Trabajo quiere elevar la edad real de jubilación hasta los 65,5 años

El Gobierno obligará a la jubilación forzosa al cumplir la edad legal y se recogerá en los convenios
El Gobierno obligará a la jubilación forzosa al cumplir la edad legal y se recogerá en los convenios

La Seguridad Social quiere retrasar un año la edad ordinaria de jubilación, hasta alcanzar los 65,5 años en 2048, como una de las medidas para lograr la sostenibilidad del sistema a largo plazo, si bien permitiría las jubilaciones anticipadas siempre que impliquen una mayor cotización.

En un encuentro con medios, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha coincidido con la propuesta avanzada esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de aplicar medidas para fomentar el retraso de la edad efectiva de jubilación, sin tocar la edad legal que alcanzará los 67 años en 2027.

La edad real de jubilación

Actualmente, la edad real de jubilación se encuentra en los 63,7 años (62,7 años incluyendo las clases pasivas), cifra que se situará en los 64,5 años en 2027, una vez desplieguen sus efectos la reforma de 2011 con la que la edad legal de jubilación llegará a los 67 años.

El planteamiento del Gobierno y la AIReF sería aumentar esa edad ordinaria en un año de cara a 2048, alcanzando así una edad real de jubilación de 65,5 años.

Partidario de modificar los requisitos de acceso a la pensión

Asimismo, el Gobierno es partidario de modificar los requisitos de acceso a la pensión, permitiendo una jubilación anticipada cofinanciada, es decir, en aquellos colectivos que acuerden aplicar unas mayores cotizaciones.

Respecto a la propuesta de la AIReF para extender el periodo de cómputo de años de vida laboral para el cálculo de la pensiones, pasando de los 25 años actuales a los 35 años, el Gobierno se muestra favorable y considera que no debería "producir efectos negativos".

El Gobierno comparte las reflexiones de la AIReF sobre los problemas demográficos de España, considerando "necesario un refuerzo considerable" de las políticas de familia y una política migratoria "abierta", alertando de los "riesgos" derivados de la restricción de entrada de inmigrantes.