El Gobierno Vasco propondrá un canon para las viviendas que, sin causa justificada, permanezcan vacías durante más de dos años y establecerá el derecho subjetivo a la vivienda para las personas con mayores dificultades de acceso y riesgo de exclusión social. Así se contempla en el anteproyecto de ley vasca de vivienda que ha dado a conocer el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, y que se presentará al Consejo de Gobierno para su aprobación a finales de año.
Hasta entonces, además de los procedimientos internos del propio Gobierno, se va a someter al debate de los ciudadanos, que podrán presentar sus propuestas a través de internet, y a la negociación con los ayuntamientos y partidos.
El anteproyecto tiene como principal objetivo, según ha explicado Arriola, convertir el derecho a una vivienda en "auténtico derecho exigible ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso".
Además, pretende regular el régimen jurídico de la vivienda de protección pública, reformular y reordenar los sistemas de prestaciones púbicas existentes de ayuda a la vivienda, regular la intervención en rehabilitación y regeneración urbana para eliminar obstáculos a estos procesos y definir el alcance del concepto de "función social de la vivienda".
El anteproyecto establece el derecho subjetivo a la vivienda para aquellos colectivos cuyo acceso al mercado libre les podría hacer caer en riesgo de exclusión social.
Para que la administración reconozca este derecho el ciudadano tendrá que tener vecindad administrativa en Euskadi, carecer de vivienda digna y no disponer de medios económicos para acceder a una vivienda libre, estar inscrito en el registro de Etxebide y tener unos ingresos determinados.
Mientras no se apruebe el correspondiente reglamento, se establecería que los solicitantes deberán estar registrados en Etxebide al menos cuatro años antes y los ingresos no deberán superar los 15.000 euros para familias de 3 o más miembros, los 12.000 de 2 miembros y los 9.000 de 1 miembro.
La satisfacción del derecho se realizaría con la puesta a disposición del solicitante de una vivienda en alquiler o, en su defecto, de una prestación económica.
Otro de los aspectos que prevé el anteproyecto es la consideración de vivienda vacía cuando esté desocupada de forma continuada durante más de 2 años, salvo que concurran motivos que lo justifiquen.
Este punto es la base para el establecimiento de un canon que "podrán imponer" los ayuntamientos por un importe de 10 euros anuales por cada metro cuadrado útil.
Arriola ha explicado que el Gobierno Vasco se reserva la posibilidad de aplicar con carácter general en la Comunidad Autónoma este canon si no lo aplican los municipios.
