El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque prometen defenderlas por "las vías del diálogo y la negociación".
En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raúl Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa pide para todos la libertad provisional o una "medida cautelar menos gravosa", así como que Llarena les cite a declarar "a los estrictos términos de discutir los elementos relevantes para su situación personal".
Aunque en una parte del escrito los imputados destacan que fueron citados a declarar a la Audiencia Nacional "pese a ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña", después señalan que lo hicieron "ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno".
"El cese en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades de gobierno no se planteó como una estrategia defensiva, sino como una decisión personal de todos mis mandantes que, ante la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155, decidieron abandonar dichas responsabilidades políticas y asumir el reto electoral fijado por el Gobierno de España", explica la defensa.
También subraya que, en su opinión, en el denominado 'procés' no existen "indicios de la concurrencia de los delitos de rebelión y sedición, pues no hay constancia de los elementos típicos del alzamiento violento o tumultuario".
LA CONSTITUCION DEBE PROTEGER AL DISIDENTE
Es más, consideran que los hechos por los que se les imputa rebelión, sedición y malversación no son más que "el legítimo ejercicio de derechos fundamentales que deberían ser protegidos en lugar de perseguidos", ya que es "la propia Constitución Española" la que, en su opinión, debe "proteger al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante".
A pesar de ello, la defensa asegura a continuación que los exconsejeros "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña". Eso sí, recuerda que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".
"Mis mandantes no renuncian a sus convicciones políticas, que pasan (como han defendido siempre) por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas", afirman.
Por todo ello, los imputados consideran en su escrito al juez Llarena que existen "datos objetivos suficientes" que llevan a concluir que "no concurre riesgo de reiteración delictiva alguno", de modo que creen que ya no está justificado su mantenimiento en prisión.
DERECHO A HACER CAMPAÑA ELECTORAL
Junqueras y los exconsejeros de ERC argumentan también su condición de candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, "a diferencia" de cuando fue ordenada la prisión, en las listas de un partido que, según remarcan, es "una organización legal, como legales son sus fines".
"Ahora mis mandantes son actores políticos de un proceso electoral y en condiciones normales tendrían derecho a participar de los actos de campaña, así como tendrán derecho a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultasen escogidos, circunstancia que no se aventura improbable dada su posición en las listas electorales", explica su defensa.
A su juicio, los candidatos a unas elecciones "tienen el derecho a que se respete su reputación y que su imagen sea tratada de tal forma que no se influya en el proceso electoral ni se estigmatice de forma indebida su programa político", por lo que piden al juez del Supremo que valore este "nuevo elemento" que no pudo tener en cuenta la magistrada de la Audiencia Nacional cuando les envió a prisión porque entonces no eran candidatos, algo que "necesariamente debe influir" para decidir si mantener o no la medida cautelar.
NO HAY SUSTENTO PARA LA MALVERSACION
Con respecto al delito de malversación de caudales públicos, la defensa de los exconsejeros opina que no existe ningún "sustento argumental" para mantener la imputación y por eso recuerdan que el propio juez Llarena no impuso la fianza de 6,2 millones de euros a los exmiembros de la Mesa del Parlament, la misma que se le pide al Govern.
Además, subrayan que "dicha malversación está siendo ya investigada" en las diligencias que se llevan a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "por los mismos hechos y en las que se desestimó la admisión de una querella por los delitos de sedición y rebelión".
SÁNEZ DE SANTAMARÍA: DEMUESTRA LA FORTALEZA DEL ESTADO DE DERECHO
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido hoy que el hecho de que los exconsellers de ERC hayan acatado la ley ante el Tribunal Supremo demuestra "la fortaleza del Estado y del Estado de derecho".
En declaraciones en Barcelona, Sáenz de Santamaría ha valorado así el escrito del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los tres exconsellers de ERC encarcelados ante el Supremo para lograr salir de la cárcel. "No voy a entrar en la valoración que pueda hacer el Tribunal Supremo porque corresponde a las autoridades judiciales; me limitaré a la valoración política. Lo que se demuestra es la fortaleza del Estado y del Estado de derecho. Y todo el mundo, sobre todo los catalanes, se hubiera ahorrado disgustos" si hubiesen acatado la ley desde el principio, ha señalado Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta ha afirmado que, "además de darle explicaciones a los jueces, los independentistas deben dar muchas explicaciones a los catalanes del daño que les han hecho, para al final venir a reconocer que tienen que acatar la ley".Sáenz de Santamaría ha indicado, asimismo, que "todo el mundo, y especialmente los catalanes, se hubieran evitado muchos disgustos desde el punto de vista de la fractura social y económica" si los dirigentes independentistas hubieran "respetado la democracia" en lugar de moverse por "los cauces de la absoluta ilegalidad".
