Ortega alega que el 9N estaba en manos de voluntarios y niega desobediencia

La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha alegado que la organización de la consulta del 9N estaba en manos de voluntarios cuando el Tribunal Constitucional (TC) la suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia" de haber desobedecido cuando compareció para difundir sus resultados.

Ortega ha declarado como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su papel en la organización de la consulta alternativa del 9N, en un interrogatorio en el que ha insistido que no tiene conciencia de haber "desobedecido al TC, ni de haber dictado ninguna resolución injusta, ni mucho menos cometido ninguna irregularidad económica".

La exvicepresidenta ha hecho unas declaraciones a los medios de comunicación, sin preguntas, tras declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante poco más de una hora como imputada por su papel en la organización del 9N, por lo que la Fiscalía la acusa de los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones.

La democristiana ha asegurado que está "tranquila" con su actuación como vicepresidenta y al frente del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, porque ha afirmado que siempre ha obrado con respeto a la legalidad. Y ha señalado que no es bueno "criminalizar un acto político democrático y pacífico" como el 9N, porque estos asuntos se tienen que "dirimir con diálogo, consenso y con voluntad de pacto".

La exvicepresidenta del Govern, que como la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía, ha expuesto ante el juez que, cuando el Tribunal Constitucional suspendió la primera consulta, convocada por decreto, ordenó detener todas las actuaciones relacionadas con el 9N.

Esta primera consulta fue sustituida por un proceso participativo, que también fue suspendido por el TC en una providencia del 4 de noviembre, pero entonces, ha alegado Ortega, la organización estaba finalizada, y los voluntarios tenían todas las tareas asignadas, por lo que ha considerado que no había nada que ella pudiera paralizar.

Según fuentes judiciales, la exvicepresidenta ha argumentado ante el juez que a partir del 30 de septiembre de 2014, una vez prohibida la consulta por el Tribunal Constitucional, se paralizó totalmente el proceso convocado por decreto y los expedientes económicos relacionados con el mismo y así se comunicó a todos sus subordinados.

De esa forma, se abrió un proceso participativo distinto, sin uso de censo electoral oficial ni control y supervisión alguno por parte de los órganos de la Generalitat y estrictamente en manos de voluntarios, ha recalcado Ortega, en la misma línea de defensa que Irene Rigau ha blandido esta mañana ante el tribunal. Así, Ortega ha asumido la responsabilidad de la organización del proceso participativo del 9N tanto en sus actos personales como en los de sus subordinados.

Además, ha defendido que si compareció en el recinto ferial de Montjuïc para difundir los resultados del 9N es porque consideraba que tenía la obligación de informar a la ciudadanía de un hecho "relevante" desde una perspectiva "histórica, sociológica y política".

Además, ha aducido que, desde la suspensión del TC, la web de la Generalitat "Participa2014" que informaba del proceso no publicó ningún nuevo contenido y que si la página no se desactivó es porque ello exigía desmontar un procedimiento muy complejo que pretendía protegerla de posibles ataques informáticos.

La democristiana ha querido desmarcar a la Fiscalía Superior de Cataluña de la querella en su contra, que ha atribuido a una orden de la Fiscalía General del Estado, motivo con el que ha justificado su decisión de negarse a responder a las preguntas de los tres fiscales.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA DENUNCIA QUE LAS MANIFESTACIONES DE APOYO A LOS IMPUTADOS SUPONEN UN ATAQUE DIRECTO A SU INDEPENDENCIA

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha opinadoque las manifestaciones de apoyo a los imputados por el 9N son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento que es "aún más inadmisible" cuando es diseñado por representantes públicos. V

arios centenares de personas se han concentrado hoy ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para apoyar a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau (CDC), y la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), que han acudido a declarar por el 9N, y que han estado acompañadas también por miembros del gobierno catalán.

En un comunicado remitido hoy a los medios, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña alerta de que "cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña manifiesta que "no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a las puertas del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones"."Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional", sostiene la nota de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para el alto tribunal catalán, la independencia judicial "no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos", por lo que "su cuestionamiento resulta aún más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno".

"En ese sentido, la sala quiere recordar el deber de no injerencia que vincula especialmente a aquellos que forman parte de otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político", prosigue el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para los magistrados del alto tribunal catalán, "solo desde el respeto a los valores democráticos se puede garantizar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución"."Y en esa medida reclamamos responsabilidad a aquellos que tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad", sostiene la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El comunicado admite que todas las decisiones jurisdiccionales que adopten los jueces "están sometidas al control y a la crítica pública", pero insiste en que, "como garante de la justicia, valor fundacional del Estado Constitucional", la acción de la justicia "necesita de la confianza de la sociedad, fuente, además, de su legimitidad".

COLAU LIDERA EL MANIFIESTO CONTRA LAS QUERELLAS DEL 9N

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído en la plaza Sant Jaume el manifiesto contra las querellas a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por su papel en la organización de la consulta del 9N, que consideran "antidemocráticas".

La plaza donde se encuentran el Palau de la Generalitat y la sede del Ayuntamiento de Barcelona se ha llenado esta tarde en respuesta al llamamiento de la plataforma soberanista "Ara és l'hora" con el objetivo de expresar la solidaridad con los imputados por la consulta del 9N, tras declarar hoy como imputadas la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau.

Ante representantes del Govern como Neus Munté y Francesc Homs, dirigentes de CDC, ERC, Unió, ICV, EUiA y la CUP, así como líderes sindicales como Joan Carles Gallego (CCOO) o Josep Maria Álvarez (UGT), que sostenían urnas como las utilizadas el 9N, Colau ha leído un manifiesto promovido por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir en el que se acusa al Gobierno central de provocar una "anomalía democrática" al "judicializar" el 9N.

En este manifiesto, que ha sido leído simultáneamente también en muchos otros municipios catalanes, se afirma que el derecho a decidir el futuro político e institucional de Cataluña "es inherente a la ciudadanía catalana en virtud del principio democrático y del derecho que tenemos como nación".

También se dice que "todos los intentos de ejercer este derecho no han sido posibles por la oposición del Gobierno del Estado que nunca ha propuesto ninguna alternativa".

El Gobierno, añade, "ha judicializado" dichos intentos "rehuyendo sus responsabilidades políticas en este ámbito, y generando una anomalía democrática en el funcionamiento de las instituciones, que priva a la ciudadanía de Cataluña del derecho democrático a decidir su futuro político".

Después de calificar como "antidemocráticas" las querellas contra Mas, Ortega, Rigau y otros encausados, los firmantes del manifiesto denuncian "la judicialización" de la política y se muestran "corresponsables con la convocatoria del 9N hecha desde criterios democráticos y cívicos".

Entre los líderes políticos presentes figuraban Raül Romeva -cabeza de lista de Junts pel Sí-, Oriol Junqueras -presidente de ERC-, Josep Rull -coordinador general de CDC-, Joan Herrera -coordinador nacional de ICV-, Albert Botran -número 5 en la lista de la CUP-, Antoni Castellà (Demòcrates de Catalunya) y Ramon Espadaler (UDC). También se podían ver en el escenario David Companyon (EUiA), Xavier Trias (CDC), Alfred Bosch (ERC), Jordi Sànchez (ANC) y el expresidente del Parlament Joan Rigol.