El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha recordado este jueves en el Congreso que las medidas que se adopten para hacer frente a los desahucios no deben convertir el acceso al crédito o a la vivienda en un "privilegio", y ha asegurado que hasta 120.000 familias podrán acogerse a la moratoria recogida en el decreto ley, que se convalidará en el Pleno de la Cámara baja.
Así lo ha avanzado durante su defensa del decreto, afirmando que es un texto que "supone una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas" y reclamando el voto favorable de la oposición tanto al texto como a su tramitación como proyecto de ley para mejorarlo con las aportaciones de los grupos parlamentarios."Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder", ha defendido, abogando también por trabajar para mantener la tasa de mora en el reducido 3% actual.
Así, ha subrayado que el decreto tiene como objetivo "proteger a los colectivos de especial vulnerabilidad" con una moratoria del lanzamiento de dos años, periodo en el que el Gobierno confía que "puedan superar la situación de especial dificultad que atraviesan" ya que la mayor parte de los impagos son por circunstancias sobrevenidas como consecuencia de la crisis y el paro.
MEDIDAS DEL DECRETO
Para ello, se podrá aplicar la moratoria a quienes cumplan unas condiciones económicas como no superar tres veces el IPREM, que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos, que en los últimos cuatro años la hipoteca haya pasado a suponer un porcentaje mayor de los recursos familiares y que sea el crédito sobre la primera vivienda.
Además, podrán acogerse las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos, con un menor de tres años o con un miembro discapacitado; que haya al menos un parado que haya agotado las prestaciones, que convivan una o más personas con discapacidad, dependencia o enfermedad grave; o que el deudor sea víctima de violencia de género.
Según ha avanzado el ministro, hasta 120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria, aunque ha aventurado que no se llegará a esa cifra. Sin embargo, este dato no llega ni a la quinta parte de los 621.000 posibles beneficiarios que el propio Guindos anunció en Bruselas una semana después de presentar el decreto.
Junto con la moratoria de dos años en los lanzamientos, también se prevé el "impulso urgente" a la creación de un Fondo social de viviendas destinadas al alquiler a precios "muy razonables" para personas que han perdido su vivienda.
En este sentido, Guindos ha asegurado que el Gobierno ya tiene el "compromiso" de entidades financieras para aportar 6.000 viviendas al Fondo Social para alquiler que prevé el decreto. "No es lógico que haya miles de familias sin vivienda cuando hay miles de viviendas vacías", ha añadido el ministro.
MEJORAR EN LA TRAMITACION
"Estas son las medidas más urgentes, pero estamos convencidos de que tenemos que ir más allá y abordar mejoras en el funcionamiento del mercado hipotecario", ha dicho el ministro, que para ello cuenta con las aportaciones de los grupos parlamentarios.
En concreto, ha tendido la mano para estudiar aspectos como los intereses de demora, dar más independencia a las sociedades de tasación respecto a las entidades financieras, evitar en el futuro el sobreendeudamiento "fomentando conductas más prudentes en la compra de vivienda habitual", las cláusulas abusivas o la clarificación en la comercialización de las hipotecas más complejas.
"El decreto ley es para proteger a los deudores hipotecarios especialmente vulnerables de manera urgente, porque la situación lo requería. Pero continuamos abiertos al diálogo y la negociación política en su tramitación. El empeño del Gobierno es contar con las aportaciones de todos los grupos, y estaremos absolutamente abiertos a tomar nuevas actuaciones y queremos llegar a máximo consenso posible. Una situación de esta naturaleza no exige menos", ha añadido.
LA OPOSICIÓN CRITICA QUE LA NORMA QUE SUSPENDE LOS DESAHUCIOS ES RESTRICTIVA
Todos los grupos parlamentarios, excepto el del PP, han criticado el real decreto-ley que suspende los desahucios durante dos años al considerar que es restrictivo y deja fuera a muchos colectivos necesitados, aunque confiaron en poder introducir medidas que lo corrijan en la tramitación parlamentaria.
La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, calificó el decreto de "injusto y arbitrario", anunció el voto en contra de su grupo, y reprochó al ministro de Economía, Luis de Guindos, que en su afán de restringir el número de beneficiaros se ha dejado la norma "sin contenido"."Este no es un problema de marginalidad, sino de la clase media trabajadora de este país", aseguró.Rodríguez pidió una "moratoria real" que suspenda el procedimiento hipotecario, permita una renegociación y mantener la propiedad y el uso de la vivienda y suspender los "abusivos" intereses de demora.
La diputada de CiU Lourdes Ciuró afirmó que la norma debatida no ofrece soluciones y es "harto restrictiva por sus condiciones". Ciuró, que no aclaró el sentido del voto de su grupo, pidió que en la futura tramitación del proyecto de ley se introduzca la figura de un mediador que haga "trajes a medida" de cada situación y un contrato para seguir utilizando la vivienda y recuperar la propiedad de la misma cuando paguen sus deudas durante la ejecución hipotecaria.
Desde Izquierda Plural, Joan Coscubiela, criticó la "insensibilidad social e inutilidad política" del decreto y aseguró que los criterios para beneficiarse de la suspensión de un desahucio los ha redactado la patronal del sector bancario.
El diputado de UPyD Carlos Martínez también consideró "insuficiente" el decreto, pero avanzó que lo apoyarán porque cualquier medida que se adopte sobre el problema hipotecario debe tomarse en consideración.
Pedro Azpiazu, diputado del PNV, avanzó que votarán en contra al considerar que el decreto tiene un alcance "demasiado limitado" y que las exigencias requeridas lo hacen accesible a "un número demasiado reducido de casos".
Todos los portavoces integrados en el grupo mixto, excepto UPN, también se opusieron al decreto al considerarlo escaso y avanzaron que lo rechazarán en la votación de hoy.
Frente a todos los grupos, el diputado del PP Pablo Matos defendió la oportunidad de una norma que ataja de forma urgente los casos de colectivos más vulnerables.
