El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que las protestas de jueces, fiscales o abogados responden a "intereses legítimos pero corporativos" y ha preguntado cómo no van a quejarse los magistrados si el Gobierno les ha quitado la paga extraordinaria de Navidad y ha reducido de 18 a 12 los días de asuntos propios. En el foro organizado por ABC-Deloitte, el titular de Justicia ha defendido que la obligación del Ejecutivo es "defender los intereses de los ciudadanos". "Mi obligación no es pensar como fiscal o abogado, sino como ministro", ha aseverado, para afirmar que es consciente de que sus propuestas "se enfrentan a intereses legítimos, pero corporativos".
Dieciocho organizaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos y consumidores se han manifestado este martes contra las reformas del ministro. A su juicio, los distintos colectivos de la Justicia "no están en contra por las mismas cosas", sino que han aprovechado la "coincidencia en el tiempo". Gallardón ha señalado que los jueces "quieren las tasas", mientras que los abogados, que las rechazan, están a favor de eliminar a los jueces sustitutos, al contrario que los togados.
"¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado la paga extraordinaria o si tenían antes 18 días de asuntos propios y se los dejamos en 12?", ha cuestionado Gallardón, que se ha mostrado dispuesto a mantener abierta la interlocución con los operadores jurídicos, a pesar de que los jueces y fiscales hayan pedido dialogar directamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"Yo tengo que decir a quien no quiera hablar conmigo que estoy dispuesto a hablar con él. Como ministro no cierro la puerta a nadie", ha indicado sobre esta cuestión, para añadir que, a su juicio, no ha sido objeto de un trato "educado, civilizado ni culto" pero que ello no es obstáculo para cerrar la vía del diálogo.
Al ser cuestionado si los miembros de la Carrera Judicial tienen derecho a la huelga, el titular de Justicia se ha mostrado confiado en que mantendrá la responsabilidad como titulares de un poder del Estado. "Al margen de que lo tengan o no, lo importante no es el derecho sino si es lo más adecuado y moralmente lo más solidario en estos momentos que vive España", ha remachado.
"LAS TASAS LAS HAN PEDIDO LOS JUECES"
El ministro ha abordado ampliamente la polémica sobre las tasas al desvelar que la Asociación de la Profesional de la Magistratura (APM) le entregó cuando tomó posesión como ministro un texto favorable a la imposición de las tasas. "Las tasas quienes nos las han pedido son los jueces", ha agregado.
En esta línea, ha afirmado que "la Justicia puede ser gratuita pero jamás es gratis" y que las tasas afectarán mayoritariamente a personas jurídicas y entidades financieras.
Después de reconocer la "limitada" planta judicial, precisando que se mantiene el cuerpo de opositores para jueces y fiscales pese a las dificultades, Gallardón también ha advertido del alto número de abogados colegiados en España, donde hay más de 125.000 colegiados, lo que dobla la media de la Unión Europea.
"Los cambios generan resistencias. Pero esas resistencias no nos van a claudicar en conseguir una Justicia más rentable, ágil y justa", ha remarcado, para poner de relieve que más de 9.200 millones de euros están congelados en las cuentas de consignaciones y abogar por su necesaria puesta en circulación.
DOBLE TRABAJO DE 500 JUECES
El titular de Justicia se ha referido a otras reformas de su departamento como la ley que reduce los sustitutos y ha manifestado que "más de medio millar de jueces" tienen "otra dedicación complementaria por la tarde", como es la docencia. El Ministerio les da así la posibilidad de tener un ingreso extra si asumen la carga de otro juzgado y haciendo "atractiva" esta salida, que también se extenderá a la Carrera Fiscal.
Ha negado que la reforma del Registro Civil suponga una privatización al defender que los registradores y procuradores son también funcionarios públicos, para pasar a valorar el cambio en el modelo de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que defiende la "despolitización" y el máximo consenso con el principal partido de la oposición y a ser posible el resto de grupos parlamentarios. Según Ruiz-Gallardón, la politización por las asociaciones es "exactamente igual de mala".
JUECES Y FISCALES PARARÁN ESTE MIÉRCOLES EN PROTESTA POR LAS REFORMAS
Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado para este miércoles un paro de una hora, entre las 12.00 y las 13.00, así como concentraciones ante las sedes judiciales para protestar por las reformas emprendidas por el Ministerio de Justicia.
Esta movilización a nivel nacional fue convocada el pasado 28 de noviembre, cuando las siete asociaciones integradas en la denominada Comisión Interasociativa Permanente anunciaron, además, que no descartaban la celebración de una huelga en enero de 2013 si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue adelante con su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé, entre otros cambios, la práctica desaparición de los jueces sustitutos y una reducción de sus días de permiso.
A juicio de los convocantes, la Administración de Justicia atraviesa "una grave situación de falta de medios personales y materiales que empeorará con las medidas anunciadas", puesto que provocará "mayores dilaciones en la tramitación y resolución de los procedimientos". Asimismo, consideran que las tasas judiciales "limitarán el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia".
Durante el acto "en Defensa de la Administración de Justicia" celebrado este martes, que forma parte de las movilizaciones acordadas por el citado Comité, los representantes de las asociaciones han insistido en que las reformas suponen un ataque a la Administración de Justicia como servicio público y han manifestado que ya no consideran como "interlocutor válido" al ministro Ruiz-Gallardón por lo que quieren una "reunión urgente" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La Comisión Interasociativa Permanente está formada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia (JpD), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Durante el acto de este martes, tanto estas asociaciones como las de secretarios judiciales, cuatro sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios -un total de 18 colectivos-, han coincidido en las críticas al ministro, al que han exigido que "rectifique" para evitar una "mercantización" y "privatización" de este servicio que nos sitúa en épocas "precnostitucionales".