PABLO IGLESIAS CRITICA QUE SE PIDAN "ACTOS DE CONTRICCIÓN" A LOS EXCONSELLERS
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado hoy de "preocupante" que se pidan "actos de constricción" a los representantes públicos, como a su juicio se hace al exigir a los exconsellers catalanes en prisión que acaten el artículo 155 para salir de prisión. Iglesias, en rueda de prensa en el Congreso, y la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, han coincidido en manifestar que todos los demócratas deben estar satisfechos de que los candidatos que se presentan a las elecciones puedan concurrir "en libertad" y que los exconsellers catalanes "no deberían estar en prisión". Iglesias ha añadido que "a ningún demócrata le gusta que haya candidatos presos".
No obstante, al líder de Podemos le parece que, al margen de las tácticas de sus abogados, es "preocupante" que en España se plantee que tiene que haber "actos de constricción" y que los exconsellers tengan que decir que están de acuerdo con el 155 o la Constitución. En este sentido, ha recordado: "La nuestra no es una democracia militante", en la que se obliga a todos los representantes públicos a lanzar "vivas a las leyes" o la legalidad vigente. Por eso, ha lamentado esa "deriva" en la que se pide a todos los representantes públicos que se arrepientan de "pecados", lo que duda que sea compatible con la cultura democrática europea.
Irene Montero ha insistido "con rotundidad" en que Podemos quiere ganar las elecciones a los independentistas, pero no "poniendo a Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría de presidentes de Cataluña".
El líder de Podemos ha defendido de nuevo su posición sobre la posición de su partido ante una posible reforma constitucional, y lo ha hecho para criticar al PSOE por decir que nunca apoyaría el 155 y acabar apoyando al PP para suspender una autonomía a cambio de abordar la reforma constitucional en una comisión en la que iba a "participar todo el mundo"."Alguien mintió: o el PP engañó a Sánchez, o Sánchez engañó a todos los demás; la derecha no paga traidores", ha enfatizado.
RAFAEL HERNANDO (PP): EL 21-D NO LIMPIA SUS RESPONSABILIDADES PENALES
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha advertido hoy a los exmiembros del Govern que sus responsabilidades penales "no van a ser limpiadas por el proceso electoral" del 21 de diciembre en Cataluña. Hernando ha dicho alegrarse de que cada vez más miembros del "extinto" gobierno catalán "abracen la Constitución y el artículo 155" y y se comprometen a actuar "por las vías del diálogo y la negociación", en una lectura "amplia" de la Constitución.
Para Hernando, se trata de una "buena noticia", aunque "habría sido mejor" que no hubiesen violado en su momento la ley ni hubiesen impulsado este "golpe a la democracia" y les ha advertido de que sus responsabilidades "van a estar ahí" y "no van a ser limpiadas por el proceso electoral". "Tendrán que hacer frente a sus responsabilidades ante la justicia", ha continuado el portavoz popular, quien por otra parte ha subrayado, al cumplirse un mes de la aplicación del 155, que "la normalidad ha vuelto a Cataluña".
En su opinión, en este tiempo "se ha restaurado la convivencia" y el 155 ha servido para "rescatar las libertades y la democracia" con la convocatoria de unas elecciones tras las que espera que se abra una nueva etapa en Cataluña. Una etapa, ha añadido, que pase por "restaurar de forma más intensa" las normas de la democracia en Cataluña, respetar a mayorías y minorías y recuperar "lazos y afectos".
Por otra parte, Rafael Hernando ha considerado "deleznable" que el expresidente Carles Puigdemont haya intentado "acusar al CNI y al Gobierno de un atentado". "Ya está bien", ha dicho el portavoz del PP, quien ha señalado que el expresidente catalán debe darse cuenta de que hace "el ridículo cada día" y por eso le ha pedido que "se sosiegue" y vuelva a España "cuando pueda para afrontar sus responsabilidades".
