La asociación Derecho a Vivir exigió este martes que sean psiquiatras de la sanidad pública los que tengan que emitir informes favorables a la interrupción del embarazo, y que no salga adelante el "coladero al fraude de ley" en que teme que puede convertirse la autorización de gabinetes psicológicos privados que prevé el anteproyecto regulador del aborto.
