El Gobierno convocará en enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar la situación del sector público empresarial y reducirlo, con el fin de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Consejo de Ministros ha analizado un informe procedente del Ministerio de Hacienda que cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración Pública y que necesariamente hay que disminuir. "Es una tarea compartida del Estado, de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales redimensionar el sector público para mejorar el control del déficit", ha señalado.
Sáenz de Santamaría ha indicado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera revisará el informe aprobado en 2010, cuyo objetivo era eliminar 515 entidades públicas o altos cargos, ya que sólo se han suprimido 69.
La vicepresidenta no ha avanzado la fecha exacta del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha dicho que la convocatoria partirá del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Asimismo, ha indicado que en esa reunión Montoro preguntará a los gobernantes de las diferentes administraciones públicas por qué no han cumplido con el objetivo de déficit para 2011 y les interpelará sobre los organismos que dependen de ayuntamientos y autonomías y que creen que deben mantenerse, fusionarse para reducir costes o incluso venderse.
"Queremos tener información exhaustiva del personal que tienen, sobre todo de los altos directivos de las entidades, y una valoración previa del futuro de estos organismos", ha puntualizado.
Sáenz de Santamaría ha recordado en que el Gobierno respeta la potestad que tienen las autonomías sobre las empresas públicas y entidades dependientes de sus gobiernos, pero ha insistido en que "todas ellas son muy conscientes de la necesidad de un proceso de reestructuración".
En este sentido, ha añadido que de 2004 a 2009 se ha incrementado en un 50 % el número de entidades públicas. No obstante, ha aseverado que algunas comunidades autónomas, como Baleares o Castilla La Mancha, han hecho un "esfuerzo considerable" en reducir puestos públicos y ha confiado en que el resto de las autonomías renueven el compromiso adquirido en 2010.
Sobre la reducción de entidades, agencias u organismos dependientes de la Administración General del Estado (AGE) ha lamentado la "opacidad" y "dispersión" que existe en la actualidad sobre el número exacto de estos organismos, que sólo conocen a través de los datos de 2009 procedentes de la Intervención General del Estado.
Por ello, ha recalcado que el presidente del Gobierno ha encargado a todos los ministerios que remitan un informe completo de "todas y cada una de estas entidades" dependientes de sus carteras con el fin de evaluar su estado, la dotación presupuestaria y su personal, para hacer una estimación de ahorro.
PACTARÁ CON LAS COMUNIDADES EL CONTROL PREUPUESTARIO
Además Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que en esa reunión se plantearán los mecanismos para que las comunidades autónomas cumplan con los techos de gasto y endeudamiento.
En este sentido, el Gobierno pactará con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "todos los mecanismos" para que las administraciones públicas cumplan con los objetivos de déficit, así como medidas que les permitan disponer de una mayor liquidez.
La vicepresidenta ha evitado referirse a la posibilidad de que los gobiernos de las comunidades autónomas deban someter sus presupuestos al control previo del Gobierno central, a pesar de que le han sido planteadas varias preguntas en ese sentido. Al respecto, Sáenz de Santamaría sólo ha dicho que está pendiente de elaboración la ley orgánica que desarrollará el principio de estabilidad presupuestaria introducido en la Constitución y en la que habrá techos de gasto, techos de endeudamiento, procedimientos para su cumplimiento y responsabilidades en caso contrario.
RECAUDAR 8.171 MILLONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Además el Gobierno espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 en la lucha contra el fraude fiscal, para lo que estudia mecanismos de prevención como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades.
Este cálculo se desprende del futuro plan general de control del fraude para 2012 que ha presentado hoy el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros, ha informado a su término la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La iniciativa de limitar el efectivo en determinadas transacciones para evitar el uso de dinero negro tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia.
Otro de los elementos del plan, que se hará público en breve, es la "autorregulación voluntaria". La idea es que "pequeños contribuyentes" puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador, ha concretado la vicepresidenta. De este modo la investigación contra el fraude fiscal, que según ha dicho va a intensificarse, podrá estar más centrada en los grandes expedientes.
Además, Sáenz de Santamaría ha confiado en contar con la colaboración de las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, así como con información de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas.
Entre 2005 y 2011 se recaudaron 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude, de los que 10.400 se ingresaron en 2011, año en el que creció un 3,6 % la recaudación.
