El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha admitido este jueves la posibilidad de que todos los españoles acaben votando un cambio de estatus de Cataluña si el resultado de la consulta de autodeterminación y la posterior negociación con el Estado requiere una reforma de la Constitución.
En una entrevista de la Cope, ha reiterado que la consulta por sí sola no genera una situación jurídica nueva, sino que abre un período de negociación con las instituciones del Estado para ver cómo se encauza ese resultado y -si es necesaria una reforma de la Constitución- una votación del conjunto de los españoles.
La consulta "generaría un proceso de negociación donde se deberían modificar, si fuera el caso como consecuencia de este proceso, todas las leyes necesarias, incluida una reforma de la Constitución", ha explicado Homs, que ha recordado que el proceso de reforma de determinados artículos de la Carta Magna requiere que se pronuncien todos los españoles.
"Evidentemente la ley no prevé la independencia porque la Constitución dice lo que dice", ha reconocido el también consejero de la Presidencia, por lo que ha añadido que debería negociarse con las instituciones del Estado un cambio de las leyes si el resultado de la consulta fuese que una mayoría de los catalanes apuesta por que Cataluña sea un Estado independiente.
"La decisión vendría después de un proceso de negociación donde probablemente se debería volver a votar, entonces para todo el mundo", según el consejero, que asegura que al Gobierno central le molesta que se pueda saber lo que quieren los catalanes porque le obligaría a abrir un proceso que, según ha dicho, le da pereza.
Homs remarca que el objetivo de consultar a los catalanes es saber con precisión qué piensan sobre el futuro de Cataluña, y ha defendido que lo que debe hacer el Gobierno central ahora no es tanto responder si aceptaría un nuevo estatus para Cataluña, sino si está dispuesto a saber con exactitud qué opinan los ciudadanos de una de sus autonomías.
LEY DE CONSULTAS
El consejero de la Presidencia ha defendido que la celebración de la consulta es perfectamente legal, y que lo más fácil es que se rija por la ley catalana de consultas ante la previsible negativa del Congreso a traspasar a la Generalitat la competencia para celebrar referéndums mediante el artículo 150.2 de la Constitución.
"Es muy probable que esto acabe así", ha vaticinado Homs, aunque admite que lo ideal es que esta consulta pudiera hacerse de mutuo acuerdo con el Gobierno central, y ha lamentado que, si no se hace así, es por razones políticas y no de legalidad.
