El Gobierno recurre la Ley de Transitoriedad y la ley del código tributario catalán

EL Gobierno recurre ante el Constitucional la Ley de Transitoriedad catalana

El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada el jueves por el Parlamento de Cataluña, igual que un día antes decidió recurrir la ley del referéndum secesionista y su convocatoria para el 1 de octubre. También ha decidido recurrir la ley del código tributario que pretende crear una Hacienda propia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha dicho que al Gobierno le sorprende que la Ley de Transitoriedad, que pretende ser "la norma del ordenamiento jurídico catalán" hasta que se apruebe una "Constitución de la República catalana", no recoja el "derecho a decidir" en que basan su campaña los independentistas. "Parece ser que éste debe ser recogido a nivel estatal pero ni una palabra en esta ley", ha ironizado.

También ha comentado el hecho de que esa ley establece la subrogación de España en los tratados internacionales y el Derecho de la UE, "sin contar con España", y que el que regule una nacionalidad catalana independiente de la española, pero previendo la doble nacionalidad.

El Gobierno obtuvo este mismo viernes por la mañana el informe preceptivo del Consejo de Estado favorable a recurrir esta ley. A la espera de que la nueva norma se publique oficialmente, requisito necesario para su entrada en vigor, lo que ha hecho el Consejo de Ministros es autorizar al presidente Mariano Rajoy a presentar el recurso.

El Consejo de Ministros también ha autorizado a Rajoy, como estaba previsto, a recurrir ante el Tribunal Constitucional un artículo de la ley del código tributario, puesto que "el Gobierno catalán trata de impulsar una Agencia Tributaria Catalana y convertirla en una Hacienda propia".

Méndez de Vigo ha recalcado que ese código tributario, aprobado por Junts pel Sí y la CUP "con el rechazo del Consejo de Garantías Estatutarias", pretende "vulnerar competencias exclusivas del Estado para la garantía de la igualdad de todos los españoles". "El Estado da una respuesta rápida y eficaz a todos los intentos de vulnerar el orden constitucional; lo ha hecho y lo seguirá haciendo", ha remachado el portavoz del Gobierno.

EL GOBIERNO NO DUDA DE QUE LOS MOSSOS "OBEDECERÁN" AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho hoy que no le cabe "la menor duda" de que los Mossos d'Esquadra cumplirán la ley y "obedecerán" al fiscal general del Estado, "como lo harán todos los funcionarios". Méndez de Vigo ha señalado que los Mossos son la policía de "todos los catalanes, no de los secesionistas", y una cosa "son los políticos secesionistas que vulneran la ley y otra las personas".

"Personas -ha dicho- que saben que sus libertades están solo aseguradas en el Estado de derecho y en el cumplimiento de la ley".

Méndez de Vigo también se ha referido a que los ayuntamientos aún no han recibido la comunicación -porque el Constitucional aún no la ha enviado- que les explica que el referéndum es ilegal y les ha recordado que si participan "serán colaboradores innecesarios de una ilegalidad" y tendrán que "estar a las consecuencias". El ministro ha insistido en que hay que cumplir la ley porque si no es así "no hay respeto a nada".

Y, por ello, ha pedido, una vez más, a los ayuntamientos secesionistas que "rectifiquen, recapaciten y piensen que cometer actos ilegales de esa naturaleza es atentar contra la democracia". Preguntado por la posibilidad de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ceda locales municipales para la consulta, Méndez de Vigo, ha incidido en que confía en que "todos los alcaldes cumplan la ley".

En este sentido, ha considerado que tanto el fiscal general como el Tribunal Constitucional han sido "enormemente claros en esta materia" y que son delito todos los actos preparativos del referéndum independentista.

Por ello, el deber de todos los responsables públicos, incluidos los alcaldes, es "cumplir la ley", ha añadido.