El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha dicho hoy que espera que "alguien entre en razón" y que el asunto en Cataluña "se solucione como se tiene que solucionar". Preguntado al respecto, García-Escudero reconocía que hay que "actuar" ante anuncios como la resolución para iniciar el proceso independentista en Cataluña y ha recalcado que la Diputación Permanente puede para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite suspender la autonomía.
Instantes antes de la constitución de la Diputación Permanente, García-Escudero ha subrayado en declaraciones a los periodistas que este órgano tiene todas las competencias del Senado una vez disuelto y convocadas las elecciones.
"Al estar disuelta la Cámara y no haber comisiones, la Diputación Permanente asume todas competencias", ha resuelto el presidente del Senado, quien ha explicado que, para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se seguiría el mecanismo dispuesto en el Reglamento del Senado.
Preguntado si cree posible ese escenario, ha respondido que "posible es, puesto que está contemplado", de la misma manera que se puede adoptar otras medidas, como el recurso ante el Tribunal Constitucional.
"Medidas hay", ha afirmado García-Escudero, quien, no obstante, espera que "alguien entre en razón" y que el asunto "se solucione como se tiene que solucionar".
Pero ha insistido en que, si no es así, "ante una medida como la anunciada por el Parlamento, lo que hay que hacer es actuar, que así está contemplado en la propia Constitución".
EL MINISTRO DE JUSTICIA: "HAY QUE IR PASO A PASO Y GUARDAR LA PROPORCIÓN RAZONABLE"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que "hay que ir paso a paso y guardar la proporción razonable" ante la moción pactada por Junts pel Sí y la CUP sobre la independencia de Cataluña y ha defendido que "hay que tener la firmeza que garantice que el Gobierno va a cumplir con su responsabilidad y obligación".
Catalá, que ha asistido en Valencia al Congreso de la Unión Internacional de Abogados, ha dicho a los periodistas que el Gobierno recurrirá al Constitucional si el Parlament aprueba una declaración de independencia e incumple la Carta Magna.
"Si finalmente el Parlamento de Cataluña aprueba alguna declaración que los servicio jurídicos del Gobierno considerase que incumple la Constitución, por supuesto que presentaríamos la impugnación ante el propio Tribunal Constitucional", ha afirmado.
"Hay que tener seguridad de que existen instrumentos legales suficientes y el Gobierno tiene toda la firmeza y seguridad de ir adelante con la garantía de nuestro modelo de convivencia", ha sostenido.
DIFERENTES POSIBILIDADES
Echar mano del polémico artículo 155 de la Constitución o recurrir a la reciente reforma de la ley del Tribunal Constitucional para frenar el órdago independentista son las opciones que barajan expertos constitucionalistas que, incluso, no descartan la posibilidad de acudir a la vía penal.
Justo un mes después de las elecciones catalanas del 27 de septiembre, Junts pel Sí y la CUP presentaron ayer en el Parlament una declaración independentista, a la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido asegurando que utilizará todos los instrumentos políticos y jurídicos en defensa de la soberanía del pueblo español.
"Todos son todos", recalcaron después fuentes del Gobierno a Efe, que se ha puesto en contacto con varios expertos constitucionales para conocer el abanico de opciones que tiene el Ejecutivo para frenar a los soberanistas.
Las preferencias pasan por el artículo 155 de la Constitución, que permite llegar a suspender la autonomía, o que se aplique la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que da capacidad a esta institución para actuar contra los cargos públicos que incumplan sus resoluciones. Pero entre esas dos actuaciones se ha abierto paso la opción penal.
VÍA PENAL
De esa opinión es el catedrático de Derecho Constitucional Luis Aguiar, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y catedrático de la Universidad Carlos III, para quien hoy por hoy desde el punto de vista jurídico la única posibilidad es perseguir criminalmente a quienes presentaron el documento. "Si es delito, y a lo mejor lo es, es la única vía por la cual a lo mejor se puede individualizar en las tres o cuatro personas que presentaron la declaración", ha dicho a Efe Aguiar, si bien ha reconocido que la vía penal puede ser excesiva en términos políticos y que antes habría que agotar otras alternativas.
También el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras cree que la Fiscalía podría actuar ya para determinar si hay un delito de rebelión contra el orden constitucional, según ha señalado en Onda Cero.De Carreras es muy gráfico al apuntar que si a él le ponen una multa por aparcar mal el coche, quiere que a los demás también les hagan cumplir la ley. Y más aún en el caso de los políticos. "Que piensen los que han firmado este documento que no todo se puede hacer, que hay leyes y que hay que cumplirlas (...) Sólo por el contenido se podría iniciar alguna actuación", opina.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, no lo ve tan claro. En declaraciones a Efe, Arbós interpreta que para que se diera el supuesto de rebeldía tendría que haber un alzamiento público y tumultuario, y no aprecia que eso ocurra con esa declaración.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lo que sí tiene en sus manos el Gobierno es la impugnación ante el Tribunal Constitucional -describe Arbós- y, en ese caso, se estaría en una situación muy similar a la ocurrida a comienzos de 2013, cuando el Parlament aprobó una declaración soberanista, que el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional tras ser recurrida por el Ejecutivo.
Al tratarse de una mera declaración, sus efectos prácticos se acabarían en ese momento, añade, y el Tribunal Constitucional podría no tener margen para aplicar medidas coercitivas como la de suspender en sus funciones al presidente de la Generalitat.
Otra cosa es que la Cámara o el Govern catalán decidieran poner en marcha actuaciones para crear estructuras de Estado como una hacienda propia o una seguridad social. En ese caso, según Arbós, ya sí se podría considerar que hay una vulneración.
El catedrático de Derecho Constitucional vasco Javier Corcuera estima que sí podría aplicarse la reforma del Tribunal Constitucional, si bien no cree que arreglara nada.
ARTÍCULO 155
En cuanto al controvertido artículo 155 de la Constitución, Javier Corcuera resta dramatismo a su contenido y al hecho de que disponga que el Gobierno podrá adoptar "las medidas necesarias" para obligar a una comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general.
"Las medidas necesarias pueden ser meter en la cárcel a todo el mundo o una cosa mucho más sencilla, que es anular jurídicamente los actos", apostilla Corcuera en declaraciones a Efe.
No se muestra optimista sobre cómo se resolverá este asunto porque, a su juicio, donde "no hay sentido común" y hay "ganas de enfrentarse" es "muy difícil todo".
Para el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas el artículo 155 se puede aplicar de manera rápida, porque no necesita desarrollo legislativo.
Una medida "excepcionalísima" para responder ante lo que Rodríguez Arribas ha calificado en la COPE como un golpe de Estado "lento", enmascarado bajo la pretensión de que es democrático y pacífico.
Teniendo en cuenta que las Cortes Generales están disueltas tras la convocatoria de elecciones generales, Xavier Arbós no cree que se pueda aplicar el artículo 155.
El primer paso sería que el presidente del Gobierno enviara un requerimiento al presidente de la Generalitat instándole al cese de los comportamientos o actuaciones que pongan en peligro el interés general o el orden constitucional.
Si el requerimiento no es satisfecho, haría falta la aprobación por mayoría absoluta en el Senado de las medidas necesarias para obligar a la comunidad al cumplimiento forzoso de esas obligaciones, pero para esto, según Arbós, habría que esperar a la constitución de las Cámaras el 13 de enero.
