El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha ofrecido a la Fiscalía Anticorrupción reconocer los delitos de los que se le acusa en el macrojuicio contra la trama que se celebra en la Audiencia Nacional a cambio de un pacto que aún no se habría producido. Según han informado a Efe fuentes próximas a la defensa de Correa, su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, ha iniciado conversaciones con las fiscales de cara a llegar a un acuerdo para una rebaja de su pena a cambio de una confesión en su declaración como acusado la próxima semana, pero la Fiscalía ha rechazado sus condiciones.
Las mismas fuentes han indicado que aún habría margen para la negociación y que la intención de la defensa es llegar a pactos en todas las piezas de Gürtel en las que está imputado, comprometiéndose a confesar y a pagar las responsabilidades civiles que se le pidan.
De llegar a un acuerdo, Correa, que se enfrenta a 125 años de cárcel, admitiría los hechos que le imputa la Fiscalía, que afirma que desde 1999 hasta 2009 "lideró un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos" y contó para ello con la colaboración de una serie de políticos a los que compensaba con pagos en especie.
La primera señal del cambio de estrategia en la defensa de Correa, que hasta hace poco llevaba un abogado de oficio, la dio el pasado 26 de septiembre, cuando ordenó a su banco de Suiza -tiene bloqueadas sus cuentas en el país helvético- autorizar el pago de los 2,2 millones de euros que la Fiscalía le pide en concepto de responsabilidad civil por el juicio de Gürtel.
Ayer, en la primera jornada del juicio a la "primera época" de la trama también escenificó un signo de colaboración cuando rehusó pedir cuestiones previas, como la nulidad del procedimiento que han reclamado muchos de los abogados por la supuesta ilegalidad de las grabaciones a Correa que dieron lugar a la investigación.
En el juicio que ha arrancado esta semana contra 37 acusados se sientan en el banquillo políticos del PP que habrían recibido comisiones de Correa, como el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y el exdiputado del PP Jesús Merino, además del extesorero del partido Luis Bárcenas.
Durante la jornada de hoy y de ayer, abogados de los acusados han observado además que el letrado de Correa se ha acercado en varias ocasiones en los recesos al estrado de las fiscales de Gürtel, Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, para hablar con ellas. Las fuentes consultadas de la defensa del cabecilla de la trama siguen manteniendo la esperanza de llegar a algún tipo de acuerdo hasta que la semana que viene declare ante el tribunal.
Correa es, en principio, el primero en comparecer (seguramente el martes), pero puede que finalmente quede en cuarto lugar porque la Fiscalía ha pedido que declaren en primer lugar tres acusados que habrían llegado a acuerdos con el ministerio público. Se trata del constructor Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica; Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, y el exedil de Pozuelo Roberto Fernández.
García Pozuelo ya manifestó su arrepentimiento por sus delitos en Gürtel y hoy, al igual que hizo Correa, ha declinado plantear cuestiones de nulidad de la causa. La única petición que ha hecho al tribunal la abogada de este acusado, que se enfrenta a 4 años y 6 meses de cárcel, ha sido que se le permita ausentarse de las sesiones del juicio que no le afecten para poder atender a su madre enferma.
El pasado mayo, García Pozuelo, considerado el primer arrepentido en esta causa, reconoció en su escrito de defensa el pago de comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y manifestó su arrepentimiento por haber colaborado con Gürtel.
Con esta confesión, el empresario pretende conseguir que se rebaje a la mitad la pena que reclama para él la Fiscalía, con lo que sólo sería condenado a dos años de cárcel, si bien para evitar ingresar en prisión propone que se le sustituya por una multa de 432.000 euros.
EL PP PIDE LA NULIDAD DEL JUICIO O QUE SE LE APARTE DE LA CAUSA
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha comenzado la segunda jornada del juicio de la primera época de la trama 'Gürtel' (1999-2005), que juzga las actividades realizadas por el empresario Francisco Correa, el exsecretario del PP gallego Pablo Crespo, el extesorero 'popular' Luis Bárcenas y una decena de exdirigentes del partido. La segunda jornada ha continuado con la exposición de las cuestiones previas de los acusados.
El PP se ha alineado con las defensas que piden la nulidad del caso Gürtel o, en su defecto, ser apartado del juicio, en el que está encausado en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo, ante la falta de"concreción" de los hechos por los que la Fiscalía le acusa de lucrarse de beneficios en Pozuelo y Majadahonda.
El abogado que representa al PP como persona jurídica, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, ha mantenido que no es el PP en todo caso al que debía reclamarse la responsabilidad civil por los beneficios que pudo obtener de la trama sino que, en todo caso, correspondería a los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda (Madrid).
Santos ha lamentado así la "indebida e inadecuada designación" del PP como partícipe a título lucrativo y ha resaltado que se trata de una responsabilidad civil subsidiaria que le ha llevado a estar sentado en la última fila que ocupan los acusados y responsables civiles en este caso.
