El Gobierno recuerda a Madrid que la competencia en calidad del aire es municipal o autonómica

El Gobierno recuerda a Madrid que la competencia en calidad del aire es municipal o autonómica

El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha recordado que la calidad del aire es una competencia del Ayuntamiento de Madrid y, en su caso, de las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno "en esto, no tiene posición".

Méndez de Vigo ha respondido así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la posibilidad planteada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, esta semana, por la cual, si llegado el caso se deben establecer cortes de tráfico por contaminación en la capital, se facilitase a los ciudadanos transporte público gratuito, pero que éste fuera sufragado por el Estado.

Para ello, la alcaldesa estaría buscando impulsar un grupo de trabajo en materia de transporte para buscar vías para que la financiación de este transporte gratuito fuera asumido o participado por la Administración central.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN PARA QUE SEA MÁS CLARA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que reúne toda la normativa existente en la Ley de Prevención y Control integrados de la contaminación "en aras de la claridad y la transparencia", según ha informado el ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

El ministro ha defendido que el Gobierno es "sensible a este tema" y que, por tanto en su primer Consejo de Ministros, el 11 de noviembre, presentó la ratificación del Acuerdo de París y ahora, con este Real Decreto "refunde todos los textos en vigor" en materia de prevención y control de contaminación "en aras de la claridad y la transparencia" que afectan a más de 6.000 instalaciones en toda España en las que se aplica.

Así, Méndez de Vigo ha destacado que uno de los "grandes" retos es la lucha contra el cambio climático, tal y como demuestran los acuerdos internacionales para combatirlo.

Además, ha precisado que el texto "mejora la calidad normativa" y la "seguridad jurídica" al incorporar en un "único texto legal" las distintas normas con rango legal que han modificado la Ley de Prevención y Control integrados de la contaminación desde su aprobación en diciembre de 2016.

Se trata de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, así como las distintas normas de rango legal que la han modificado desde su aprobación en 2002.

Según el Gobierno, con esta modificación se "regulariza, aclara y armoniza" su contenido y considera que esto redundará en la mejora de su aplicación y en la configuración de un ordenamiento más accesible, actualizado y de calidad.

Las 6.000 instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación se supedita a la obtención de una Autorización Ambiental Integrada, que debe concederse de forma coordinada cuando, en el procedimiento, intervengan varias autoridades competentes.

En este permiso, se fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua y la gestión de los residuos, así como la protección del suelo, que se basarán en las mejores técnicas disponibles en el ámbito europeo.

REDUCIR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA

El principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales más contaminantes se estableció con la aprobación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.

En esta Directiva se establecieron medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto.

Esta Directiva fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación (Ley IPPC).

Con el mismo principio integrador, la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, deroga la anterior directiva y trata de incorporar las conclusiones de la 'Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica', la 'Estrategia temática sobre la prevención y reciclado de residuos', y la 'Estrategia temática sobre la protección del suelo', lo que dio lugar a la modificación de la normativa española en vigor, para su transposición, con el objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras de la salud pública y ambientales asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad, y fomentando la innovación técnica.