La Junta de Andalucía recurre el auto que imputa a Magdalena Álvarez y 19 altos cargos

La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha recurrido el auto en el que la juez Mercedes Alaya imputa a 20 cargos y excargos de la Administración autonómica, entre los que destaca la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Alvarez.

Fuentes de la Junta han informado de que el gabinete jurídico de la Administración autonómica ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un recurso contra el referido auto, en el que la magistrada imputa también al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo 25 de julio.

La Junta de Andalucía ha informado de que basa su recurso al auto de imputación de veinte altos y ex altos cargos del Gobierno regional por los ERE irregulares en una "posible y futura petición de nulidad de la instrucción", ya que ha advertido que es una estrategia procesal "que barajan las defensas".

En un comunicado, el Gobierno andaluz ha añadido que el gabinete jurídico ha reclamado en el recurso una mayor motivación del auto de imputación de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que la "escasa" fundamentación de las imputaciones puede "comprometer" la validez de la instrucción y "poner en peligro" la recuperación del dinero.

Cabe recordar que, el pasado martes, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, señaló que el auto es "perfectamente recurrible" y en él se señala a personas que son "honestas, honorables y que han hecho un buen servicio a Andalucía". "Es un auto que parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal", según indicó el portavoz del Ejecutivo, quien apuntó que la Junta opina, al igual que importantes juristas, que hay cierta "inconsistencia" en el propio auto.

En el auto, la juez imputa también a los exviceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez, y de Empleo, Justo Mañas, así como al actual director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde, y a sus antecesores en el cargo Miguel Angel Serrano y Jacinto Cañete.

EL PARLAMENTO ANDALUZ RECHAZA CELEBRAR UN PLENO EXTRAORDINARIO

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, la propuesta del PP-A de realizar este mes de julio un pleno monográfico y extraordinario sobre el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tras el último auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el que se imputan a 20 altos y ex altos cargos de la Junta y que ha sido recurrido por la Administración autonómica hoy mismo.

Durante el debate de la propuesta, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Carlos Rojas, ha criticado duramente el rechazo de PSOE-A e IULV-CA a este debate sobre los ERE en la Cámara autonómica llegando a advertir de que, si no la aceptaban, como finalmente ha ocurrido, estarían manifestando con su actitud que "este Parlamento no sirve para nada".

"El fraude es tan colosal que si este Parlamento no está en investigar, descubrir, analizar y pedir responsabilidades políticas es que este Parlamento no sirve para nada. Y los que lo conforman no tienen la responsabilidad a la altura que le están exigiendo los andaluces. Esa es la realidad en el día de hoy", ha lamentado tras exigirle una rectificación a PSOE-A e IULV-CA que no se ha producido.

Frente a ello, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, y el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, han recriminado al PP-A que traiga esta propuesta a la Diputación Permanente después de haberse producido en el seno de la Cámara una comisión de investigación al respecto y "más de 600" respuestas, entre comparecencias orales y preguntas escritas, sobre este caso.