Ha criticado también que la Fiscalía sostenga que el PP, sin tener participación ni conocimiento de la existencia de la trama, haya obtenido un beneficio de 250.000 euros en esos dos municipios madrileños sin que en ningún momento se concreten los hechos por los que se llega a esa conclusión.
El abogado se ha adherido además a las cuestiones de nulidad de la causa planteadas por la mayor parte de las defensas, entre ellas la del extesorero Luis Bárcenas, como la de la posible ilegalidad de las grabaciones que destaparon el caso o las escuchas en prisión que autorizó el exjuez Baltasar Garzón que le llevaron a ser condenado.
La primera jornada concluyó con la presentación de las cuestiones previas de Bárcenas, cuyo abogado insinúo que tres de los acusados -los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo Asins y el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández- han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, ya que la representante del Ministerio Público solicitó que sean los primeros en declarar.
JESÚS MERINO RECLAMA QUE SE LLAME A DECLARAR A SU HOMÓNIMO
La defensa del exdiputado del PP Jesús Merino Delgado ha pedido que testifique en el juicio de Gürtel un hombre que comparte con su cliente el nombre y primer apellido al considerar que podría tratarse realmente de la persona a la que se hace referencia en la investigación.
El abogado de Merino, Luis Rodríguez Ramos, ha recordado que ya pidió en su día que se llamase a declarar a este hombre -Jesús Merino Calvo- y que le fue rechazado, por lo que ha insistido en que se trata de una prueba fundamental para su cliente para aclarar a qué Jesús Merino se hace referencia en documentos y conversaciones intervenidas durante la investigación a la trama de corrupción.
En concreto, según ha recordado el abogado, en una de esas conversaciones se menciona a un organizador de eventos llamado Jesús Merino del que se dice podría conseguir embolsarse un millón de euros de un evento en Valencia y por eso cree que no se trata en absoluto de su cliente.
Merino, al igual que la mayoría de los acusados, se adherido a las peticiones de nulidad de la causa basadas en la ilegalidad de las escuchas que destaparon la trama y la de la intervención de las conversaciones de abogados e imputados en prisión que derivaron en la condena al exjuez Baltasar Garzón, primer instructor de esta causa.También ha defendido, al igual que hizo ayer la defensa del número 2 de la trama Pablo Crespo, que se invierta el orden del juicio y se celebre primero la prueba antes de interrogar a los acusados.
LA MUJER DE BÁRCENAS SE SUMA A LAS PETICIONES DE NULIDAD DE SU MARIDO
La abogada de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, se ha unido a las peticiones de nulidad de la causa planteadas por el letrado de su marido durante la primera jornada del juicio por la primer época de Gürtel. La abogada Marta Giménez ha defendido que la mujer del que fuera senador 'popular' se ha visto privada de su derecho de defensa ya que se le acusa de participar en delitos que se imputan a su esposo y que fueron archivados en la fase previa de investigación a cargo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
También se ha adherido a la solicitud del exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo de revertir el orden habitual del juicio y permitir que los acusados declaren en último lugar, después de que el tribunal escuche los informes periciales. "No ha tenido posibilidad de derecho de defensa, siempre estuvo relacionada con Luis Bárcenas y la colaboración en sus delitos fue archivada", ha insistido.
La abogada ha reclamado, además, que se dispense a Rosalía Iglesias de acudir a las sesiones de la vista oral que no le afecten directamente. Ha reiterado otros motivos de nulidad ya planteados, como la prescripción o la nulidad de los datos aportados por las autoridades suizas.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ella 24 años y 1 mes de prisión por los delitos de apropiación indebida, ocho delitos contra la Hacienda Pública, estafa procesal y blanqueo de capitales.
EL CONSTRUCTOR ARREPENTIDO DE GÜRTEL SE SUMA A CORREA Y TAMPOCO PIDE NULIDAD
La defensa del empresario Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica y que ya manifestó su arrepentimiento por sus delitos en Gürtel, se ha sumado a la estrategia de colaboración con la Justicia que ayer escenificó el líder de la trama Francisco Correa y al igual que él ha declinado plantear cuestiones de nulidad de la causa. La única petición que ha hecho al tribunal la abogada de este acusado, que se enfrenta a 4 años y 6 meses de cárcel, ha sido que se le permita ausentarse de las sesiones del juicio que no le afecten para poder atender a su madre enferma, solicitud que han hecho ya más de una decena de los 37 acusados en este macrojuicio.
Con esta confesión, el empresario pretende conseguir una rebajar a la mitad la pena que reclama para él la Fiscalía a la mitad, con lo que sólo sería condenado a dos años de cárcel, si bien para evitar ingresar en prisión, propone que se le sustituya por una multa de 432.000 euros. La Fiscalía acusa a García Pozuelo de haber abonado comisiones al presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a cambio de que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir adjudicaciones públicas en Pozuelo, cuando era alcalde el también acusado Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato.
