La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha comunicado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que, a cuenta del contenido de las diligencias, debe designar a un procurador y a un abogado al objeto de personarse en la causa en calidad de imputado.
El propio Antonio Fernández ha informado a Europa Press de que, en efecto, la juez Mercedes Alaya le ha remitido un burofax en el que le comunica que, de las diligencias practicadas en esta causa, se deduce su "presunta participación" en los hechos investigados.
Los hechos, en concreto, son el libramiento de 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, además de una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA.
En este burofax, según ha detallado el ex consejero Antonio Fernández, la juez Mercedes Alaya le insta a designar a un procurador y a un abogado para personarse a todos los efectos en estas diligencias en calidad "de imputado". No obstante, Antonio Fernández ha considerado que se trata de algo "lógico" por lo que a los procedimientos judiciales se refiere, manifestando que se siente "muy tranquilo" por su labor al frente de la Consejería de Empleo.
GUERRERO ES "POCO CREIBLE"
El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía ha aclarado que la juez no le ha convocado a declarar en fecha alguna, pero de cualquier modo, ha señalado su "tranquilidad" ante esta decisión de la juez Mercedes Alaya. Y es que, desde su perspectiva, el testimonio del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien había calificado como "fondo de reptiles" estos 647.869.157,45 euros, es "poco creíble". "Estoy aguantando la situación", ha enfatizado Antonio Fernández.
En paralelo a estas diligencias, la Consejería de Empleo promueve una investigación interna en torno a estos expedientes de regulación de empleo, aspecto que se ha saldado hasta el momento con el descubrimiento de 59 'intrusos' o personas prejubiladas en empresas en las que nunca habrían trabajado, además de otras 87 incidencias relacionadas con prejubilaciones incentivadas con estos 647.869.157,45 euros que, según la Policía Judicial, habrían sido librados al margen de la necesaria fiscalización.
Estos expedientes de regulación de empleo en cuestión han sido promovidos por empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.
Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre los años 2004 y 2010 y ha ocupado escaño en el Parlamento andaluz como diputado del Grupo Socialista por Cádiz hasta finales del pasado mes de noviembre, cuando renunció al acta para dedicarse en exclusiva a su nueva responsabilidad como presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez.
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha afirmado este lunes que la decisión del PP de querellarse contra varios cargos del PSOE andaluz por las irregularidades en varios expedientes de regulación de empleo (ERE) "llega tarde", argumentando que fue la propia Junta andaluza la que llevó el caso a los tribunales "cuando tuvo sospechas".
En rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz, Iglesias ha aprovechado para transmitir el apoyo del partido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "por su trabajo" y por su gestión del asunto.
Respecto a la imputación en el caso del ex consejero Antonio Fernández, el dirigente socialista se ha limitado a dejar claro el "respeto" del PSOE a las decisiones que tome la justicia.
Desde el PP, en cambio, señalan que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está "cada vez más cercado" tras la "autoinmolación" de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y la imputación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández.
En rueda de prensa, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha denunciado la estrategia "burda e impresentable" que mantuvo el pasado viernes la consejera de Hacienda y Administración Pública cuando afirmó que Griñán "no conoció en ningún momento" los informes de la Intervención sobre los ERE irregulares.
Sanz ha señalado que Martínez Aguayo "mintió a sabiendas" con el único objetivo de "salvar a su jefe y amigo" -en alusión a Griñán-, ya que, en su opinión, el presidente de la Junta y entonces consejero de Economía y Hacienda tuvo que conocer "por imperativo legal" estos informes, que cuestionaban el procedimiento utilizado.
"Esta autoinmolación de Aguayo lo único que logra es hacer más culpable a Griñán", ha advertido Sanz, quien ha reiterado que la ley dice que "todos los informes" de la Intervención General tienen que ser remitidos al consejero de Economía y Hacienda, por lo que la situación de Griñán "es insostenible".
Según el dirigente del PP, todo esto confirma que el presidente de la Junta "supo, tapó y permitió" que este procedimiento administrativo "se siguiera haciendo", por lo que ha anunciado que su partido va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de los responsables de la Intervención que hicieron los informes en los años 2005, 2006 y 2007 advirtiendo de las "irregularidades".
Preguntado por la imputación del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, el dirigente del PP ha dicho que "respeta" todas las decisiones de la Justicia, pero ha advertido de que esto pone "aún más de manifiesto" la necesidad de que en el Gobierno andaluz se asuman responsabilidades políticas.
"Lo que parece claro es que la situación de Griñán es cada vez más insostenible y que se trata de un político cercado, de forma que la sombra de la sospecha es cada vez mayor", ha afirmado Sanz, quien ha añadido que como consecuencia de esta imputación se deben producir dimisiones en el Gobierno andaluz.
