El PP espera que el Constitucional no cometa el "disparate jurídico y moral" de derogar la 'doctrina Parot'

  • Ofensiva de los presos de ETA ante el Constitucional para que derogue la doctrina Parot
  • Bildu cree que sería "una muy buena noticia" que "cayera" la 'doctrina Parot'

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reconocido este lunes que espera que el Tribunal Constitucional (TC) no cometa el "disparate jurídico, moral y ético" de derogar la 'doctrina Parot'. Una normativa que, a su juicio, es "lógica" y "perfecta" y no presenta "ninguna contradicción".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Cospedal se ha preguntado el motivo por el cual el Constitucional tiene que revisar "todas" las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (TS) y ha asegurado que tanto para el PP como para el resto de la sociedad sería "abominable" que se derogara la 'doctrina Parot'.

La secretaria general del PP se ha pronunciado así después de que los presos de la banda terrorista ETA hayan emprendido una ofensiva ante el alto tribunal para reclamar que se derogue esta doctrina que estableció el Supremo y que implica retrasar la salida de prisión de muchos internos de la banda, sobre todo, de históricos de la misma.

"Si hemos tenido una ley de cumplimiento íntegro de condenas, como la tenemos, si conseguimos lo que hemos conseguido estos años, aunque algunos parezcan que quieren ir marcha atrás, y si hoy la sociedad considera abominable, y yo también lo creo, que determinadas personas tengan beneficios penitenciarios que les permitan estar en quince años en la calle, espero que a nadie se le ocurra hacer ese disparate no sólo jurídico sino también moral y ético", ha sentenciado la secretaria general del PP para reiterar su deseo de que la 'doctrina Parot "siga en pie".

EL CONSTITUCIONAL DICE QUE NO REVISARÁ LA DOCTRINA "PAROT"

No obstante, tras la polémica desatada, el Tribunal Constitucional ha negado hoy que vaya entrar a analizar el fondo de la "doctrina Parot" y explicó que los magistrados están estudiando "uno a uno" los recursos interpuestos por 24 etarras, un narcotraficante y cuatro delincuentes comunes contra la revisión de sus condenadas.

Fuentes del Constitucional señalaron que en ningún caso revocará de forma genérica la aplicación de la "doctrina Parot". Los magistrados del Constitucional revisarán si en alguno de la treintena de casos que por el momento han sido admitidos a trámite se han vulnerado los derechos fundamentales.

El Constitucional ha emitido un comunicado para negar que se vaya a revocar la "doctrina Parot". "Este Tribunal quiere manifestar, en relación a las recientes informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación a lo largo de los últimos días, que no está deliberando sobre cuestiones relacionadas con la denominada 'doctrina Parot'", señala la nota difundida por el gabinete de prensa del tribunal.

De hecho, este lunes el Constitucional ha admitido a trámite otros tres recursos que se suman a los que se han presentado últimamente y hacen un total de 24 y a la espera de admisión hay otros 21, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que debe resolver en primer lugar sobre este asunto, avocó recientemente al Pleno del alto tribunal la cuestión relativa a si los recursos que tenía pendientes contra la "doctrina Parot" debían resolverse de forma conjunta o caso por caso.

El Pleno resolvió que la cuestión debía dirimirse caso a caso, ya que cada asunto presenta diferentes características. Esto quiere decir que una eventual "derogación" de la 'doctrina Parot' por el Constitucional no conllevará la salida de prisión de forma inmediata y en bloque de varios etarras, pues cada uno deberá esperar a que se resuelva su recurso en concreto. Sin embargo, la primera resolución que haya en el TC sobre esta cuestión sí podría marcar el criterio al respecto.

Las fuentes consultadas explican que la Sala Segunda del TC contemplaba la posibilidad de comenzar a debatir y, en su caso, resolver algunos de estos recursos hacia finales del mes de mayo. Y, de hecho, se apunta ya a la existencia de algún borrador de trabajo al respecto.

La Sala Segunda está compuesta por tres magistrados conservadores (Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Pérez de los Cobos y Francisco Hernando) y tres progresistas (Luis Ignacio Ortega, Elisa Pérez --quien ejercerá como ponente del primer recurso contra la doctrina Parot-- y Eugeni Gay).

Este último magistrado ejerce como presidente de la Sala por lo que podría ejercer voto de calidad en caso de empate. Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a una posición favorable de miembros del sector progresista a las tesis de revocar la Doctrina Parot, adoptada por el Tribunal Supremo en febrero de 2006.

SE ABRIRIA LA PUERTA A LA SALIDA DE HISTORICOS ETARRAS

Si finalmente el TC se inclinara por no confirmar esta doctrina, podría abrir la puerta a que comenzaran a salir de prisión numerosos históricos miembros de la banda terrorista. De hecho, en la actualidad son casi 60 los presos de ETA que permanecen en la cárcel en aplicación de este criterio del TS, según el cual, las redenciones a etarras se aplican sobre el total de sus condenas y no sobre el cumplimiento máximo de pena, informan fuentes penitenciarias.

