La Guardia Civil apunta que la Generalitat asumió algunos gastos destinados al referéndum ilegal del 1-O camuflados en distintos gastos que fueron gestionados por la asociación independentista Omnium (61.879 euros ) y por el grupo parlamentario Junts pel Sí (17.690,20 euros), según se desprende de uno de los últimos informes remitidos al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del 'procés' soberanista por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos. Además, eleva la factura de los observadores internacionales a 217.000 euros, de los que ya se han pagado al menos 119.000.
Los datos obran en un informe que detalla los gastos por partidas y acredita una supuesta malversación de 1.932.765,42 euros provenientes de fondos públicos: 502.639,61 euros de Publicidad; 980.313,76 euros de envíos de Unipost; 217.656,22 euros para los observadores; 61.879 de cartelería a través de Omnium y 17.690,20 euros del Teatro Nacional de Cataluña.
La mayoría de estos gastos fueron asumidos por la Generalitat de Cataluña, aunque algunos se hicieron a través de JxSí y Omnium. Esto supone elevar la cifra de la posible malversación en más de 300.000 euros, ya que hasta el momento, se había cifrado en 1,6 millones, según señaló el juez Pablo Llarena en su auto de procesamiento.
El informe, de fecha de 27 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, obra en la pieza separada sobre la malversación en el 'procés' cuyo secreto fue levantado este miércoles y detalla que la Generalitat, a través del Secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, utilizó Omnium Cultural "como sociedad interpuesta" para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar.
La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat las gestionó Omnium para ocultar que era el Govern el que debía sufragar los gastos de estos carteles, que la Guardia Civil fija en 61.879 euros entre impresión y reparto.
En otro momento, el informe dice a Llarena que ya se dio cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona --que investiga la organización del 1-O--, de la documentación aportada por el Teatro Nacional de Cataluña que desvela que el grupo parlamentario Junts pel Sí abonó 17.690,20 euros para un acto celebrado el 4 de julio de 2017. El contrato de cesión del espacio fue firmado por el exconsejero de Presidencia y excandidato a presidir la Generalitat Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario.
El acto, según la Guardia Civil, tenía como objetivo "difundir y alentar la participación ciudadana y sobretodo el voto del 'SI' en el referéndum". Añade que el grupo Junts pel Sí pudo emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la presentación del referéndum, y que como tiene que rendir cuentas de forma anual a la Mesa Parlamentaria ésta podría tener conocimiento de esta supuesta malversación.
INFORMES DE VIVER PI I SUNYER
En este punto, el Instituto Armado también informa al juez de que aún se están desarrollando otras líneas de investigación sobre el posible pago con fondos públicos de unos informes realizados por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer o su entorno relacionados con la preparación del referéndum; así como sobre el acondicionamiento de un 'call center' para centralizar los datos de la votación.
Sobre los equipos informáticos que precisaría este centro, situado en una nave anexa al Centre de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información*de la Generalitat (CTTI), se explica que aún está por determinar la cantidad efectiva destinada a ellos. Para ello están investigando un contrato con Fujitsu por un valor estimado de 40.227,78 euros.
GASTOS DE DIPLOCAT
Otro punto novedoso del informe señala que las instituciones Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea y el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), dependientes del procesado en prisión preventiva y exconsejero de Exteriores Ra~l Romeva han asumido gastos de fondos públicos que alcanzan la cantidad, según la Guardia Civil, de 217.656,22 euros.
Sobre la actividad de esta institución dependiente de Romeva, el informe destaca que el Supremo ya tenía conocimiento de dos transferencias realizadas ante la UE por importe de 119.700 euros, que sí se han acreditado como abonadas, a lo que habría que sumar un compromiso de pago de 47.365 euros del que aún se desconoce si se abonó o no. Del total de la diligencia, aún está pendiente por la Guardia Civil ejecutar los mandamientos judiciales que permitan aclarar si finalmente se pagaron estas actividades.
La Guardia Civil también ha remitido a Llarena un DVD que contiene toda las diligencias y demás documentos que acreditan estas manifestaciones, que igualmente tiene a su disposición el juez del número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, si bien el informe contiene datos que se han ido añadiendo posteriormente conforme avanzaba la investigación.
