La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy que se revoque la providencia de la Sala de lo Penal que ayer puso en libertad al etarra Antonio Troitiño Arranz y reclama que se le aplique la "doctrina Parot" y que su excarcelación se produzca el 17 de enero de 2017.
En un escrito presentado hoy por el fiscal Carlos Bautista a la sección tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal, el Ministerio Público solicita que se proceda al abono de las prisiones provisionales sufridas de manera sucesiva, según se vayan cumpliendo las diversas penas por las que ha sido condenado, hasta alcanzar el límite de 30 años de prisión.
La Fiscalía se opone de este modo a la aplicación por parte del tribunal presidido por el juez Alfonso Guevara de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 57/08, que se opone a la del Tribunal Supremo y contempla la obligación de restar el tiempo que permanezca un recluso en prisión preventiva de cada una de las penas que esté cumpliendo por otros delitos.
La Fiscalía insiste en que el límite legal de 30 años de prisión "no constituye una nueva pena que sustituya a las anteriores" sino que es un límite establecido para su cumplimiento efectivo. Troitiño estaba condenado por 22 asesinatos perpetrados entre 1983 y 1986 a un total de 2.746 años, de los que sólo ha cumplido 24.
El etarra Antonio Troitiño quedó ayer en libertad después de 24 años de reclusión, a pesar de que su salida de la cárcel no estaba prevista hasta el año 2017 en aplicación de la llamada 'doctrina Parot'.
CRITERIO DIVERGENTE
El criterio de la Sección Tercera diverge del aplicado por otras secciones de la Audiencia Nacional. De hecho la Sección Primera y la Segunda han adoptado argumentos contrarios a los del tribunal presidido por el juez Guevara. Así, el pasado 7 de abril la Sección Primera rechazó la petición de abonar el doble cómputo de la prisión provisional a la condena impuesta a la etarra Inés del Río, que formó parte del comando 'Madrid' junto al propio Troitiño y el huido Iñaki de Juana Chaos.
El recurso presentado por la Fiscalía será contestado en primer lugar por el mismo tribunal responsable de la excarcelación del etarra. No obstante, fuentes fiscales apuntan a que será el Pleno de la Sala de lo Penal el que decida in extremis sobre la puesta en libertad del miembro del sanguinario miembro de ETA.
ANGEL JUANES: "EL SUPREMO TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA"
El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Angel Juanes Peces, ha afirmado este jueves que "no hay resquicio ni laguna legal" ante la excarcelación del histórico etarra Antonio Troitiño, sino "aplicación de la legalidad vigente", y deja claro que el Tribunal Supremo (TS) tiene "la última palabra". "Comprendo desde el punto de vista de la opinión pública la alarma que ha podido producir y la sensibilidad, pero se ha aplicado la legalidad, no había otra solución. Tengo entendido que el fiscal va a recurrir y el Tribunal Supremo tendrá que decir la última palabra", añade.
Además, señala que es "posible" que el etarra volviera a la cárcel tras el recurso de la Fiscalía, "si el Tribunal Supremo estima el recurso y considera que el tiempo de ese descuento no se debe hacer del límite de la pena". "Puede volver por la vía del recurso o por otras vías legales que pudieran existir al respecto, por lo que no se puede decir que es una salida definitiva", agrega.
Juanes deja claro además que la Audiencia Nacional "no va a operar con criterios políticos, porque nunca lo hace", y matiza que "se trata de un caso concreto como consecuencia de la aplicación de una doctrina del Tribunal Constitucional que dice que cuando una persona esta cumpliendo prisión preventiva por una causa y por otra esta cumpliendo condena se computa doble y hay que descontarlo". Sin embargo, recuerda que se ha modificado ya en el Código Penal y que "no se puede hacer un doble abono de prisión". "Hay un problema interpretativo y habría que ver si la doctrina Parot no se aplica sólo a los beneficios penitenciarios sino también al doble computo de la prisión en virtud de una interpretación que hizo el Constitucional que no era la que hacia el Supremo", señala Juanes, tras explicar que la reforma del Código Penal tenia por objeto evitar "esa doble interpretación".
