La Fiscalía Superior de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias de investigación por si la cesión de locales públicos, como locales de Ayuntamientos o colegios, por parte de la Generalitat de Cataluña para la celebración de la consulta del 9N puede ser constitutiva de delito.
Los fiscales investigan si la cesión de locales municipales, centros educativos u otras instalaciones públicas para instalar urnas puede constituir un ilícito penal después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la votación de mañana.
El Ministerio Público está vigilante para que el Gobierno catalán no incumpla el mandato del Tribunal Constitucional que le obliga a suspender el proceso participativo del 9 de noviembre ya que si se desoye de forma flagrante, directa y manifiesta podría existir un delito de desobediencia, según informaron a Europa Press fuentes fiscales.
El artículo 410 del Código Penal tipifica el delito de desobediencia a una resolución judicial y destaca que se necesita una negativa "abierta" por parte de la autoridad o funcionario público a dar el debido cumplimiento de la decisión judicial; en este caso, se requiere un incumplimiento flagrante y directo, según fuentes jurídicas.
La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha enviado una carta a los ayuntamientos catalanes en la que les asegura que ceder las instalaciones municipales no contraviene la suspensión cautelar dictaminada por el Constitucional. Mientras tanto, el movimiento Libres e Iguales ha instado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy a no permitir la utilización de fondos públicos al servicio de esta causa y que use la ayuda de los funcionarios como policías, jueces y fiscales para impedir que se abran los colegios.
Por su parte, el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha confiado en que a partir del próximo lunes se "recupere la cordura" y ha emplazado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, al diálogo y a hablar dentro del marco constitucional y de la ley.
OBLIGACION DE LA GENERALITAT DE SUSPENDER EL 9N
El Tribunal Constitucional suspendió el proceso participativo, un trámite automático al admitir el recurso del Gobierno central en virtud del artículo 161.2 de la Constitución. Y aunque no detalla un catálogo sobre conductas prohibidas ni ha entrado todavía en el fondo del asunto, sí se ha dirigido a la Generalitat para que se abstenga de cometer cualquier acto de desarrollo de la votación.
Aunque no ha incluido una advertencia expresa sobre la obligación de cumplir con sus resoluciones como pedía la Abogacía del Estado en referencia al artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el tribunal de garantías ha ordenado comunicar su providencia a la Generalitat y publicarla en el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Cataluña. La Abogacía del Estado también analiza que la Generalitat ni ninguna administración pública incumpla la directriz del tribunal de garantías. "Si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir al Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", afirmó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para asegurar que nadie impedirá el ejercicio de la libertad de expresión.
MAS CONFIRMA QUE EL GOVERN HARA EL RECUENTO Y DARA LOS RESULTADOS
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha confirmado hoy que los alcaldes "no deben temer nada" por la cesión del locales para el 9N, porque es un acto que se sustenta en derechos "fundamentales", y ha aseverado que será el Govern el que haga el recuento general de la votación y dé los resultados del 9N.
Mas ha hecho estas declaraciones en una entrevista en TV3 no anunciada por el Govern y en un formato que no es habitual, pues se ha desarrollado con micrófono ambiente y mientras el presentador y el presidente catalán iban paseando por el Palau de la Generalitat.
Después de que la Fiscalía haya abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del 9N puede ser constitutiva de delito, Mas ha afirmado que los alcaldes "no deben temer nada", porque lo que se hace con el 9N "es una cosa bien natural y normal", pese a que "nos lo han intentado impedir poniendo palos en la ruedas".
Mas ha defendido que el denominado como proceso participativo se sustenta en derechos de expresión y participación que son "fundamentales".
Preguntado por si cree que habrá una orden de la Fiscalía para que los Mossos d'Esquadra retiren urnas mañana, Mas ha afirmado que "por poco mínimo sentido común que tengan, cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia y a los derechos fundamentales de expresión y de participación de la gente".
Mas ha asegurado que el recuento general de todos los datos recogidos en los locales de participación lo hará la Generalitat, que también informará de los mismos "probablemente el lunes", al tiempo que ha recordado que fue el Govern el que impulsó este proceso participativo, tras la suspensión de la anterior consulta.
Artur Mas ha dicho que el Govern ha preparado el operativo para que esté "todo a punto" mañana, pero ha subrayado que esto es un "triángulo" en el que hay un gobierno "en la base", mientras que en un lado hay centenares de ayuntamientos y, en el otro, los voluntarios y entidades.
En cuanto a la misiva que quiere enviar al presidente del Gobierno después del 9N, Mas ha admitido que no espera "mucho" de la respuesta, pero que considera que debe enviar esta carta porque "nunca" se debe perder el "concepto del diálogo" ni el de la "convivencia entre Cataluña y España", que, a su juicio, se debería mantener incluso si un día hubiera un Estado catalán independiente.
LLAMAN A VOTAR
El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha llamado hoy a votar el 9N con "tranquilidad" como una "expresión de madurez y dignidad democrática", y ha insistido en que ve "complicado" que se ordene a la Policía retirar las urnas porque lo de mañana no es, a su juicio, "un acto de desobediencia".
Rull ha hecho estas declaraciones en su primera parada, en Tarragona, en la ronda de actos que celebrará CDC durante la jornada de hoy en todas las capitales de provincia de Cataluña.
Josep Rull participa en la campaña desde algunos de los 800 estands que CDC ha instalado en diferentes poblaciones catalanas para ofrecer a los ciudadanos argumentos a favor de la independencia de cara al proceso participativo de mañana.
Ha subrayado que no deben producirse "altercados alrededor de las urnas", aunque en todo caso ha pronosticado que si hay boicots durante la jornada de participación serán "minoritarios", al tiempo que ha descartado que acudan los Mossos d'Esquadra a retirar urnas por orden judicial.
LA POLICIA CONTARA CON 450 ANTIDISTURBIOS
La Policía Nacional contará con cerca de 450 agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) mañana durante la jornada del 9N y el despliegue aumentará a 650 el próximo lunes 10 de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes policiales conocedoras del despliegue previsto por el Ministerio del Interior.
Estas mismas fuentes han precisado que a lo largo de este sábado el dispositivo estará integrado por seis grupos de antidisturbios desplazados a Barcelona desde distintos puntos de la geografía española, a los que hay que sumar los dos grupos con base estable en la Ciudad Condal. Cada Grupo de las UIP está formado por cerca de 50 efectivos.
Para mañana domingo, jornada del 9N, el Cuerpo Nacional de Policía desplazará a Barcelona un grupo más, por lo que el despliegue aumentará a alrededor 450 agentes antidisturbios, que volverá a disminuir un grupo al día siguiente domingo.
El aumento más significativo está previsto para el día 11 lunes, cuando serán un total de 13 grupos los que tengan presencia en Barcelona. En concreto, serán once los desplazados desde distintas provincias, más los dos con sede estable en Cataluña.
Las tareas de mantener el orden público en Cataluña son competencia exclusiva de la policía autonómica catalana, los Mossos d'Esquadra, aunque la protección de los edificios estatales, como la Delegación del Gobierno o la Jefatura Superior de Policía, entre otras instalaciones, recae sobre la Policía Nacional.
