El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, han rubricado este miércoles en Madrid el acuerdo por el que se ha actualizado el pago del cupo vasco para los próximos cinco años y que incluye la devolución de 1.400 millones de euros del Estado a las haciendas forales por lo cobrado de más por este concepto desde 2007.
Montoro y Azpiazu han encabezado las delegaciones de las dos partes que se han reunido en la Comisión Mixta del Concierto Económico. Según lo previsto, han fijado que el cupo ascenderá a 1.300 millones de euros en 2017 y será la cifra base para calcular lo que Euskadi pagará en los próximos cinco ejercicios.
Sin embargo, lo que la administración vasca abonará efectivamente este ejercicio rondará los 945 millones, puesto que a esa cifra base se descontará el gasto de 215 millones en políticas activas de empleo, que tiene transferida el País Vasco, y la parte de esos 1.400 millones que el Estado va a devolver ya en 2017, un 10 por ciento del total, 140 millones.
Montoro y Azpiazu se han mostrado muy satisfechos por el acuerdo y la recuperación de la normalidad institucional, que han desvinculado de los votos que el PNV aporta en el Congreso al Gobierno para lograr sacar adelante los Presupuestos del Estado.
Ambas partes deben ahora acordar la reforma de la ley quinquenal del Cupo para los años 2017-2021, para lo que volverán a reunirse en julio. La norma recogerá la fórmula actualizada por la que se calcula este aportación de Euskadi al Estado por las cargas que este asume en el País Vasco.
ONCE ACUERDOS
El acuerdo alcanzado incluye once puntos, empezando por la revisión del cupo que se encalló y que ambas partes han consensuado ahora. Azpiazu ha recordado que debió renovarse el cupo tras la reforma del sistema de financiación autonómica de 2009, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, y que desde entonces se han arrastrado las diferencias.
Finalmente, se recoge que el Estado devolverá 1.400 millones al entender que los cobró de más desde 2007, además de la compensación por las políticas activas de empleo. La devolución se realizará a lo largo del quinquenio, en porcentajes anuales del 10, 15, 20, 25 y 30 por ciento. También se incluye la devolución por las políticas activas de empleo, este año valoradas en 215 millones que se descuentan del cupo de 2017.
La cifra base del cupo será de 1.300 millones de euros, pero en cada ejercicio el cupo líquido, lo que en realidad pague el País Vasco al Estado variará según los descuentos que se apliquen y que no serán los mismos de un año a otro.
También se incluye en el pacto un acuerdo sobre las compensaciones financieras provisionales para 2017, por impuestos como alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, entre otros; este capítulo supondrá una compensación a favor de Euskadi de 87 millones.
En otro punto, ambas partes acuerdan la participación del País Vasco en las dotaciones presupuestarias para la atención a la dependencia, en función de los datos definitivos de beneficiarios, lo que se instrumentará también mediante compensación en el cupo. Este acuerdo, según explica la parte vasca, mantiene en vigor el cálculo establecido ya para Euskadi en 2007.
Se recoge igualmente en otro capítulo la compensación por la implantación de la LOMCE, al ley de educación, que será cofinanciada entre el País Vasco y el Fondo Social Europeo al 50 por ciento.
PREOCUPACION POR MERCEDES
Azpiazu ha destacado otro de los asuntos recogidos en este acuerdo por su importancia para la parte vasca y es la creación de un grupo de trabajo para analizar los efectos tributarios del cambio de la estructura jurídica y operativa de la firma Mercedes, puesto que supone un "riesgo sistemático" para la hacienda alavesa (la marca tiene sede en Vitoria).
Las dos partes crearán un grupo de trabajo compuesto por cuatro representantes respectivamente, con el encargo de emitir un informe antes del 30 de septiembre de este año.
SIN AGRAVIOS Y CON TRANSPARENCIA
Pedro Azpiazu ha defendido el acuerdo porque está basado en la legalidad y la transparencia, ha dicho, a partir de los números de los presupuestos y sin que haya "vencedores ni vencidos". "Es muy positivo que tras diez años de discrepancias hemos restablecido la normalidad. Y eso tiene un gran valor, valor financiero, pero también político, la vuelta a la normalidad institucional", ha subrayado.
Cristóbal Montoro se ha mostrado también muy satisfecho por el acuerdo y la vuelta a las relaciones institucionales "normales". El ministro ha destacado la presencia hoy en la reunión del consejero vasco de Gobernanza, Josu Erkoreka, con el que ha tenido una "profunda relación política" de años de trabajo en el Congreso.
El responsable de Hacienda ha hecho hincapié en que no hay vencedores ni vencidos, como ha apuntado Azpiazu, pero tampoco agravio a las comunidades del régimen común, para las que se estudia ahora una reforma de su sistema de financiación.
Además, ha rechazado la acusación de que el sistema del cupo no es solidario porque no comparte que se utilice el término solidaridad para hablar de relaciones financieras entre administraciones, no sólo en el caso de las haciendas forales sino también de las demás autonomías; es un concepto a su juicio de otro terreno, no del económico, en el que de lo que se trata es de pagar impuestos y de que cada cual aporte según su capacidad y de forma obligada por la ley, mientras que la solidardad es "voluntaria".
Montoro ha añadido que también se está actualizando la financiación autonómica del régimen común, como se ha actualizado el cupo vasco, y que "nadie debería sentirse no actualizado, no digo no agraviado".
Preguntado por último por el malestar expresado por Carlos Monasterio por el acuerdo del cupo, experto de Asturias en la comisión que estudia la reforma de la financiación, Montoro ha asegurado que ha hablado con el Gobierno del Principado, el cual está considerando "la posibilidad de reemplazar al experto". "Sería conveniente que lo reemplazara", ha concluido.
