Madrid se compromete a hacer ajustes sin perjudicar la calidad de enseñanza

El ministro de Educación explica hoy a los consejeros de las comunidades autónomas su propuestas para ahorrar 3.000 millones en educación. Las que están gobernadas por el PP avanzan su apoyo a la medidas. Las consideran razonables y que no afectan a la calidad de la enseñanza. El ministerio apuesta por aumentar las horas lectivas de los docentes, algo que ya ha hecho la Comunidad de Madrid. José Ignacio Wert ha presentado a las CCAA un proyecto de real decreto-ley para subir un 20 por ciento el máximo de alumnos por aula y para fijar en 25 las horas lectivas del profesorado de infantil y primaria y en 20 las de secundaria obligatoria.

Se elimina "transitoriamente" la posibilidad de crear, en la educación no universitaria, nuevos complementos retributivos o retribuciones variables, entre otras medidas para "ayudar" a las CCAA a cumplir el objetivo de déficit autonómico del 1,5 por ciento este año.

Las bajas laborales inferiores a diez días lectivos se afrontarán con recursos humanos del propio centro; los módulos de FP media y superior de 2.000 horas se aplazan al curso 2014-2015; y se suspende la obligatoriedad de que los centros oferten al menos dos de las tres modalidades de bachillerato.

En conferencia de prensa posterior a la reunión con los consejeros de Educación, Wert ha precisado que son medidas coyunturales y estructurales, según los casos, que se aplicarían el curso próximo.

Cada comunidad podrá cumplirlas con "marcado carácter de flexibilidad" para "poner a salvo" la educación sostenida con fondos públicos sin perjudicar la calidad ni la equidad, según el ministro.

Ha aclarado que, "de ninguna forma", este plan sea una reforma educativa en sí, sino que propician las condiciones para que se pueda desarrollar en un futuro.

Ha explicado que el nuevo máximo de alumnos por aula es algo coyuntural, vinculado a la tasa de reposición de funcionarios de los presupuestos del Estado, así como el asunto de la carga lectiva del personal docente.

Actualmente, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece un máximo de 25 alumnos por aula en primaria y de 30 en secundaria obligatoria.

Hasta ahora no había normativa básica o estatal sobre las horas de docencia obligatorias, sino que cada comunidad tenía autonomía para determinarlas.

No obstante, la media venía siendo del entorno de las 24 o 25 en primaria y entre 18 y 21 en secundaria.

Entre otras comunidades, Madrid y Castilla-La Mancha ya han subido en este curso las horas de ESO de 18 a 20, lo que dio lugar a movilizaciones sindicales, incluidas huelgas de docentes de la enseñanza pública.

Sobre los módulos de FP citados, ha señalado que podría ser temporal por el aplazamiento de dos cursos, pero no ha descartado que mientras tanto se haya reformado este nivel educativo.

Será permanente la supresión de la obligación de ofrecer al menos dos modalidades de bachillerato, por razones de eficiencia, así como la norma de que los centros asuman con su propio personal las bajas docentes inferiores a diez días, que hasta ahora eran tres, según fuentes sindicales.

Según Wert, "una amplia mayoría" se han mostrado conformes con el plan del Gobierno, y si no se aplica, ha añadido, no se conseguirían los efectos planteados.

MADRID SE COMPROMETE A HACER AJUSTES SIN PERJUDICAR LA CALIDAD

De hecho, la consejera de Educación, Lucía Figar, se ha comprometido hoy ante el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y los responsables autonómicos del ramo a hacer ajustes en el sistema educativo, sin perjudicar la calidad de la enseñanza.

Así lo ha asegurado a los periodistas al término de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que el ministro ha presentado a los responsables autonómicos del ramo las medidas que el Gobierno va aprobar, mediante un real decreto ley, para facilitar a las comunidades el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Tras insistir en que la Comunidad de Madrid está "firmemente comprometida" en cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno, Figar ha anunciado que va a estudiar todas las medidas de ahorro y de racionalización del gasto, siempre que no dañen la "excelente calidad de la enseñanza madrileña".

