Correa dice que fue el PP valenciano el que le obligó a facturar trabajos de campaña a otras empresas

El presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha asegurado hoy que el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa obligó a sus sociedades a facturar irregularmente trabajos de las campañas electorales de 2007 y 2008 a otras empresas si querían cobrar. "El PP tuvo la iniciativa: 'Si queréis cobrar tenéis que hacerlo de estos empresarios'. Imagino que a ellos también les dirían que si no lo hacían así tendrían menos adjudicaciones de obra", ha dicho Correa durante su declaración como acusado en el juicio a la trama valenciana de Gürtel que desde ayer celebra la Audiencia Nacional y en el que está acusada la excúpula del partido regional.

Concretamente ha apuntado a Ricardo Costa, acusado en el juicio, como el que dio la orden a su segundo, Pablo Crespo, de facturar a otros empresarios servicios que la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, habían prestado al PP. "Ese trabajo por el que hemos emitido esas facturas no era para ellos (los empresarios) sino para el Partido Popular. Como ellos no nos pagaban nos dijeron: 'facturádselo a estos empresarios'", ha explicado Correa. Sin embargo, ha dicho que todas esas facturas eran por "servicios prestados" y que no existe ninguna por "algún trabajo que no se haya realizado".

Según la Fiscalía, el PP de Valencia se financió de esta manera para que no quedase constancia de que se excedían de "la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente", como -según el ministerio público- hicieron en las campañas de 2007 y 2008.

Correa también ha afirmado que no conoce a ningún miembro del PP valenciano, ni a Costa ni al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, a quienes ha visto "una vez o dos". "No tenía relación con gente del PP en Valencia, sin embargo en Madrid la he tenido toda", ha dicho.

Según su relato, Orange Market se creó porque cuando la trama deja de trabajar para Madrid, Álvaro Pérez "El Bigotes" conoce a Camps -citado como testigo en este juicio-, quien les plantea trabajar en Valencia para el PP. Así -ha dicho- consiguieron trabajos en actos del partido, pero para la Generalitat ha asegurado que trabajaron "muy poco", a excepción de Fitur, caso por el que está cumpliendo 13 años de cárcel.

Asimismo, ha señalado al exvicepresidente de Repsol y también acusado, Ramón Blanco Balín, como el gestor de sus empresas y ha señalado que fue el empresario Alejandro Agag quien le puso en contacto con él, presentándole como "una persona solvente en el tema societario".

Correa ha vuelto a admitir que llevaba una contabilidad paralela, una "caja B" que administraba José Luis Izquierdo -considerado el contable de la Gürtel- bajo su supervisión: "Quien manejaba la caja B era yo y quien daba instrucciones de la caja B era yo".

Ha insistido además en desvincular sus negocios personales -que él ha calificado como una función de "lobby" aunque, ha dicho, "el abogado del Estado lo llama como cohecho"- de la actividad de las empresas de la trama. "La actividad de Paco Correa no tiene que ver con las sociedades. Se debería hacer una pieza separada con la actividad de Paco Correa (...) Es importante aclarar lo que es el caso Correa", ha dicho poco antes de pedir disculpas al juez por haberse alterado.

NUEVE EMPRESARIOS CONFIESAN HABER PAGADO MÁS DE 1,2 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PP

Por su parte los nueve empresarios acusados en este juicio han confesado, en virtud a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel, que pagaron algo más de 1,2 millones de euros para financiar ilegalmente al PP en las campañas electorales de 2007 y 2008.

La Fiscalía cree que el montante total que el PP valenciano no declaró por servicios de publicidad en campaña contratados a la trama Gürtel asciende a más de 1,1 millones de euros en las elecciones autonómicas de 2007; a 78.878 euros en las municipales del mismo año; y 801.810 en las generales de 2008. En total, poco más de 2 millones de euros.

A cambio de su confesión, la fiscal Miriam Segura ha solicitado penas de cárcel inferiores a 2 años -por lo que no entrarían en prisión- sustituibles por multas que oscilan entre 45.000 y 63.000 euros, aparte de otras multas en concepto de responsabilidad civil.