Guerrero dice que "las ayudas sólo las conocían los más próximos a la Junta"

Guerrero dice que "las ayudas sólo las conocían los más próximos a la Junta"

Segunda jornada de declaración ante la juez Alaya del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. La jueza sevillana investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía. Guerrero ha asegurado hoy que fue el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía y actual diputado del PSOE en el Congreso, José Antonio Viera, quien fijó los "criterios" para conceder las ayudas sociolaborales "de forma discrecional y sin publicidad", aunque "supone" que Viera hablaría de tales "criterios" con el Gobierno andaluz, "que le daría su respaldo".

Guerrero, ha asegurado que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "se comprometió" a otorgar tres ayudas por un valor total de tres millones de euros a las empresas de Angel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

Durante su segunda jornada de declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, Guerrero ha especificado que, siendo consejero del ramo, Fernández se reunió con el hermano del expresidente de la Junta y "se comprometió" a ayudarle con tres millones de euros en los años 2005, 2006 y 2007, a razón de un millón por año.

En este sentido, el imputado, que ha reanudado su declaración pasadas las 16,00 horas de este jueves, ha insistido en señalar al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien realizó "indicaciones verbales" para que se ayudara al sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello "a pesar de que en otros lugares también se fabricaba corcho".

La magistrada ha interpelado al imputado por las ayudas a la empresa Aglomerados Morell, y ha reconocido que el planteamiento fue "desvestir a un santo para vestir a otro", pues ha aseverado que se aprobó el ERE de la empresa y trasladar las instalaciones de la empresa desde Valencina de la Concepción a Villanueva del Río y Minas "con fines electorales y municipales" de cara a ayudar a la que fuera alcaldesa María José Cervantes. "No le cabe duda de que tenía interés en que se contratara a gente" en vísperas de las elecciones, ha dicho Guerrero.

En este punto, Guerrero ha llegado a señalar que el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "se comprometió" a otorgar subvenciones para la contratación de trabajadores en las nuevas instalaciones de Villanueva del Río y Minas. También se ha referido a la ayuda de un millón de euros aprobada a favor del Hotel Posada del Moro, ubicado en Cazalla de la Sierra, las cuales también se dieron "por indicación" de Viera, que "se comprometió personalmente" con los socios de este hotel, donde iba a comer los fines de semana.

AYUDAS DISCRECIONALES Y SIN PUBLICIDAD

Durante su segunda jornada de declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha dicho que se trataba de ayudas "discrecionales y sin publicidad", por lo que "lo lógico es que se enteraran de las mismas personas de su entorno, de la Consejería, de la Junta o de organizaciones sindicales".

"Todo el mundo sabía de esas ayudas, que se otorgaban de forma discrecional y sin orden reguladora, y nadie puso reparos", ha dicho el imputado refiriéndose al "IFA --antiguo Instituto de Fomento de Andalucía--, Consejería, consejero y viceconsejero", añadiendo que "la idea", por tanto, de conceder las ayudas de este modo "no fue suya", sino que "fue una idea política; eran directrices del consejero y del viceconsejero", ha llegado a decir Francisco Javier Guerrero.

Guerrero ha afirmado que él mismo elaboró órdenes para que "las conociera todo el mundo" pero no pasaron el "consejillo" de viceconsejeros que encabezaba el entonces consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.

El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado que él "entiende" que parte de las comisiones cobradas por las compañías aseguradoras "iban para los sindicatos", algo que opina "desde su experiencia profesional".

Guerrero ha dirigido sus críticas a Viera, que ordenó las ayudas a las empresas de los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago, pese a que a él mismo le parecían "excesivas, sin explicación y en un tiempo tan concentrado".

Ha reconocido que algunas de las ayudas "podían ser una maniobra para limpiar la empresa de trabajadores y luego venderla" como ocurrió con Cervezas Alhambra o Yogures de Andalucía, según han informado los abogados personados durante un receso de la declaración de Guerrero ante la juez Mercedes Alaya.

Por contra, el exdirector de Trabajo ha negado haber inducido a su conductor oficial, Juan Francisco Trujillo, a falsificar la firma de su madre para que recibiese una ayuda de 125.028,01 euros con la que saldar las deudas adquiridas por una empresa de su hijo y se ha mostrado "muy dolido" por esta acusación. Según ha explicado, fue el chofer quién le planteó si su madre podía conseguir una ayuda sociolaboral y tras ello Guerrero mandó los documentos a Vitalia, que luego le llegaron ya firmados por Estrella B., la madre de Trujillo. Guerrero también ha apuntado que su conductor oficial "conocía lo que se hacía con las ayudas por él mismo y por otras personas".

LA JUEZ REQUISA LOS TELÉFONOS MÓVILES

En cuanto al transcurso de la declaración, se ha producido un receso en el que la juez ha ordenado requisar los teléfonos móviles a todos los abogados presentes en la sala, después de la advertencia del juez decano, Federico Jiménez Ballester, de que se estaba transmitiendo casi en directo la información de la sala. Los dispositivos han quedado custodiados por la Guardia Civil en un carrito en otra sala distinta a la de la declaración.

La juez imputa a Guerrero hasta seis delitos, como son sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

Javier Guerrero afirmó ayer ante la juez que investiga los ERE irregulares que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas" y que en una ocasión el gabinete de la Presidencia de la Junta, que presidía entonces Manuel Chaves, le pidió "solucionar sí o sí" el problema de una empresa cordobesa porque iba a celebrarse un acto político.

Tras una primera jornada de seis horas, la declaración se suspendió a última hora de la tarde de ayer a petición del propio Guerrero porque se sentía cansado y "necesitaba aclararse", según informaron los abogados personados en la causa.

PARA LA JUNTA HAY QUE PONER SUS DECLARACIONES EN CUARENTENA

El presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, ha asegurado hoy sobre el caso de los ERE irregulares que "a fecha de hoy, nadie puede decir que esto haya sido cosa de un solo cargo de la Junta" sino que "todos saben" que es un "fraude generalizado". Arenas aseguró en Dos Hermanas que "se ha hecho un pésimo uso" de los fondos públicos y que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está "obligado" a ofrecer una "explicación detallada de todos los escándalos que se están conociendo".

Por su parte, la Junta de Andalucía cree que hay que poner en "cuarentena" las declaraciones de Guerrero. Asi lo ha señalado la consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno.En referencia a las declaraciones de Guerrero sobre Manuel Chaves, Moreno ha declarado que el hecho de que un presidente "en algún momento se interese por algún conflicto en Andalucía entra dentro de la máxima normalidad".