La Fundación FAES ha presentado este lunes en Barcelona un estudio para "desmontar el mito del expolio fiscal" en Cataluña en el que acusa al nacionalismo catalán de practicar un "juego profundamente irresponsable" y tener una "voluntad de falsificación" sobre este asunto. FAES rechaza que Cataluña "sufra un presunto maltrato fiscal en el actual modelo de Estado" y argumenta que es la capacidad de pago y no el lugar de su residencia el factor que determina la carga tributaria que soportan los contribuyentes.
El estudio ha sido presentado en Barcelona por el secretario general de FAES, Javier Zarzalejos. En un centenar de páginas, el estudio rebate los argumentos del "dogma con el que el nacionalismo catalán pretende sostener su frágil posición", en referencia al déficit fiscal que denuncian la mayoría de partidos catalanes.
La fundación que preside José María Aznar rechaza que Cataluña "sufra un presunto maltrato fiscal en el actual modelo de Estado", argumento "del que el nacionalismo infiere la urgencia de alterar el sistema de financiación de Cataluña y avanzar luego por la senda del soberanismo, como un empeño ineludible tras tantos años de injusticia".
Una de las tesis que recoge el documento es que es la capacidad de pago y no la residencia es el factor que determina la carga tributaria que soportan los contribuyentes, por lo que "las soflamas reivindicativas" en este sentido sólo "pretenden encubrir fracasos de gestión o aspiraciones secesionistas".
"Nuestro modelo no difiere de los existentes en los países de nuestro entorno de forma que haga presagiar un especial maltrato fiscal en Cataluña", se subraya en el texto. En este sentido, el documento de FAES denuncia que la Generalitat, en sus estudios sobre la balanza fiscal de Cataluña, "utiliza criterios que desvirtúan el análisis" y "llevan a conclusiones irreales y erróneas".
SOLIDARIDAD Y PACTO FISCAL
Sobre el pacto fiscal, en el estudio se considera esta propuesta como "contraria a la racionalidad económica y administrativa", al tiempo que se advierte de que este modelo de financiación para Cataluña abriría un proceso de fragmentación fiscal que "comprometería la viabilidad de las funciones económicas del Estado".
El documento concluye que "lo que no debería hacer nunca ningún gobierno es dar cauce a las demandas que tan solo buscan la disgregación del Estado y la desintegración nacional de España".
Los autores del estudio alertan de que el pacto fiscal "supondría una merma importante en los recursos del Estado para desarrollar políticas de equilibrio interterrtorial y de desarrollo armónico del conjunto de las comunidades autónomas".
Si Cataluña tuviera la capacidad de decidir el montante de recursos que destinan a la solidaridad interterritorial, denuncian que estaría "asumiendo de facto una competencia exclusiva del Estado", por lo que violaría la propia Constitución de 1978. Además, "aumentarían las desigualdades interregionales en financiación, lo que resulta contrario al artículo 138 de la Constitución, que señala que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2".
Los profesores Rubio Guerrero y Álvarez García advierten de que la demanda catalana atentaría igualmente contra la normativa comunitaria porque "la Unión Europea impide la descentralización de competencias normativas en los casos del IVA y de los Impuestos Especiales de Fabricacin".
Una Cataluña con un sistema independiente de financiación provocaría "una Administración central muy debilitada e incapaz de cumplir sus funciones básicas, incluyendo la redistribución de renta y riqueza tanto a nivel personal como regional".
La comunidad conseguiría "una capacidad que sería incluso superior a la que ahora mismo tienen las comunidades forales" como el País Vasco y Navarra, por encima del trato equitativo que ahora reclama.
El principio de igualdad entre españoles se rompería también porque el pacto fiscal "provocaría que Cataluña tuviera impuestos diferentes a los del resto de España, con los problemas consiguientes de competencia fiscal desleal".
Con todos estos argumentos, los autores sentencian que la pretensión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, constituye "una deslealtad hacia las demás regiones y con el Estado en su conjunto, una ruptura del principio de solidaridad y el comienzo de una aventura que puede conllevar un coste, tanto económico como social, muy elevado".
El estudio recopila artículos del diputado del PP Gabriel Elorriaga, el catedrático Juan José Rubio, el profesor Santiago Álvarez, el analista del CSIC Ángel de la Fuente y el director del Centro de Estudios de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Pascual Fernández. Los autores han participado hoy en la presentación del texto, a la que también ha acudido el director ejecutivo de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joaquín Trigo.
