El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha reiterado hoy que las víctimas de violencia machista no sólo estarán exentas del pago de tasas judiciales sino también del coste de abogado y de procurador en virtud de la nueva Ley de Justicia Gratuita.
Así se ha referido Ruiz-Gallardón al ser preguntado por los periodistas antes de clausurar del congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sobre la propuesta del PSOE de que las víctimas de malos tratos no paguen las tasas judiciales.
Si bien esta iniciativa es "loable", el ministro de Justicia ha defendido que es "insuficiente" ya que el proyecto del Gobierno es "más ambicioso" pues excluye a las víctimas de violencia de género del pago de las tasas, del pago del abogado y del procurador.
Una propuesta, ha recordado, que será incluida en la próxima Ley de Justicia Gratuita.
EL PSOE EXIGE UN DECRETO QUE PARALICE LAS TASAS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El PSOE exigió este jueves al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que presente inmediatamente ante el Consejo de Ministros un decreto que paralice la aplicación de tasas judiciales en los procesos de separación o divorcio de mujeres víctimas de violencia de género. Así lo explicó la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, tras reunirse con representantes de organizaciones profesionales y sociales, con las que el PSOE comparte un objetivo claro: "Parar la ley de tasas judiciales".
El PSOE trabaja en un recurso que presentará ante el Tribunal Constituional antes del 21 de febrero, en el que incorporará la especificidad de las mujeres víctimas de violencia de género que están teniendo que pagar tasas para iniciar procesos de separación o divorcio.
A pesar de que el Gobierno aseguró que las víctimas de violencia de género estarían exentas del pago de tasas, "es mentira" y están teniendo que abonarlas para intentar "salir del infierno de la violencia".
Por ello, mientras perfilan el recurso y el Constitucional delibera, reclaman al Gobierno, "experto en decretos ley", que este viernes apruebe uno para que Ruiz-Gallardón "cumpla su palabra" y exima a las víctimas de violencia de género.
Abigail Fernández, representante del Sindicato de Secretarios Judiciales, alertó, además, de que la complejidad en la aplicación de esas tasas está provocando que los diferentes juzgados estén alcanzando distintos acuerdos, y que, por tanto, el procedimiento que tienen que seguir los ciudadanos sea diferente según el juzgado.
Filomena Peláez, presidenta de la subcomisión de violencia de género del Consejo General de la Abogacía, aseguró que todos los decanos están en contra de una ley que consideran "injusta", por suponer, dijo, una "traba insalvable" para muchos ciudadanos.
Por su parte, Verónica del Carpio, representante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, anunció un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que desarrolla el formulario de las tasas como medida para paralizar la ley mientras delibera el Constitucional.
Instó además a todas las asociaciones, de inmigrantes, de ecologistas o de representación de cualquier colectivo, que hagan lo mismo para "inundar" la Audiencia Nacional de recursos similares y mostrar así la "voluntad general" de paralizar la aplicación.
