Montoro y Cospedal citan el miércoles a las Comunidades goberandas por el PP para hablar de la financiación, que ha levantado ampollas tras la propuesta de Hacienda de establecer techos diferentes. Madrid es la única región que pierde ingresos con el actual sistema: disminuyen en un 8% mientras que el resto de autonomías suben en un 0,15%. Ignacio González aboga por un déficit común y el esfuerzo de todos para cumplirlo.
Los consejeros de Hacienda del PP se reunirán este miércoles en la sede central del partido citados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la secretaria general de esta formación, María Dolores de Cospedal, para abordar la polémica de los techos de déficit individualizados por autonomías. Así lo han confirmado fuentes del PP, quienes también han informado de que, además, estarán presentes los responsables de Hacienda del PP en las comunidades donde no gobierna y los portavoces populares de esta materia en el Congreso y en el Senado.
Fuentes del Ministerio de Hacienda no han querido informar sobre este encuentro, con el que se trata de salvar la polémica abierta entre las comunidades, también las del PP, por el establecimiento de déficit asimétricos.
SI SE RELAJA EL OBJETIVO DE DEFICIT HAY QUE HACERLO COMÚN A TODAS LAS COMUNIDADES
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha considerado este lunes que si finalmente se relaja el objetivo de déficit, hay que "hacerlo extensivo" a todas las comunidades autónomas y al Estado, porque todo el mundo debe hacer "el mismo esfuerzo". "El objetivo de déficit es un objetivo común.
En el caso de que, como parece, se vaya a relajar el objetivo de déficit, hay que hacerlo extensivo tanto a comunidades autónomas como al Estado y todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar en la consecución del mismo", ha sostenido González en declaraciones a los medios en el Intercambiador de Moncloa preguntado por las palabras del secretado de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sobre la financiación autonómica.
Antonio Beteta afirmó ayer que hay un compromiso de la Conferencia de Presidentes para analizar la situación del sistema de financiación vigente de las comunidades autónomas, para lo que "tiene que haber, siempre, diálogo bilateral y negociación multilateral".
DEFICIT A MEDIDA
La mayoría de las comunidades autónomas no admitirán una nueva financiación que derive en españoles de primera y de segunda. Muchas desconfían de negociaciones bilaterales con el Gobierno y,consideran que las demandas catalanas pueden ser la espita que abrña los déficit a medida. Así lo han expresado responsables de Hacienda de los gobiernos autonómicos y, en concreto, en Castilla y León.
En general, las autonomías no están por reabrir un debate sobre si las negociaciones entre Gobierno y Generalitat pueden marcar las pautas del nuevo sistema, si bien algunas recuerdan que fue un requerimiento de Cataluña lo que modificó el modelo anterior.
El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, ha dicho que el déficit se estudiará "con todo detalle" y no se castigará a las comunidades que han hecho mayor esfuerzo porque "no se puede penalizar al alumno que ha aprobado los exámenes". En este marco, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han citado para este miércoles a sus consejeros de Hacienda y a los portavoces de las comunidades donde no gobiernan para cerrar la brecha abierta por este asunto.
Algunas autonomías del PP, como la Comunidad Valenciana, defienden la idoneidad de techos diferenciados y así lo ha expresado su conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, quien cree que sólo así se logrará objetivos "factibles y realizables".
También Murcia se sitúa en esta tesitura y su presidente, Ramón Luis Valcárcel, recuerda que su Comunidad siempre ha pedido que se relaje el déficit aunque "la línea roja" de su Gobierno pasa porque no se ponga en riesgo el Estado del bienestar. Además, Murcia reclama que todo se decida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), no en reuniones bilaterales que sí defienden autonomías como el País Vasco y Navarra por entender que su regímenes aforados se lo permiten.
De líneas rojas también habla la consejería de Economía de Madrid, que subraya que en este proceso se defenderán "los intereses de los madrileños" y se vigilará que no haya discriminación. El presidente de la comunidad, Ignacio González, ya expresó su rechazo a un sistema de concierto especial Estado-Generalitat por suponer un "mercadeo" y acabar con un sistema que sostienen, en buena parte, Madrid y Cataluña.
Mientras, el conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, insiste en que a la hora de fijar los techos de déficit se tengan en cuenta los intereses de la deuda de cada comunidad, de manera que aquellas con más problemas vean relajados sus objetivos. La Generalitat advierte de que le sería "imposible" afrontar el ajuste de 4.700 millones este año si al final ha de confeccionar unos presupuestos con un objetivo del 0,7.
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, considera que con independencia de lo que hable el Gobierno con cada territorio, "la financiación es algo transparente y claro" que se tiene que debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
NO PUEDE HABER DISCRIMINACIONES EN LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS
En lo que sí están de acuerdo prácticamente todas las regiones es que no puede ni debe haber discriminaciones en la fijación de objetivos.
"Todas las comunidades deben de tener el mismo" recalca el consejero de Presidencia de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien asegura que su Gobierno no apoyará medidas que deriven en "españoles de primera y de segunda".
La consejera de Castilla y León Pilar del Olmo insiste en que el nuevo modelo deberá tener en cuenta a las comunidades que han cumplido en 2012, como es el caso de su región.
Esta es una opinión compartida con Castilla-La Mancha, cuya consejera de Empleo, Carmen Casero, confía en "la sensibilidad" del Gobierno con las autonomías cumplidoras.
En la misma línea se pronuncia el presidente extremeño, José Antonio Monago, quien advierte al Gobierno de que "cualquier objetivo de déficit que beneficie a las incumplidoras será una línea roja para nosotros".
Cantabria también adelanta que, si finalmente se opta por un reparto asimétrico, exigirá "medidas contundentes" para las autonomías a las que se les permitan mayores objetivos.
Sobre el momento en que se ha adoptado esta medida, la Xunta de Galicia señala que la ley de Estabilidad consiente distintos criterios para repartir el déficit y bajo ese punto de vista el Gobierno ha considerado oportuno abrir el debate.
"No nos negamos a abrir el debate pero siempre defenderemos los intereses de Galicia" subrayan.
Mientras, Baleares lamenta que el esfuerzo no sea igual en todas las comunidades y recuerda que las islas fueron la segunda autonomía con mayor ajuste presupuestario.
Autonomías de otro color como Canarias, gobernada por CC, creen que el debate se reabre por "la incapacidad" del Estado y algunas comunidades de adoptar medidas para ajustarse al objetivo de estabilidad.
En Andalucía, el portavoz parlamentario del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, advierte de que su partido se opondrá a que se destine "ni un céntimo de los andaluces" a "acallar las reivindicaciones independentistas" de Cataluña.
Asturias, la otra comunidad socialista, dice confiar en una "política financiera responsable" y advierte de que no consentirá que se ponga "el contador a cero" penalizando a las autonomías cumplidoras.
