La Guardia Civil está investigando en Melilla presuntos delitos de malversación, fraude, cohecho y tráfico de influencias en el seno de la Administración autonómica, relacionados con la adjudicación de contratos menores a distintas empresas.
Según han informado fuentes judiciales, los registros por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en concreto del Grupo de Delitos contra la Administración, se prolongaron durante toda la jornada de ayer, hasta entrada la madrugada, y en ellos se recabó abundante documentación.
En concreto, los agentes intervinieron en seis áreas del Gobierno melillense -Medio Ambiente, Bienestar Social, Festejos, Cultura, Seguridad Ciudadana y Economía- así como en las sedes de las empresas Himosa y Eulen, que trabajan para la Administración melillense.
Los registros se enmarcan en la denominada como operación Ópera, supervisada por el Juzgado de Instrucción número 4, que se inició en septiembre pasado con registros similares y que en octubre de 2013 provocó la detención de varios altos cargos de la Administración, entre ellos el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez.
Hasta Melilla se desplazaron para llevar a cabo las intervenciones de manera simultánea unos 60 agentes de la UCO, procedentes de Madrid, que permanecieron en las dependencias públicas más de catorce horas.
Muchas de las sedes intervenidas tuvieron que cerrarse al público, ya que los servidores fueron bloqueados. Ello ha conllevado distintas disfunciones, como la imposibilidad de obtener un certificado de empadronamiento.
Tampoco los empleados públicos de la Ciudad Autónoma han podido hoy recibir en sus cuentas bancarias su sueldo del mes, ya que, debido a la intervención de la Guardia Civil, no se pudieron autorizar las transferencias de las nóminas.
En declaraciones al programa La Mañana de la cadena Cope, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha mostrado tranquilo y ha dicho no entender el motivo del amplio despliegue realizado por la Guardia Civil.
Imbroda ha señalado que en el auto en el que se ordena el registro de las dependencias públicas se alude a "generalidades", por la presunta comisión de delitos, pero no se alude a quién ni cómo se han cometido presuntamente.
El presidente se ha quejado de la "lentitud" de la justicia, ya que la operación se inició en septiembre y podría prolongarse en el tiempo.