"Por muy doloroso que parezca ante delitos muy graves como son, cuando se cumple condena se extingue la pena. Eso es el estado de derecho", sentencia.
En este marco, avanza que se va a convocar un pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "sin fecha por el momento", para intentar resolver esta cuestión. "No se puede adelantar el resultado del pleno porque se tienen que resolver allí. Puedo tener mi opinión personal, pero la que cuenta es la del pleno y no puedo aventurar ninguna resolución al respecto", concluye.
LA AVT LO CALIFICA DE "INDIGNANTE"
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó de "indignante" que el histórico etarra Antón Troitiño abandonara la cárcel de Huelva ayer tras cumplir 24 años en prisión y reprochó que se trata de "una renuncia política" del Gobierno "donde se ve que se cumplen las actas" de la supuesta negociación del Ejecutivo con la banda terrorista.
La presidenta de la AVT, Angeles Pedraza, denunció que es una "jugarreta" hacia las víctimas que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado este mecanismo y la liberación de Troitiño se haya producido finalmente gracias a la doctrina del doble cómputo, que permite que cada día de prisión preventiva cumplido por el criminal sea computable en todas sus causas.
En este sentido, Pedraza confió en que la liberación del etarra "se recurra" para que vuelva a ingresar en prisión y que no salga "tan gratuitamente" asesinar en España. "A De Juana --Chaos-- le salió cada vida por ocho meses y a este por año y poco", lamentó.
Además, mostró su temor a que desde hoy hasta el próximo "tres de mayo" otros "cinco" etarras podrían quedar "fuera" de la cárcel al acogerse a la misma alegación que los abogados de Troitiño. "Nos tememos que veremos cosas que nos helarán la sangre", concluyó.
"DE HIPERGARANTISMO TAMBIÉN SE MUERE"
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha afirmado este jueves que, como miembro del Gobierno y representante de un país con Estado de Derecho, sólo le corresponde mostrar "respeto" por la decisión de la Justicia de excarcelar al etarra Antonio Troitiño. "Tengo mi propia opinión y mis propios sentimiento pero no es lo que tengo que expresarles a ustedes como miembro del Gobierno"."Lo que tengo que expresarles es recordar a todo el mundo que las sentencias y la aplicación de las penas las hacen los tribunales", ha insistido, y así lo han hecho en este asunto, de manera que sólo se puede "reiterar respeto a sus resoluciones". "No cabe nada más que decir", ha remachado.
El abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño ha manifestado en Onda Cero este jueves que "a veces, de hipergarantismo también se muere", y ha añadido que en este caso, "el Tribunal Constitucional afinó mucho, a juicio de algunos, demasiado". Gómez de Liaño ha reconocido que situaciones como la del etarra Troitiño pueden resultar "incomprensibles a propios y extraños". Que un condenado en un principio a más de 2.700 años de cárcel por cometer 22 asesinatos, haya cumplido 24, con lo que cada uno de esos crímenes le ha costado 13 meses de prisión. "Es lo que a la gente más le puede sorprender", ha subrayado.
El Partido Popular consideraba "una vergüenza" que el Tribunal Constitucional se dedique a garantizar los derechos de los miembros de ETA. Ha sido el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, quien se ha limitado a realizar esa consideración en nombre de su partido, ante la salida de la cárcel del etarra.
Para el eurodiputado del PP y expresidente del PP vasco Carlos Iturgáiz se está produciendo "un proceso de negociación clarísimo" entre el Gobierno y ETA, que se trasluciría en la vuelta de los abertzales a los ayuntamientos en las elecciones de mayo y en "un proceso de amnistía soterrada". Iturgáiz formuló esta interpretación en declaraciones a la Cadena Cope, al tiempo que criticó también la puesta en libertad de los etarras José María Sagarduy y Antonio Troitiño. "En este país sale muy barato matar. Apenas un año por víctima", lamentó, calificando la situación de "tomadura de pelo" y sugiriendo que sería mejor no imponer penas milenarias sino partir de que la pena no pasará de 30 años. Al no ser así, cree que "es muy duro para las víctimas ver a esos canallas en la calle tan pronto".
