Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han desvinculado este lunes los resultados electorales de los comicios en Asturias y Andalucía el próximo 25 de marzo de la respuesta ciudadana de la huelga general y apuntan que tal vez el Gobierno no piense lo mismo al retrasar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Ni un resultado favorable o desfavorable para el PP, va a influir sobre nuestra actitud el día de huelga", ha indicado Toxo, en rueda de prensa acompañado de Méndez, momentos antes de asistir a una asamblea de delegadas y delegados de Asturias en el Palacio de Congresos del recinto ferial 'Luis Adaro'.
Asimismo, ha incidido en que empieza a ser "sospechoso y preocupante" que desde un partido político cada vez que se quiere descalificar algo se le tache "de político", con referencia a las alusiones sobre que la convocatoria de huelga general tiene tintes ideológicos. Ha dejado claro que se convoca para modificar la "sustancia" de la nueva legislación laboral y para evitar un retroceso "serio" del modelo social en el país. "Esos objetivos seguirán después de las elecciones independientemente del resultado", ha apostillado.
En similares términos se ha expresado Méndez, quien ha justificado la fecha de la convocatoria de esta última porque se estará en un momento "álgido" del debate parlamentario, ya que el próximo día 26 termina el plazo de presentación de enmiendas. Unido a ello, ha considerado que el Gobierno central sí que toma en cuenta las elecciones asturianas y andaluzas para tomar decisiones de mucha envergadura, como es la presentación de los PGE.
Pese a ello, ha remarcado que el trazo grueso de los PGE se deduce de las cifras de techo máximo de gasto, por lo que ha augurado que serán "muy restrictivos", y, junto a la reforma laboral, traerán como consecuencia más paro y exigencias fortísimas de recorte a ayuntamientos, autonomías y Administración General, lo que será un golpe para los servicios públicos del país.
Sí puede ocurrir, según él, que el Gobierno, en función de las elecciones asturianas y andaluzas haga una transposición entre los resultados de los comicios y la propia huelga. "Volvería a equivocarse", ha advertido, antes de recalcar que no sería la primera vez que un partido tiene un resultado favorable en las urnas y luego una respuesta masiva en las movilizaciones sindicales.
Méndez ha acusado al Gobierno de aprovecharse "de manera inmoral" de la crisis para imponer esta reforma, cuyo efecto va ser "para después y para toda la vida". También les ha achacado el romper su contrato electoral, al hacer lo contrario de lo que decía que iba a hacer, como por ejemplo facilitar el despido y no la contratación, así como buscar la confrontación entre sectores, como empleados públicos y el conjunto de la ciudadanía, o los trabajadores con empleo fijo y parados.
Ha dejado claro, que con este tipo de decisiones este país no saldrá adelante, además de que aleja las oportunidades de recuperación de la economía española. Méndez ha destacado que la huelga general no es un envite entre la organizaciones sindicales y el Gobierno, sino del conjunto de la sociedad frente a unas políticas que no resuelven problemas, dificultan la salida a la crisis y harán una regresión social si no lo evitamos. Por este motivo, ha animado a secundar la huelga masivamente, para que el Gobierno tenga que llegar a la conclusión de que este no es el camino y que, mucho menos, lo aceptan los españoles.
RETROCESO DEL MODELO SOCIAL
Por todo ello, los responsables de las plataformas sindicales han animado a todos los ciudadanos a asistir a la huelga "porque supone un retroceso del modelo social y traerá una mayor destrucción de empleo". Y no solo eso, han considerado que además es "inconstitucional", al haber utilizado un procedimiento de urgencia cuando el propio Gobierno reconoce que no es previsible que cree resultados a corto plazo y calcula 600.000 parados nuevos. Un procedimiento, a juicio de Toxo, pensado solo para "burlar" el escenario de diálogo social, "y de un plumazo arruinar tres décadas de concertación en España", ha recriminado. Además, ha apuntado que la reforma laboral da "un vuelco completo" al Estatuto de los Trabajadores y es la "más lesiva por desequilibrada que ha conocido el país en Democracia".
Ha lamentado, al tiempo, que el presidente nacional, Mariano Rajoy, solo quiera hablar con gente de la que tiene garantizado el "aplauso previo" y no con los sindicatos sobre las propuestas que presentaron. "Ningún gesto en una actitud que lleva a pensar que el Gobierno cree la única legitimidad es la suya", ha lamentado.
Toxo ha remarcado que la huelga general la hizo ya "inevitable" su propio contenido, cuando se creó una nueva figura contractual, el contrato para emprendedores, que no hace otra cosa que establecer, si no lo remedia la huelga y las movilizaciones según él, "el despido libre, pero gratuito". Ha alertado que un 99,23 por ciento de empresas, las que tienen menos de 50 trabajadores, podrán contratar y despedir durante 364 días "sin coste".
A esto ha sumado que invade espacios del Estatuto Básico de la Función Pública y deja como vía de ajuste el despido, al no posibilitar el ERE de regulación temporal o de jornada en el sector público, con el agravante de que la reducción de ingresos en esas empresas públicas la determina el propio Gobierno con su política presupuestaria. Es más, ha alertado que hay quien aprovecha para inducir al Gobierno adentrarse en otros territorios, y ha aludido concretamente a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), de la que ha apuntado que insiste en la necesidad de regular la huelga. Toxo ha opinado que es "curioso" que ahora se acuerden cuando hay conflicto, cuando él piensa que no es necesario introducir cambios, o si acaso matizaciones en los servicios esenciales a la comunidad.
DERECHO A LA HUELGA
Ha incidido en que costó mucho conseguir unos derechos que ahora algunos quieren eliminarlos, como es el limitar el derecho a la huelga o extremar el rigor en los servicios mínimos, al tiempo que ha señalado que el sentido regresivo de las leyes laborales unida a los PGE "amenazan" el modelo social del país. "Estamos ante una cita que el Gobierno ha hecho ineludible", ha asegurado del próximo día 29.
Por parte de Méndez, el representante sindical ha destacado que estamos en una "cuenta atrás" al negarse el Gobierno a abrir la puerta de la negociación para discutir la reforma laboral. Ha advertido que no es una reforma laboral más, sino "un antes y después" para imponer una involución "de gran calado" en el ámbito social y laboral en este país. Como ejemplo, ha señalado que lo que hace la reforma es eliminar la negociación colectiva como referencia y dejar que sea el contrato de trabajo la única posibilidad de juego. Ha remarcado también que "prácticamente ata de pies y manos a los jueces de lo social", los cuales, según él, no están dispuestos a resignarse al pasar el contrato laboral a tener menos garantías que el mercantil.
