El Gobierno intensificará este mismo mes los contactos con los partidos para negociar la nueva Ley de Gobierno Local, que el Ejecutivo quiere sacar adelante este año con el máximo consenso y el acuerdo de todos, pero especialmente del PP. Así lo ha dicho el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, quien ha expresado el deseo del Gobierno de poner en marcha una nueva normativa que marque el futuro de los municipios y sustituya a la "caduca y trasnochada" Ley de Bases del Régimen Local, que data de 1985.
La Ley de Gobierno Local es una de las iniciativas que el Ejecutivo quiere aprobar en marzo para su debate en las Cortes, tal y como anunció el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Una vez que el Consejo de Ministros dé el pistoletazo de salida al anteproyecto, los responsables del Ministerio de Política Territorial mantendrán un primer encuentro con los de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y después con los diferentes partidos.
Se trata, ha dicho Zarrías, de lograr un texto que tenga el mayor consenso posible, toda vez que la ley debe ser "un instrumento y una herramienta que beneficie a los ayuntamientos y a la ciudadanía".
"Vamos a hacer un esfuerzo para conseguir ese consenso" y el acuerdo de todos, pero "fundamentalmente del PP", ya que este partido y el PSOE gobiernan más de 7.000 de los 8.116 ayuntamientos españoles, ha recordado el secretario de Estado.
La ley tendrá que dar respuesta a los estatutos de autonomía de segunda generación que, como el catalán o el andaluz, incluyen un título local, así como a sentencias del Tribunal Constitucional que han delimitado el campo de actuación de los municipios.
Modernizar el funcionamiento de los ayuntamientos para que su gestión sea más eficaz, dotarlos de mayor transparencia, otorgar a los alcaldes y a sus equipos de gobierno de más capacidad para poder ejecutar sus propuestas y a la oposición para ejercer su tarea de control, son algunos de los aspectos que incluirá la ley.
Pero también dotará a los entes locales de instrumentos que permitan la prestación más eficaz de los servicios a través de la interconexión municipal, ya que el 75 por ciento de las localidades españolas cuenta con menos de 5.000 habitantes. De este modo, la ley permitirá que los municipios sumen esfuerzos y recursos para que todos los ciudadanos pueden recibir "el mismo trato, vivan donde vivan", ha subrayado Zarrías.
Asimismo, la nueva ley establecerá un estatuto de derechos y obligaciones del vecino y, sobre todo, delimitará las competencias de los ayuntamientos, aunque Zarrías ha advertido que "nunca podrán cerrarse" porque las entidades locales "son verdaderas máquinas de descubrir competencias". Al tratarse de la administración más cercana, el ciudadano siempre acude al ayuntamiento cuando hay un problema y éste tiene que darle respuesta, ha explicado.
Pese a la reivindicación de algunos partidos de que esa ley vaya acompañada de una nueva financiación local, Zarrías ha dejado claro que sería "difícil y complicado" poner encima de la mesa un nuevo modelo cuando el objetivo ahora es reducir el déficit de todas las administraciones hasta el 6 por ciento. "Una vez salgamos de la crisis, estableceremos mecanismos de financiación que den a los ayuntamientos los recursos necesarios para gestionar sus competencias y atender las prioridades que cada alcalde entienda oportunas", ha indicado.
En cualquier caso, Zarrías ha resaltado el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en "los peores momentos de la crisis" al dotar a los ayuntamientos con dos fondos de inversión en 2009 y 2010, que suman 13.000 millones y que han permitido a las entidades locales ser "elementos clave" en la lucha contra la crisis.
Un esfuerzo que, según Zarrías, han valorado los alcaldes, sean del signo político que sean, y al que se suma el incremento en un 9 por ciento (1.500 millones de euros) en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).
