El Gobierno reformará la Constitución para limitar el déficit público

  • Bono, convencido de que hay tiempo en esta legislatura de cambiar la Constitución para fijar un límite de déficit
  • CiU cree que una reforma de la Constitución es una "tendencia necesaria"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido hoy a los grupos parlamentarios su apoyo a la reforma de la Constitución que ya negocia con el líder del PP, Mariano Rajoy, para incluir una regla de gasto que obligue a todas las Administraciones Públicas a controlar el déficit.

Zapatero ha pedido a los grupos que afronten con naturalidad una reforma que garantizará la estabilidad presupuestaria en el largo plazo y que se hará con la vista puesta en la próxima década, además de con la flexibilidad necesaria para que los presupuestos del Estado se puedan adaptar a los ciclos económicos.

No obstante, ha explicado que la regla tendrá que ser "objetivamente rigurosa" para impedir el crecimiento del déficit público estructural.

El anuncio de la reforma de la Carta Magna se ha producido en un pleno extraordinario del Congreso en el que se han convalidado las ultimas medidas del Gobierno para reforzar el cumplimiento del objetivo de déficit público para este año (6 % del PIB) en un momento de ralentización económica y turbulencias financieras.

En este sentido, Zapatero cree que se da "un clima favorable" para introducir en la Constitución "un tema concreto" que no servirá "para afrontar los problemas económicos más perentorios, sino para proyectar a futuro la idea de confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas".

Durante el debate, Rajoy ha explicado su apoyo a la reforma por coherencia con propuestas anteriores promovidas por los populares, en las que se apostaba por consensos políticos para que la Constitución recogiera principios de estabilidad presupuestaria.

No obstante, ha recordado que él mismo fue objeto de descalificaciones "en toda regla" por apoyar esta reforma en su momento y ha lamentado que el Gobierno no le hubiera apoyado desde el principio.

El presidente del Congreso, José Bono, ha advertido al PSOE y al PP de que deberán presentar esta misma semana su propuesta de modificación constitucional, porque en caso contrario no habrá tiempo antes de que se disuelvan las Cortes, en tanto que fuentes de ambos partidos han confirmado que el acuerdo está muy avanzado.

REACCIONES

Desde el resto de partidos, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha dicho que el cambio se refuerza como "una tendencia necesaria" en Europa, pero que su grupo esperará a "ver de cerca" la letra exacta de la propuesta.

Para el diputado de IU, Gaspar Llamazares, supondrá "la amputación del Estado del bienestar" y ha comentado que se trata de un tema "lo bastante serio" como para que sea sometido a referéndum ya que convertiría "una Constitución de consenso, en otra de derechas y ultraliberal".

La portavoz de ICV, Nuria Buenaventura, ha mostrado su desacuerdo porque la propuesta se ha hecho "de forma express" y porque supondrá "amputar" el estado social.

El portavoz del BNG, Franciso Jorquera, ha subrayado que sería mejor reformar el Tratado de la UE que la Constitución que, además, se hará "por la puerta falsa".

Para la diputada de CC, Ana Oramas, la reforma de la Carta Magna debería analizarse en un "pleno específico", mientras que el portavoz de UPN, Carlos Salvador, ha indicado que se trata de una reforma constitucional "exprés" que les "imponen".

La diputada de UPyD Rosa Díez ha dicho que una reforma es "imprescindible" pero que hay que afrontarla "desde la reflexión común y no con la imposición ajena".

En el mismo pleno, Zapatero ha avanzado que en el Consejo de Ministros de la próxima semana se prorrogará la ayuda de 400 euros para los parados sin prestación durante seis meses más y se mantendrán las bonificaciones para convertir los contratos temporales en contratos de fomento del empleo estable.

También se ampliará el plazo para que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) siga pagando ocho días en los despidos objetivos, indemnizados con 20 días por año trabajado.