Interior otorga el tercer grado al carcelero de Ortega Lara por "razones humanitarias"

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado penitenciario para el secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga, por "razones humanitarias" y "a pesar de la entidad de los delitos cometidos" una vez estudiada la propuesta a favor elaborada por unanimidad este mismo viernes por la Junta de Tratamiento de la cárcel alavesa de Zaballa atendiendo a la salud del etarra. Además insta a esta prisión a que el lunes remita a la Audiencia Nacional el expediente sobre la idoneidad de otorgarle su libertad condicional con la que lograría su definitivo traslado a casa.

"Esta Secretaría General entiende que, a pesar de la entidad de los delitos cometidos por el penado, resulta indudable que tanto la gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las características del tratamiento mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia", explica Prisiones por medio de un comunicado.

En ese sentido, Interior apela "razones humanitarias" a la hora de "aprobar la propuesta del centro penitenciario y clasificar en tercer grado de tratamiento, a los exclusivos efectos de que se confeccione el expediente de libertad condicional por enfermedad".

"Por tanto, la Secretaría General insta a la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Zaballa a elevar el próximo lunes su expediente sobre la libertad condicional del recluso al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria", precisa.

CONDICIONANTES PARA EL PRESO

Prisiones pide además al centro penitenciario del que depende el preso que incorpore a dicho expediente de libertad condicional para ser sometidas al criterio del Juzgado Central de Vigilancia una serie de condiciones como el "alejamiento de las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de éstas" y la "prohibición de participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia, especialmente de la banda terrorista de ETA y/o hacer declaraciones de esta naturaleza, así como las que conlleven desprecio o desconsideración de las víctimas del terrorismo".

También se le prohíbe "ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia".

El tercer grado penitenciario supone que el preso sólo esté obligado a acudir a la cárcel para dormir por lo que esta medida no va a variar sustancialmente la situación de Uribetxebarria Bolinaga, ingresado en el Hospital San Sebastián por el cáncer que padece desde 2005 y que le ha producido metástasis.

La decisión del Departamento de Prisiones que dirige Angel Yuste ha adoptado esta decisión después de que el parte médico del centro sanitario pronosticase que el etarra tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir en el plazo de un año dada su enfermedad terminal e irreversible.

23 ETARRAS DESDE 1996

Esta corta esperanza de vida cumple los requisitos fijados por Interior en el año 2000 para iniciar un proceso de excarcelación. Desde el año 1996 son 23 los presos de la banda terrorista ETA a los que se les ha concedido el tercer grado penitenciario por motivos de salud.

Además, al amparo del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que atiende los "casos especiales" por motivos de salud se le concedió el tercer grado a un total de 351 presos comunes en 2007; 351 en 2008; 315 en 2009; 352 en 2010 y más de 300 en 2011, según los datos facilitado por Instituciones Penitenciaras.

Una vez aprobado el tercer grado, la situación del interno vuelve a depender de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa que en esta ocasión deberá elaborar un propuesta sobre la idoneidad de otorgarle la libertad condicional que, de ser aprobado por el juez, supondría su definitivo traslado a casa. A diferencia del tercer grado, la decisión sobre la libertad condicional depende en exclusiva del juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, o del juez de guardia que le sustituya.

CONDENADO A MAS DE 200 AÑOS DE CARCEL

Al encontrarse Castro de vacaciones, su sustituto es el juez central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, quien de momento ya ha solicitado a la Clínica Forense que remita un informe en el que le detalle si el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, que se ha declarado en huelga de hambre desde hace diez días para pedir su excarcelación, puede ser atendido del cáncer que padece sin salir de la cárcel.

Uribetxebarria fue condenado en junio de 1998 a 32 años de cárcel como responsable del secuestro más largo de la historia de la banda criminal y que mantuvo encerrado en un zulo durante 532 días al funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara. Además fue condenado a más entre 1998 y 1999 fue condenado a otros 177 años de prisión por asesinar a tres guardias civiles.

LA AVT HABLA DE "TRAICIÓN" A LAS VÍCTIMAS

La Asociación Víctimas del Terrorismo ha señalado este viernes mediante un comunicado que la concesión del tercer grado penitenciario al preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga, condenado por el secuestro de Ortega Lara y enfermo terminal de cáncer, confirma "la traición a las víctimas del terrorismo y al Estado de Derecho".

A juicio de la asociación, el Gobierno "ha cedido al chantaje" iniciado por ETA mediante la presión de las huelgas de hambre de sus presos con una decisión "que supone un daño quizá irreversible a la lucha contra el terrorismo y que desvanece las posibilidades de alcanzar una derrota total de los terroristas".

Las víctimas se preguntan cuál ha sido la base legal para la concesión del tercer grado a Uribetxerria Bolinaga porque tanto el Código Penal como el Reglamento Penitenciario establecen que la libertad condicional por motivos humanitarios para los enfermos terminales -que podría ser adoptada ahora por el juez Santiago Pedraz-, no es automática ni un derecho del preso, y que prevé como requisitos la buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción del rey.

Según la AVT, ninguno de esos requisitos son cumplidos por Bolinaga por su seguimiento de la huelga de hambre, a lo que se añade una "pésima y lamentable gestión de la cuestión" por parte del Gobierno desde el momento en que se decididió el traslado del preso de ETA desde León al País Vasco.

"Esto favoreció que el caso fuera utilizado por ETA como chantaje al Gobierno para lograr una flexibilización de la política penitenciaria", defiende AVT , que insiste en que lo ocurrido supone un "precedente nefasto" en la lucha antiterrorista. "El entorno de ETA ya ha anunciado más huelgas de hambre y se convertirá en algo habitual en los próximos meses", añaden.

Finalmente, la AVT recuerda que lleva meses exigiendo y reclamando firmeza al Gobierno, que es quien debe marcar la política antiterrorista. "Por último, en los últimos tiempos es ETA quien está marcando el ritmo mediante sus desafíos y chantajes al Estado de Derecho".