Interior admite que "hubo fallos de coordinación" en el dispositivo del 22M

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido este jueves que "parece que sí hubo fallos de coordinación" en el dispositivo policial desplegado durante el 22M, aunque ha preferido esperar al resultado de la investigación interna abierta en la Policía sobre este asunto.

El ministro, que ha eludido referirse a la posibilidad de que se vayan a llevar a cabo ceses de los responsables de ese operativo, ha insistido en varias ocasiones en no desviar el foco de la responsabilidad de los incidentes registrados, en alusión a los grupos violentos que agredieron a los policías.

Sobre la presencia de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el ministro ha negado que esta circunstancia llevase a los responsables policiales a dictar instrucciones diferentes a las habituales, es decir, que no se limitó la respuesta policial por la presencia de estos agentes internacionales.

Fernández Díaz, que ha hecho estas declaraciones en el acto de toma de posesión del nuevo responsable de la Guardia Civil para la Comunidad de Madrid, ha reivindicado que España "no necesita" observadores internacionales porque es un Estado de Derecho, pero ha pedido que, ya que estuvieron, informen de las actitudes violentas que sufrieron los policías frente al respeto por el derecho de manifestación.

CALIFICA DE "MUY ATINADA" LA PROPUESTA DE BOTELLA DE "ORDENAR" LAS MANIFESTACIONES EN EL CENTRO DE MADRID

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha considerado hoy "muy atinada" la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de "ordenar" la autorización de manifestaciones en el centro de Madrid, ya que según él "ningún derecho es absoluto".

"Pues mire yo tengo que decirle que lo que usted dice es una reflexión muy atinada", ha respondido Fernández Díaz, antes de recordar que "no existe ningún derecho absoluto", pues estos terminan donde empiezan los derechos de los demás, tal y como ha dicho "claramente el Tribunal Constitucional".

Es por ello por lo que la ley obliga a comunicar previamente las manifestaciones para que la autoridad competente, en este caso la Delegación del Gobierno, pueda hacer compatibles los derechos de todos, de tal forma que puedan aconsejar un cambio en la fecha, el horario o el itinerario.

Con todo, el ministro ha recordado que las resoluciones de las delegaciones están sometidas a control judicial y son los tribunales superiores de Justicia los que tienen "la última palabra". "Por desgracia son continuadas las resoluciones que deniegan las pronunciadas por la Delegación, que en no pocas ocasiones recomienda otro itinerario o fecha para hacer compatibles los derechos de todos", ha añadido el ministro.