Entre ellos, los referentes al coste de la publicidad en medios relacionado con el referéndum, que la Guardia Civil fija en un total de 502.639,61 euros en anuncios en TV y en la campaña "SI o NO" referida al referéndum de independencia del pasado 1 de octubre. A ello se suman los 979.661,96 euros referentes al servicio de la empresa Unipost para el empleo de 56.196 sobres con el nombre de la Generalitat, valorados en 651,8 euros para su reparto y que contenían las designaciones de los componentes de las mesas.
NOTAS DE ENTREGA DE UNIPOST CON EL SELLO DE LAS CONSEJERIAS
Estas mismas diligencias recogen cinco facturas si IVA por un total de otros 979.661,96 euros --que si bien no constan como abonadas-- acreditarían la generación de gastos por los departamentos de Cultura (196.696,98 euros), Vicepresidencia, Economía y Hacienda (193.889,98), Salud (192.711,20), Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (197.492,04) y Presidencia (198.871,76 euros). Existieron dos intentos de cobro para un importe de 238.935,37 euros, según apunta la Guardia Civil, que coincide con el importe con IVA, y conceptos facturados existente en la factura intervenida, que UNIPOST tenía confeccionada para el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña.
La Guardia Civil subraya expresamente en el informe que sí que consta las notas de entrega intervenidas en Unipost fueron emitidas y registradas con el sello de salida en cada uno de los 5 departamentos señalados, "conociendo tanto el servicio que se estaba solicitando como el destinatario (UNIPOST) al que se daba la orden de pedido".
En cuanto al material electoral, la Guardia Civil explica también las diligencias de investigación que concretan en 152.578,63 euros el valor de lo intervenido en dos actuaciones judiciales de 20 de septiembre, cuando se incautaron más de 9 millones de papeletas para votar. Para ello la Guardia Civil valoró los precios presentados por cada lote de material electoral por las empresas homologadas --tomando el más bajo-- y fijó un gasto estimado de 92.209,03 euros.
Finalmente, y en este mismo capítulo de gastos, la Guardia Civil apunta una nueva partida de más de 60.000 euros de papeletas y sobres intervenidos en Igualada (Barcelona) el pasado 20 de septiembre en un camión de marca Iveco que transportaba el material del referéndum ilegal del 1 de octubre desde una empresa de Lezennes (Francia). Entre el camión y la nave donde descargaba se requisaron más de dos millones de papeletas y 1,8 millones de sobres.
RIVERA: ALGUIEN DEBERÁ DIMITIR EN EL GOBIERNO SI SE DEMUESTRA QUE SE USO DINERO PÚBLICO PARA EL 1-O
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que alguien deberá dimitir en el Gobierno si finalmente se demuestra que se usó dinero público para financiar el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, porque eso además significaría que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "mintieron" al asegurar que no ocurrió.
Rivera considera "muy preocupante" que el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del proceso soberanista catalán, Pablo Llarena, haya pedido a Montoro que le explique en qué se basa para afirmar que ni un euro de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que eso contradice las fuentes de prueba recogidas en la investigación judicial. "En este momento, lo que nos preguntamos muchos españoles es quién tiene razón, la Guardia Civil o Montoro, y yo tengo mi opinión. Creo que la Guardia Civil ha recabado información, el juez está pidiendo información y Montoro y Rajoy podrían haber mentido a los españoles en un caso tan importante", ha declarado tras asistir a un foro donde ha intervenido el ex primer ministro de la República Francesa, Manuel Valls, presentado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría.
El líder de la formación naranja ha recordado que, respondiendo a preguntas planteadas por su grupo, tanto Rajoy como el ministro de Hacienda negaron "rotundamente" en sede parlamentaria que los líderes independentistas hubiesen utilizado fondos públicos para financiar el referéndum. Tras señalar que el Ejecutivo central controla las cuentas de la Generalitat de Cataluña desde el 15 de septiembre de 2017, Rivera ha dicho que "sería muy grave que se demostrase que el PP no ha vigilado" dichas cuentas, intervenidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
"Ojalá no se haya destinado ni un euro, pero si se ha destinado dinero público y Rajoy y Montoro mintieron en la Cámara y mintieron a los españoles, tendrá que haber responsabilidades en el Gobierno", ha subrayado, añadiendo que Ciudadanos va a esperar a ver qué responde Hacienda al juez Llarena.
