El Gobierno ha aprobado hoy un real decreto ley que reduce en un 80 % las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en los recursos de algunos órdenes; y que devolverá las tasas cobradas a los futuros beneficiarios de la justicia gratuita.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la aprobación del decreto se produce tras un acuerdo con la defensora del pueblo, Soledad Becerril, para abordar cambios en algunos asuntos de la ley de tasas.
El decreto establece cambios en ley de tasas judiciales y anticipa la entrada en vigor de los beneficios de la justicia gratuita a determinados colectivos, que podrán reclamar el reintegro de las tasas abonadas desde la aplicación de la norma el pasado 17 de diciembre.
CAMBIOS PARA IMPULSAR LA COMPETENCIA ENTRE PETROLERAS
El Consejo de Ministros adoptó hoy nuevas medidas, tanto en el mercado minorista como mayorista, para modificar la ley de Hidrocarburos y fomentar la competencia en el sector con el fin de favorecer la estabilidad de los precios de los carburantes.
En concreto, para incrementar la competencia en el mercado mayorista, se refuerza la supervisión y transparencia de acceso a las instalaciones logísticas y se garantiza que los titulares de estas instalaciones permitan el acceso de terceros en condiciones no discriminatorias, transparentes y objetivas.
En el caso del mercado minorista, se eliminan las barreras administrativas y se simplifican los trámites para la apertura de nuevas estaciones de servicios, tanto en parques y centros comerciales como en zonas o polígonos industriales. Además, según informó Industria, de en establecimientos de inspección técnica de vehículos (ITV). Asi mismo, se aclara que la actividad de suministro de combustible al por menor es compatible con el uso de suelo para actividades comerciales en estas áreas y que la superficie de la estación de servicio no computará como superficie útil de exposición de venta al público, lo que aumentará el atractivo para que opten por la instalación en este tipo de áreas.
Además, se establece un procedimiento único en todas las comunidades autónomas para la apertura de nuevas estaciones de servicio. Y se agiliza la tramitación en el otorgamiento de las licencias.
Se fomenta la entrada de nuevos operadores y se limita el crecimiento en número de instalaciones de los principales operadores lo que incrementará, según el Gobierno, la competencia entre diferentes marcas.
También se limita la duración de los contratos de suministro en exclusiva a 1 año, prorrogable por 3 años. Se prohíben las recomendaciones de precio de venta al público lo que incrementará, según el Ejecutivo, la competencia intramarca.
Por último, se revisan los objetivos anuales de consumo y venta de biocarburantes para minimizar los precios de venta y favorecer la estabilidad en el sector, para alcanzar los objetivos comunitarios previstos para el año 2020.
EL GOBIERNO INCLUYE CONTRATOS ALQUILER, LUZ Y AGUA EN EL PLAN DE PROVEEDORES
El Gobierno ha incluido en la nueva fase del Plan de Pago a Proveedores contratos de arrendamiento de inmuebles o de servicios relacionados con sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. El Gobierno ha impulsado la ampliación del Plan de Pago a Proveedores con una dotación de más de 2.600 millones de euros para facturas anteriores a al 1 de enero de 2012.
Como novedad, se podrán adherir las entidades locales del País Vasco y Navarra incluidas en el modelo de participación en tributos del Estados y las mancomunidades de municipios. Además, se podrán beneficiar los municipios de la primera fase y las comunidades autónomas con nuevos contratos incluidos en esta etapa, entre ellos concesiones administrativas, encomiendas de gestión o convenios.
También los citados contratos de arrendamientos de inmuebles, los relacionados con sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
A ellos se unen determinados contratos de concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y de colaboración público-privada.
Desde el Gobierno, indicaron que en esta ampliación del plan se dará una segunda oportunidad a proveedores de entidades locales y comunidades autónomas.
Por otra parte, entre las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se establece un plazo de pago de 30 días para todas las operaciones privadas, ampliables "como mucho" a 60.
En este marco, se establece una mayor penalización de la mora, con un aumento de los intereses y con la obligación del pago de una cantidad fija.
