Macrooperación policial con 39 detenidos en Ayuntamientos por presunta corrupción

  • Entre los detenidos el alcalde de Arroyomolinos, varios jefes de Policía Local y el empresario Ulibarri
  • El empresario Ulibarri, el jefe de la Policía de Fuenlabrada y el alcalde de Arroyomolinos de Cs, entre los detenidos

La Policía Nacional ha desarrollado este martes hoy una macrooperación en decenas de municipios españoles contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas, que de momento se ha saldado con 39 detenidos. 18 pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, del que parte toda la investigación, y otros cinco al Juzgado uno de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada, han informado a Efe fuentes policiales. El resto será puesto en libertad. La operación afecta a 44 Ayntamientos de toda España, 14 de ellos en la Comunidad de Madrid.

Ese es el principal balance de la Operación Enredadera, dirigida por esos dos juzgados con la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo desde primera hora de hoy por la UDEF de la Policía Nacional.

EL ALCALDE ARROYOMOLINOS, LA CONCEJALA DE SEGURIDAD DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA Y VARIOS JEFES DE POLICÍAS LOCALES

A falta de que se conozca el balance definitivo, entre los arrestados, figura Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos, que se ha convertido en el primer alcalde de su partido detenido por corrupción, así como el empresario José Luis Ulibarri, ya implicado en el caso Gürtel. También estan los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada, Pinto, el oficial de la Policía Local de Alcobendas (Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) o la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa, del PP. Asimismo, ha sido llevado a declarar el jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga.

Ha trascendido la detención de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.

Los agentes, además de las detenciones, han realizado 92 registros y 21 requerimientos de documentación en ayuntamientos, sociedades y despachos.

La operación salpica a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos.

CONTRATOS DE GESPOL, FILIAL DE SACYR

Los hechos investigados en la 'operación Enredadera', según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Al frente de la investigación, que continúa abierta, se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales. Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local".

Fuentes de la investigación han informado que la operación en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia y Teruel.

También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones, de Madrid; Tiana y Mollet del Vallés, de Barcelona; Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, de León; y Vélez-Málaga, de Málaga.

Además, por orden del juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.

También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí, de Barcelona; Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo, de Madrid; La Cistérniga (Valladolid); El Puig y Gandía, de Valencia; O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).