El Gobierno endurece la persecución a las webs piratas

El Consejo de Ministros aprobó hoy un anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que incluye medidas para perseguir con más eficacia las webs de descarga ilegal, así como un reforzamiento del control y capacidad sancionadora de la Administración sobre las entidades de gestión de derechos de autor.

El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, dijo en rueda de prensa que la norma atiende sobre todo a dos objetivos: la demanda de "mayor transparencia" en las entidades de gestión y la necesidad de actuar contra quienes facilitan "a gran escala" la descarga ilegal de contenidos culturales.

El texto, que ahora será sometido a debate de de los sectores afectados y de los organismos consultivos antes de su remisión al Parlamento, previsiblemente después del verano, pretende dar respuesta en materia de lucha contra la 'piratería' digital a la inoperancia de la Comisión de Propiedad Intelectual, transcurrido un año de su entrada en funcionamiento.

El anteproyecto agiliza la identificación de las páginas que facilitan contenidos no permitidos y su persecución internacional mediante edictos electrónicos. A partir de la reforma, la comisión podrá solicitar a una web con contenidos piratas la retirada de catálogos completos de autores, sin tener que hacer la reclamación obra a obra, como ahora.

También se instaura un régimen sancionador para las webs piratas, con multas de entre 30.000 y 300.000 euros, y un mecanismo de requerimiento a las teleoperadoras y anunciantes que tengan acuerdos con páginas que faciliten descargas no autorizadas a que cesen esta actividad.

MULTA DEL 2% DE LA RECAUDACIÓN

En cuanto a las entidades de gestión, el Ministerio de Cultura podrá intervenir en una entidad de gestión que haya cometido irregularidades, imponiéndole una multa que podrá llegar hasta el 2% de su recaudación anual. Asimismo, estas entidades tendrán que hacer públicas en sus webs las tarifas y procedimientos de reparto de lo recaudado entre sus socios, tendrán fijados unos principios generales para la fijación de tarifas que impidan precios abusivos, y deberán recibir la autorización de la Administración para la creación de fundaciones o sociedades mercantiles.

El anteproyecto incorpora también un nuevo concepto legal de copia privada, como adaptación a la normativa comunitaria.