La Policía Nacional han detenido a 22 personas por defraudar a la hacienda publica y la Seguridad Social más de medio millón de euros a través de una empresa "ficticia" de cara a obtener de manera irregular y fraudulenta tanto prestaciones y subvenciones por desempleo como en otras ocasiones simular contratos de trabajo de cara a regularizar los permisos de residencia.
Entre los detenidos hay 20 supuestos empleados que nunca llegaron a desarrollar actividad laboral alguna así como los máximos responsables de esta empresa, el administrador de la empresa y el gestor. A 19 de ellos se les imputa un delito de fraude a la hacienda pública y la Seguridad Social y a los tres restantes un delito de falsedad documental.
La empresa llevaba operando desde 2005 y cesó su actividad en julio de 2015, periodo en el que le han figurado 72 trabajadores dados de alta sin que haya podido acreditar actividad laboral real alguna durante estos diez años. La empresa ficticia exponía que su objeto social 'el transporte de cargas y pasajeros en el país y en el extranjero; construcción de redes eléctricas y telecomunicaciones'.
OPERACION CONJUNTA CON LA INSPECCION DE TRABAJO
Los agentes detectaron como esta empresa tenía una importante deuda con la Seguridad Social, más de 370.000 euros, así como que de 2004 a 2013 no había depositado las cuentas en el Registro Mercantil ni tenía acreditada actividad económica alguna.
Asimismo comprobaron como había 32 trabajadores vinculados a la misma y que tras la contratación y despido de la referida empresa habían percibido alguna prestación o subsidio económico sin tener derecho a ello.
Los dos responsables captaban a los "empleados" por ellos mismos o a través de intermediarios, exigiendo a varios de ellos diversas cantidades de dinero mensualmente, entre 180 y 350 euros, para que les dieran de alta en la Seguridad Social sin que realmente llegasen a realizar actividad laboral alguna.
EL GESTOR LLEGO A DAR DE ALTA A SU PROPIA MADRE
Estas personas buscaban, o bien lograr el tiempo necesario de cotización para en el futuro cobrar una prestación de desempleo, o bien acreditar un contrato de trabajo y por ende un medio de vida de cara a solicitar permisos de residencia o la reagrupación de familiares.
El gestor de la empresa llegó a dar de alta a su propia madre en la empresa de 2011 a 2013, por lo que llegó a cobrar unos 5.000 euros, tratándose de una relación laboral simulada, ya que esta mujer llevaba 19 años sin trabajar.
Dicha operación se ha llevado a cabo en el marco del convenio de colaboración suscrito en abril de 2013 entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y empleo irregular en España.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
