El Gobierno da hoy luz verde al Proyecto de Ley de Navegación Marítima

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El Gobierno tiene previsto dar luz verde durante el Consejo de Ministros de este viernes al Proyecto de Ley de Navegación Marítima, que modifica la legislación vigente hasta la fecha sobre navegación marítima, que data de 1985, para adaptarla a los convenios internacionales aprobados en los últimos años.

La reunión del Consejo de Ministros estará presidida por Mariano Rajoy y contará con la asistencia de todos los miembros de su Gabinete a excepción de los ministros de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

La norma ha sido elaborada por el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, en coordinación con el Ministerio de Fomento, aunque también han participado otros departamentos ministeriales, entre ellos el de Industria.

La Ley de Navegación Marítima, cuyo anteproyecto de ley ya recibió el visto bueno del Consejo de Ministros en noviembre de 2012, busca dar respuesta a la vocación de uniformidad del derecho marítimo, así como proporcionar seguridad jurídica al sector y reflejar la práctica actual del transporte marítimo en cuanto a los vehículos y sujetos, los contratos de navegación del buque, las responsabilidades y los contratos de seguros.

En el anteproyecto de ley ya se incluía una mirada importante a las responsabilidades en casos de accidentes marítimos y se delimitaban y establecían las responsabilidades civiles de cada una de las partes, como el armador, propietario y capitán de un barco, entre otros.

Esta delimitación de responsabilidades llega días después del fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el hundimiento del 'Prestige' en 2002 en las costas gallegas que condena a nueve meses de prisión al capitán del barco por un delito de desobediencia pero que no establece responsabilidad civil o indemnizaciones por los daños causados por el vertido.

Precisamente este mismo jueves, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Ejecutivo no renuncia al ejercicio de acciones de responsabilidad civil, cuanto termine el proceso penal, contra la naviera y la aseguradora del buque.