El Gobierno pide al Constitucional que abra la vía penal contra Forcadell

El Gobierno ha pedido hoy al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer las decisiones del alto tribunal e incurrir en un posible delito. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado hoy en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros de que éste es uno de los puntos del incidente de ejecución que presentará ante el Tribunal Constitucional.

Tal y como ha explicado, la presidenta del Parlament ha podido incurrir ya en un delito por desacato de una sentencia y un auto del Constitucional, y por ese "caso omiso" el Gobierno pide al tribunal que remita a la Fiscalía las actuaciones de desobediencia para que resuelva si hay que actuar por la vía penal. Sáenz de Santamaría ha señalado, además, que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, se ha puesto ya en contacto con los líderes del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos para comunicarles el contenido del incidente de ejecución visto en Consejo de Ministros.

Ha precisado la vicepresidenta que el posible delito de Forcadell tiene que ver con desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre de 2015, en la que anulaba el llamado proceso de desconexión. Y con desobedecer un auto del alto tribunal, de hace poco más de una semana, en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional.

Por ello, la resolución del Parlament sobre la vía unilateral hacia la independencia "no es sólo un desafío institucional; es un desacato al Tribunal Constitucional", ha remarcado la vicepresidenta. El incidente de ejecución tiene tres puntos fundamentales en los que el Gobierno solicita al Tribunal Constitucional que declare nulo y sin efecto jurídico alguno la resolución del Parlament, su suspensión inmediata, y en tercer lugar, la adopción de medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias del alto tribunal.

Este tercer punto implica a su vez que se requiera personalmente a Forcadell y a los integrantes de la Mesa del Parlamento catalán para que se abstengan de "la realización de cualquier actuación tendente a dar cumplimiento" a la resolución impugnada. Según ha indicado la vicepresidenta, en el incidente de ejecución se pide al Tribunal Constitucional que haga el mismo requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno.

Solicita también el Ejecutivo en funciones que se les advierta de que el incumplimiento del mandato del Constitucional puede llevar aparejadas sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado o incluso la apertura de la vía penal. Otra de las peticiones contenidas en el incidente de ejecución es la "prohibición expresa" de convocar aquellos órganos del Parlament con la finalidad de debatir y votar iniciativas que conlleven el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Ésta es la respuesta del Gobierno a la aprobación el pasado miércoles de las conclusiones del dictamen por el que se abre la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña. La resolución "incumple claramente el orden constitucional", ha afirmado la vicepresidenta, así como "una vulneración flagrante del Estado de derecho". A su juicio, además, la decisión del Parlament significa que se coloca "a una institución por encima de la voluntad democrática" de la nación española, que está situada en la Constitución y en su "máximo intérprete", que es el Tribunal Constitucional.

FORCADELL ACUSA AL ESTADO DE "COARTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN" DEL PARLAMENT

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha acusado hoy al Gobierno de querer "coartar la libertad de expresión" del Parlament y sus diputados y cree que sería "profundamente antidemocrático" inhabilitarla. En declaraciones a TV3, Forcadell ha reaccionado así al saber que el Gobierno central ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que abra la vía penal contra ella por desobedecer las sentencias del Alto Tribunal, al haber permitido el pasado miércoles la votación en el Parlament de las conclusiones del proceso constituyente, que abren la puerta a una vía unilateral a la independencia.

Según Forcadell, que está "convencida" de que cumplió con su "deber como presidenta del Parlament", están "coartando la libertad de expresión del Parlament y de los parlamentarios". A su juicio, resulta "muy triste" que el Estado pretenda frenar el proceso soberanista "a golpe de tribunal".

Forcadell ha recalcado que "aquí lo único que se hizo es cumplir el reglamento del Parlament", ya que antes de autorizar el debate advirtió a Junts pel Sí y la CUP -que habían pedido ampliar el orden del día del pleno para incluir la discusión de las conclusiones- de que el TC había emitido un auto que llamaba a evitar la votación.

La presidenta de la cámara catalana ha alegado que "cuando el pleno está constituido la única función de la presidencia y de la Mesa es ordenar el debate", pero "el pleno es soberano" para decidir si se incorpora o no un punto al orden del día. Según Forcadell, "la única vía que entiende el Estado español es la vía jurídica", por lo que "utilizarán" los "tribunales en contra de la política".

La reacción del Gobierno en funciones no le "extraña nada, desgraciadamente", porque el Estado siempre "judicializa" los conflictos políticos en lugar de "fijarse" en ejemplos como el del Reino Unido, que buscó "resolver políticamente" el debate sobre la independencia de Escocia, al autorizar un referéndum.

MUNTÉ: EL GOVERN NO SE MOVERÁ DE SU HOJA SOBERANISTA

La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha asegurado hoy que el Govern "no se moverá" de su hoja de ruta soberanista, decida lo que decida el Tribunal Constitucional, y ha calificado de "inadmisible" lo que ha tildado de "amenazas" del Gobierno a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Munté ha afirmado que "ningún tribunal puede pasar por encina de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas" en las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre. "El Gobierno español nuevamente amenaza, pero desde el gobierno de Cataluña no nos moveremos de nuestro camino, profundamente democrático, avalado por los votos de los ciudadanos que se pronunciaron a favor de la hoja de ruta, que continúa intacta", ha subrayado la portavoz del Govern, que ha añadido: "Pese a todas las dificultades que estamos encontrando, tiraremos adelante".

Munté ha expresado su "pleno apoyo" a Forcadell, que el pasado miércoles permitió la votación en el Parlament de las conclusiones del proceso constituyente, que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia. Para Munté, "sería del todo inadmisible e inaudito" que una presidenta de un Parlamento democrático fuese "apartada" por un tribunal por el hecho de haber permitido un debate "plenamente normal" en la cámara catalana.