"Nuestro compromiso es realizar ajustes en momentos de crisis sin perjudicar la calidad de la enseñanza", ha apuntado, antes de considerar "asumibles" las propuestas expuestas por Wert, que, según ha dicho, la Comunidad de Madrid ya ha llevado a cabo.

La consejera madrileña de Educación ha citado, entre ellas, el esfuerzo de pedir a todos los docentes de secundaria que impartan 20 horas lectivas a la semana.

Por parte, el consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, en nombre de todos los consejeros del PP, ha asegurado hoy que las medidas que se van a plantear en educación son "razonables, de máximos, y no obligan" a las CCAA, además de no afectar a los puestos de trabajo.

En declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de la Conferencia Sectorial de Educación, Marín ha asegurado que tras las medidas que se decidan hoy, las autonomías "tendrán la posibilidad de acogerse al máximo o quedarse como están", pero en ningún caso parece que vayan a afectar al empleo.

Por tanto, Marín ha comentado que los consejeros del PP vienen a esta reunión para apoyar unas medidas "razonables y necesarias" porque es necesario "salvar el sistema educativo", que se encuentra "en serio peligro", y lo harán desde el "mayor consenso posible" y "garantizando la calidad de la Educación".

El objetivo es, según Marín, lograr "medidas de racionalización del gasto" necesarias para conseguir estar por debajo del máximo déficit permitido.

La postura del PP, según el consejero, es "salvar la educación pero garantizando la calidad".

ANDALUCIA: "NINGUN SISTEMA EDUCATIVO MEJORA DESPIDIENDO PROFESORES

El consejero andaluz de Educación de la Junta en funciones, Francisco Alvarez de la Chica, señalado que los recortes en esta materia anunciados por el Gobierno central "tocan los cimientos del sistema constitucional", por lo que Andalucía, que se opone completamente a ellos, quiere "hablar de todo" y sin imposiciones y, al respecto, ha subrayado que "ningún sistema educativo mejora despidiendo profesores".

En declaraciones a los periodistas antes de participar este lunes en la Sectorial de Educación que reúne en Madrid a los consejeros del ramo de las diferentes comunidades autónomas y al ministro, José Ignacio Wert, De la Chica ha mantenido que no va a aceptar "así porque sí despedir profesores de matemáticas, de lengua o de inglés antes que a profesores de religión". "Hay que revisarlo todo y eso es todo", ha sentenciado.

El responsable andaluz no admite que el Ministerio "imponga" soluciones o medidas de recorte sin un "análisis" y ha denunciado que en cuatro meses de Gobierno del PP hemos conocido tres "hachazos", las medidas adelantadas el 30 de diciembre de no disponibilidad presupuestaria, el recorte a programas educativos recogido en los Presupuestos Generales del Estado y este último, "del que solo hemos tenido información a través de los medios de comunicación", ha denunciado.

CATALUÑA RECUERDA QUE YA HA HECHO LOS DEBERES

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegura este lunes que las medidas de ajuste propuestas por el ministro de educación, José Ignacio Wert, a las comunidades autónomas invade las competencias de Cataluña.

En este sentido se ha manifestado la consejera a los medios, tras asistir a la conferencia sectorial de Educación, que reúne a los consejeros del ramo y que ha presidido el ministro titular de la cartera.

Rigau ha indicado que el decreto presentado a las comunidades, contiene tres medidas que invaden "clarísimamente" el autogobierno de Cataluña: los relacionados con los horarios de los profesores y la sustitución, y la de los complementos.

"Vamos a pasar del café para todos, al café descafeinado para todos", ha aseverado la consejera, quien ha recalcado que estas medidas conllevan un desmantelamiento progresivo de las competencias de la comunidades.

Por ello, ha indicado que sale de esta reunión con una lectura nada positiva, ya que las comunidades no han podido participar en las propuestas, sino que han sido culpabilizadas del déficit, cuando éste debería abordarse desde "un punto de vista global y no sectorial".