Entre ellos hay terroristas con una destacada trayectoria en ETA como Inés del Río, José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta o Domingo Troitiño, condenado a 794 años de cárcel por ser autor del atentado contra el Hipercor de Barcelona en 1987, que causó 21 muertes y 45 heridos.

Además, en caso de que no se les aplicara la "doctrina Parot", podrían quedar libres entre mayo de 2011 y octubre de 2012 al menos ocho históricos presos de la banda, que ahora están viendo como se aplaza su salida hasta cumplir el máximo de 30 años de cárcel. En el caso de estos ocho, la "doctrina" del Tribunal Supremo supone entre cinco y once años más de prisión.

La cuestión de los presos de ETA está entre los principales motivos de reivindicación de la izquierda abertzale una vez lograda la legalización de una marca electoral con la que participar en las elecciones. Ya en la declaración de Gernika firmada el 25 de septiembre de 2010 se entraba de lleno en la cuestión de los presos de ETA al pedir "el cese de la política penitenciaria que se sigue contra los presos y presas políticas vascas, planteada hasta ahora como parte de estrategias de confrontación".

En este marco pedían como solución final la "amnistía" y establecían una serie de puntos, entre ellos, aplicar "sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos" y "derogar de la legislación que impone cuarenta años de condena".

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha demandado este lunes en Santiago que se "deje trabajar" al Tribunal Constitucional (TC) y ha llamado a no "adelantarse" a sus pronunciamientos, tras ser preguntado por la posibilidad de que derogue la denominada 'doctrina Parot' dejando libres a terroristas de ETA antes de lo previsto.

"Lo que tenemos que hacer es dejar que el TC haga su trabajo, que sus razonamientos los proyecte en cada sentencia y, después, valorar. No adelantarnos a lo que puede o no puede ser, porque eso, sencillamente, es no respetar la independencia del TC y yo, como ministro de Justicia, nunca lo voy a hacer", ha defendido, en declaraciones a los medios.

BILDU: SERIA UNA BUENA NOTICIA

Por su parte, el representante de Bildu y líder de Alternatiba, Oskar Matute, ha afirmado que "sería una muy buena noticia" que la 'doctrina Parot' "cayera", en referencia a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera derogarla.

Matute ha manifestado que "no es lógico ni coherente con un sistema que se dice democrático y que quiere hacer de las penas de prisión un elemento con función resocializadora, apostar por una justicia punitiva, que lo que hace es aumentar las penas de cárcel y olvidar cualquier efecto de resocialización y cualquier efecto de reinserción".

"La cadena perpetua que supone la 'doctrina Parot' va contra el más mínimo criterio democrático que cualquier estado que se precie de ser democrático mantiene en su propio ordenamiento jurídico", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que "en el Estado español tendrían que saber los ciudadanos", como se sabe "muy bien en Euskal Herria", que "la doctrina Parot supone, 'de facto', una cadena perpetua que está por encima, incluso de legislaciones, como la italiana o la francesa, que mantienen la figura de la cadena perpetua, pero nunca puede llegar a más de 30 años".

"En Euskal Herria hemos vivido recientemente cómo hay gente que sale de la cárcel, que sale de prisión de prisión tras 32, 34 años y barbaridades de este tipo", ha indicado.

En esta línea, ha subrayado que, "desde una óptica de izquierdas, los que siempre hemos apostado por una Justicia reparadora, por una Justicia y una aplicación de la legislación penal en términos resocializadores", tienen que "estar contentos si, finalmente, se tira por tierra o se deja a un lado la 'doctrina Parot'".

"DIGNIDAD Y JUSTICIA" CREE QUE EL TC "PREVARICARÁ" SI ANULA LA "DOCTRINA PAROT"

Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia opina que el Tribunal Constitucional cometerá "prevaricación" si anula la "doctrina Parot", que fue establecida por el Supremo en 2006 y que ha incrementado la estancia en prisión de algunos etarras al variar la forma en la que se aplican los beneficios penitenciarios.

Daniel Portero, presidente de DyJ, dijo a Servimedia que no se termina de creer que el Constitucional anule la "doctrina Parot", en primer lugar porque que los recursos de los etarras sobre este asunto deben ser analizados individualmente.

No obstante, Portero sostuvo que si se anula esta doctrina legal, "el Estado de derecho dejaría de existir, porque se favorecería de forma conjunta a una organización terrorista, cuando, realmente, deberían analizarse los casos uno a uno".

"Sería una nueva injerencia del Tribunal Constitucional en la fundamenación de derecho que establece el Tribunal Supremo", aseguró el presidente de DyJ. Añadió que los magistrados del Constitucional podrían incurrir en "una extralimitación de sus competencias y, por ello, una posible prevaricación".