El Gobierno aprueba la ley que limita a 2.500 euros los pagos en efectivo

  • Ocultar bienes fuera de España estará sancionado con un mínimo de 10.000 euros
  • El plan integral de turismo contará con 1.800 millones en los próximos 4 años

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que recoge la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros, cantidad que asciende a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la aplicación de esta medida no afectará solo a las operaciones entre particulares, sino también a las realizadas entre empresas o profesionales.

Los contribuyentes que no informen sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados serán sancionados con 5.000 euros por cada dato omitido, con un mínimo de 10.000 euros.

Además se declara la "imprescriptibilidad" de las rentas no declaradas, que serán imputadas al último periodo impositivo de los no prescritos.

También se establece la exclusión del régimen de módulos para los empresarios que facturen menos del 50 % de su operaciones particulares, una exclusión que solo será para aquellos cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior supere los 50.000 euros.

EL PLAN DE TURISMO SERÁ de 1.800 MILLONES

El Plan Integral Nacional de Turismo, aprobado este viernes por el Gobierno, contará con una aportación dineraria que oscilará durante los próximos cuatro años, incluido el presente ejercicio, entre 1.600 y 1.800 millones de euros, ha anunciado hoy el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha precisado que se destinarán 438 millones del citado presupuesto en 2012, la misma cantidad que en 2013, mientras que en 2014 serán 460 millones 480 millones en 2015.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el turismo va a ser "una política de Estado", liderada desde el Gobierno con la colaboración de las administraciones y la público-privada para impulsar uno de los sectores clave para el crecimiento económico y de empleo.