secretario judicial de esa sección que el asunto se elevará al Pleno.
La decisión se ha producido después de certificar la interposición de recurso de reforma subsidiario de apelación y de comprobar que el juez Ruz ha desestimado en reforma los recursos presentados por las defensas.
A juicio de la diputada del PP, el pleno de la sala de lo penal debe confirmar la decisión del juez Pablo Ruz, quien había rechazado los recursos presentados contra el auto de procesamiento de esos tres mandos policiales que había dictado el pasado 13 de julio.
"Esa ha sido siempre la línea de la Audiencia Nacional y no hay ningún motivo para cambiarla", ha puntualizado.
La dirigente del PP ha pedido al ex ministro y actual candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Perez Rubalcaba, así como al titular de Interior, Antonio Camacho, que den la cara por este caso y no se escondan detrás de la Policía.
Asimismo, ha calificado de "llamativa" la actitud de la Fiscalía, que ha considerado que "en una clara posición partidista y a favor del Gobierno, trata de rebajar el delito".
Por ello, ha informado de que, después de que se rechazara una primera petición de comparecencia en el Congreso del Fiscal General del Estado, su grupo la ha reformulado para que pueda ser aceptada.
Su objetivo es que Conde Pumpido comparezca ante la comisión de Justicia para "explicar los motivos por los que la Fiscalía General del Estado dictó la Circular 2/2011, sobre la reforma del Código Penal, en relación con las organizaciones y grupos criminales, un año después de la aprobación de dicha norma".
Por su parte, el diputado del PP en el Congreso Ignacio Gil Lázaro ha acusado al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, de "echar una mano al Gobierno" con su decisión de que sea el Pleno de la Sala de lo Penal el que decida sobre los recursos presentados por la Fiscalía para que no se procese por colaboración con banda armada al ex director general de la Policía Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros.
En declaraciones a Europa Press, el diputado 'popular' ha tildado de "ciertamente lamentable" la actuación de Gómez Bermúdez, al que ha afeado que intente "proteger los intereses políticos del Gobierno en este asunto".
Gómez Bermúdez ha decidido elevar el tema al Pleno de la Sala de lo Penal por su "complejidad e importancia jurídica", un argumento que Gil Lázaro rechaza de plano. En este punto, ha recordado que el propio Gómez Bermúdez reconoció en su sentencia sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que "no hace falta comulgar ideológicamente con la ideología de una organización terrorista para incurrir en el tipo de colaboración con banda armada".
"Eso es exactamente lo mismo que sostiene el juez Ruz en sus autos de procesamiento sobre el 'Caso Faisán', así que *dónde está esa complejidad técnica y jurídica a la que alude Gómez Bermúdez?", se pregunta el diputado del PP, quien cree que con esa "frase altisonante" probablemente lo que busca Gómez Bermúdez es "echar un cable de la enorme complejidad política y también penal con la que se enfrenta el Gobierno".
GUARDIAS CIVILES PERSONADOS EN LA CAUSA CREEN QUE ETA GANARÁ SI EL CASO SALE DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Por su parte, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) opina que ETA y su entorno saldrán beneficiados si el "caso Faisán" sale de la Audiencia Nacional, algo que sucederá si se retira a los procesados el delito de colaboración con banda armada.
Jesús Martín, portavoz y abogado de la UO, valoraba así que el juez Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, haya decidido que será este órgano en pleno el que decida si existió colaboración con banda armada en el chivatazo a la banda etarra. La UO ejerce la acción popular en este caso junto al PP.
Martín defendió, en declaraciones a Servimedia, que se mantenga el delito de colaboración con organización terrorista, puesto que a su juicio no hace falta compartir la ideología para colaborar con la banda etarra.
Además, este portavoz sostuvo que si el "caso Faisán" sale de la Audiencia Nacional, "no es sólo que esto favorezca al PSOE o al Gobierno, sino que está favoreciendo a Bildu y a todo el entorno proetarra, y eso es lo preocupante". Añadió que si el asunto se envía a la Audiencia de Guipúzcoa, la UO tiene "pocas esperanzas" de que se esclarezca el soplo a los etarras.
Al mismo tiempo, este letrado argumentó que el juez Gómez Bermúdez, que presidió el juicio del 11-M, estimó en este caso que no era necesario compartir los fines de los autores de la masacre para haberles ayudado, lo que implicaba la comisión del delito de colaboración con banda armada.
