El Gobierno prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que aumenta la protección a los colectivos más vulnerables, que quedarían así excluidos de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, y ha prorrogado hasta 2017 la suspensión de desahucios que vencía en mayo de este año.

El decreto ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y reducción de cargas financieras contempla que se eleve el límite anual de renta para acogerse al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, que pasaría de 19.170 a 22.365 euros en 2015.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de dar una segunda oportunidad a los deudores de buena fe, un proceso que ha sido posible porque la situación de la economía española ha cambiado.

Entre los supuestos de especial vulnerabilidad, según explica un comunicado, estarán incluidos los mayores de 60 años. También sube el límite del precio de compra de un inmueble, que podrá superar en un 20% el precio medio que calcula el Ministerio de Fomento, con un límite de 300.000 euros o 250.000 para la dación en pago.

Asimismo, se amplía hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos -desahucios- sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, que se amplían en términos similares a los previstos para el Código de Buenas Prácticas. Esto supone que los deudores hipotecarios con buena fe que cumplan los requisitos podrán solicitar que no se les aplique las cláusulas suelo dos años más.

De Guindos ha indicado que el código de buenas prácticas ha permitido ya que se lleven a cabo 3.500 daciones en pago, y más de 2.000 familias se han acogido al fondo social de vivienda, al mismo tiempo que se han paralizado más de 12.000 lanzamientos o desahucios.

En su último informe anual, el Defensor del Pueblo solicitaba la prórroga de esta medida, ya que, en muchos casos, la situación de vulnerabilidad de las personas acogidas a la exención de las cláusulas suelo "no ha variado, por lo que al finalizar la suspensión se van a encontrar peor que cuando se adoptó la misma". De hecho, indicaba el informe del Defensor del Pueblo, la deuda hipotecaria a la que no habían podido hacer frente en su momento es ahora mayor.

Además, el pasado 25 de febrero el Tribunal Supremo acordó que la banca deberá devolver las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo declaradas abusivas a partir del 9 de mayo de 2013, fecha en la que anuló aquellas que no cumplieran con los criterios de transparencia.

CHEQUE FAMILIA

Las familias monoporantales con, al menos, dos hijos y los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tengan a su cargo una familia numerosa o personas con discapacidad serán también beneficiarios del cheque familia. La medida, consistente en un impuesto negativo o "cheque familiar" se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2015, por lo que las familias que, con la reforma de las condiciones de acceso a las ayudas, tengan derecho a esta dotación, podrán solicitarla a partir de esta fecha.

"Podrán acceder, en todos estos casos, a la deducción de 1.200 euros anuales en cada una de las situaciones familiares acumulables entre sí", ha explicado Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa

AHORRO DE 3.000 EUROS PARA AUTONOMOS

Otra de las medidas aprobadas este viernes en Consejo de Ministros ha sido la regulación de una bonificación en la cotización de la seguridad social del 100% para los trabajadores autónomos que cesen durante un año su actividad laboral para atender al cuidado de personas con dependencia reconocida o de hijos menores de 7 años.

La concesión de la bonificación irá condicionada, según ha indicado la vicepresidenta de Gobierno, a que dichos trabajadores contraten a un tercer trabajador para que no cese la actividad. A juicio del Gobierno, la medida supondrá "un ahorro cercano a los 3.000 euros" que se acojan a esta posibilidad.

APROBADOS CAMBIOS EN LAS TASAS JUDICIALES Y LA LEY DEL PODER JUDICIAL

El Gobierno ha aprobado la revisión del sistema de tasas judiciales y el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la reforma de la ley del Poder Judicial supondrá "agilizar" los tiempos de respuesta de los tribunales.

Además, con esta reforma, que incluye también otras medidas para luchar contra la violencia de género, se quiere lograr "una mayor profesionalización" de los jueces. El Consejo de Ministros ha aprobado también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar nuevas tecnologías y un proyecto de ley que regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust.

EL GOBIERNO APRUEBA LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL PIVE, CON IMPORTANTES MODIFICACIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado la séptima edición del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con una dotación presupuestaria de 175 millones de euros y que cuenta con sensibles modificaciones en comparación con los programas anteriores.

Los beneficiarios de estas ayudas serán particulares, autónomos, microempresas y pymes y las características principales son las mismas que las de versiones anteriores, aunque incluye diferentes modificaciones. El primero de estos cambios es la obligatoriedad de que el beneficiario de las ayudas tenga la titularidad del coche a achatarrar durante al menos el año anterior a la compra del automóvil nuevo.

La segunda modificación contempla que el coche que se retira tendrá que tener la ITV vigente a la entrada en vigor del Real Decreto. El importe de las ayudas se mantiene sin variación, de forma que el Gobierno aportará 1.000 euros a la compra de un coche nuevo y 1.500 euros en el caso de que sea un vehículo de más de cinco plazas por parte de familias numerosas o para discapacitados. Estas cuantías se deben al menos igualar por parte de los fabricantes.

SE REDUCE DE 35 A 20 LAS PEONADAS MÍNIMAS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO O LA RENTA AGRARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley por el que reduce de 35 a 20 las jornadas mínimas necesarias que los trabajadores eventuales del campo tienen que reunir para poder acceder al subsidio y la renta agrarios.

La medida se aplicará en Andalucía y Extremadura para aquellos jornaleros que tuvieran 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses anteriores y que su ámbito temporal de aplicación es el de seis meses desde la entrada en vigor del decreto.

Sáenz de Santamaría ha explicado que se toma esta medida por la baja producción en la campaña del olivar y ha detallado que en Andalucía la producción de aceite de almazara se ha reducido más de la mitad