La Fiscalía se opone al archivo de la causa del 9N porque ve "sólidos indicios delictivos" en la actuación del expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que continuaron e "intensificaron" la preparación de la consulta al "desafiar" la suspensión del Tribunal Constitucional.
En un escrito, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desestime la petición de archivo de la causa planteada por las defensa de Mas, Ortega y Rigau, que alegaron que habían cesado y desistido de la preparación, organización y ejecución de la consulta y la dejaron en manos exclusivamente de voluntarios tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional (TC).
La Fiscalía, que sostiene que Mas "desafió abierta y públicamente la suspensión" acordada por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre, concluye que si bien es cierto que fueron voluntarios los que atendieron materialmente las votaciones del 9N en las respectivas mesas, "las tareas organizativas y logísticas para preparar la votación habían continuado a pesar de la suspensión, siempre controladas por la Administración autonómica".
Las defensas de Mas, Ortega y Rigau pidieron el archivo de la causa días antes de que el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Joan Manuel Abril remitiera todo el caso al Tribunal Supremo, al entender que los hechos atribuidos al exconseller de Presidencia Francesc Homs -actualmente aforado por ser diputado en el Congreso- no se pueden desvincular de los cometidos por Mas, Ortega y Rigau.
El Supremo ha recibido ya la exposición razonada del magistrado y ha acordado la devolución inmediata de las diligencias originales al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque, hasta que se resuelva sobre el contenido de su petición sobre Homs, entiende que quien debe seguir instruyendo la causa es el alto tribunal catalán.
Sobre Mas, los Fiscales advierten que "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del Tribunal Constitucional e incumplió la obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria y, consecuentemente, cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso".
Según los fiscales, el expresidente catalán, "auxiliado directamente por destacados miembros de su gobierno", como Ortega, Rigau y Homs, "desafió abierta y públicamente" la suspensión del proceso participativo ordenada por el Tribunal Constitucional.
Según los fiscales, la instrucción de la causa ha acreditado que los acusados, tras conocer la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional, "pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios cuando en realidad no fue así".
"La utilización de los medios públicos, lejos de ser interrumpida, continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior y el propio día de la votación la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios", apuntan.
En este sentido, los fiscales señalan que los preparativos se llevaron a cabo en un "clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas" y alertan que sin usar medios públicos "la votación no habría podido tener lugar".
Como ejemplo, recuerdan que, tras conocida la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional sobre el proceso de participación, los acusados, "con plena consciencia y voluntad de hacerlo, no ordenaron desistir de los encargos contractuales en curso, cuando podían y debían haberlo hecho, pagando por el trabajo hasta entonces efectuado", como sí hicieron con la consulta inicialmente planteada, también suspendida.
Sobre Ortega, los fiscales remarcan que, en su calidad de vicepresidenta de la Generalitat, "asumió el control público y la coordinación de todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada de votación, inmediatamente por debajo del Presidente autonómico que primero dispuso y luego habilitó su celebración".
En su escrito, el Ministerio Público también detalla que la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau se sirvió de los servicios territoriales del departamento para garantizar que los directores de centros de secundaria titularidad de la Generalitat abrieran los institutos el 9N y se encargó de que el día de la votación hubiera 6.695 ordenadores portátiles a disposición de las mesas de votación.
Los fiscales también se refieren a la conducta del exconseller de Presidencia Francesc Homs, quien "irrazonablemente legitimó la continuación" de los trabajos encargados por la Generalitat a la contratista T-Systems, en una carta en la que alegó que los servicios jurídicos del gobierno catalán certificaban que no se veían afectados por la resolución del Constitucional.
"Dicho conseller no sólo legitimó injustificadamente la continuación de los servicios, sino que advirtió implícitamente de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista", agregan los fiscales, que subrayan que, pese a que lo han requerido, la Generalitat no ha aportado los "supuestos" dictámenes de los servicios jurídicos a los que Homs se refirió en su carta.
