Con dos años de retraso, el gobierno andaluz aprueba la ley que regulará el reparto de ayudas públicas tras el escándalo del fraude con los cursos de formación. Ahora se pedirá que se justifiquen, después de que 1.800 empresas, muchas de ex consejeros y socialistas, y sindicatos fueran exoneradas de ello.
Lo anunció Susana Díaz hace 8 días. Y desde hoy figura en la página web de la Junta la lista de empresas que fueron exoneradas de justificar las ayudas a la formación.
Son más de 2.000 entidades a las que se perdonó el demostrar que habían impartido los cursos para parados por los que cobraron entre los años 2009 y 2012.
Una medida de gracia de la que también se beneficiaron UGT, CCOO, la patronal andaluza y 200 ayuntamientos.
Subvenciones para cursos y que acabaron, por ejemplo, en las cuentas de miembros de la Ejecutiva del PSOE Andaluz (como José Fernández, 300.000 euros en 2 años) o de exconsejeros como Angel Ojeda (50 millones defraudados, 5 de ellos otorgados a cuatro días de las elecciones).
La Junta hace pública ahora una "amnistía" que sólo ha amitido tras estallar el escándalo. Eso sí, en una lista incompleta y que no detalla sin detallar las ayudas recibidas. La gestión del caso provoca tensiones entre la presidenta y un consejero. El PSOE andaluz pide "criminalizar" sólo a "personas repugnantes" "¿Que cuándo va a comparecer Susana Díaz? Ya lo hizo: en Canal Sur Radio".
